La Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche ha condenado a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación a la exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja, Carmen Gómez Candel (PP).
La sentencia señala que ha quedado probado que la exedil de Contratación, Aseo Urbano, Personal y Parques Jardines encargó a siete empresas de forma verbal, directa -a dedo- y sin contrato obras por valor de 232.000 euros para la ejecución del parque de La Siesta entre enero y junio de 2015, en el marco del Taller de Empleo Mediterráneo VIII. Fue en la recta final del primer mandato del alcalde Eduardo Dolón, del que Gómez fue concejala durante siete años y mano derecha del primer edil en áreas esenciales.
El proyecto completo comprometía un gasto municipal de más de un millón de euros, pero la exteniente de alcalde Gómez, según el fallo, impulsó un procedimiento de contratación a posteriori, solo cuando la Intervención municipal advirtió la cantidad de facturas, más de una decena, que llegaban a este departamento sin aval contractual alguno relacionadas con la obra.
La Sala también condena al director de ese taller de empleo a tres años y medio de inhabilitación como cooperador necesario por el mismo delito de prevaricación. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la misma Sala de la Audiencia.
Por teléfono
La Sala, presidida por el magistrado Teófilo Jiménez, señala que los acusados de manera unilateral «y a sabiendas de lo ilícito de su proceder» decidieron qué empresas suministrarían material o participarían durante la ejecución del taller de empleo, negociaron con las mercantiles y realizaron los pedidos de manera verbal y telefónica.
«Queda claro», señala la resolución judicial, que la ejecución de la obra del parque de La Siesta-El Chaparral precisaba de proyecto y contrato debido al importe global de 1.129.800 euros presupuestado por el municipio. Con una tramitación previa del expediente, una delimitación del objeto del contrato y la posterior decisión de someterse a un procedimiento abierto o negociado con o sin publicidad. Algo que no se hizo.
En la causa figuran peticiones de Gómez a dedo, verbales o por vía telefónica de material, que continuaron pese a un informe de la interventora municipal de que carecían de soporte legal y de la orden del entonces Agente de Desarrollo Local, Juan Carlos Carmona, de que se dejaran de solicitar y se paralizaran las obras. Los encargos continuaron y se acumularon facturas por valor de 232.000 euros hasta mayo-junio de 2015.
La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María José Boix, señala que Gómez y el director del Taller de Empleo, Pedro Martínez de la Torre, «no llevaron a cabo, tal y como era su obligación, las actuaciones pertinentes a fin de que se tramitaran los correspondientes expedientes de contratación para adjudicarlos conforme a derecho» y contravinieron «de forma consciente y radical» los principios que «inspiran la legislación sobre contratación en el sector público» de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos. Con lo que «cercenaron la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, con lo que actuaban de forma arbitraria en la adjudicación de los servicios».
Fraccionamiento
La Sala considera, además, que hubo fraccionamiento en los contratos, acusación que no era la principal en la denuncia presentada por el gobierno de coalición de izquierdas. Fraccionamiento que constituye «un supuesto clásico de casuística referida a la prevaricación cuando se utiliza para burlar los controles legales, y es el medio habitual de lograr la adjudicación directa» con la rebaja de los importes de los encargos.
Juicio a la exedil popular en la Audiencia Provincial en Elche el pasado mes de mayo / AXEL ALVAREZ
El tribunal asume el criterio de la acusación pública ejercida por la Fiscalía Anticorrupción de que en unos pocos meses de 2015 los acusados fraccionaron el objeto de los servicios, dividiendo el precio de los mismos en diferentes facturas que eran presentadas por las empresas suministradoras, superando los 18.000 o 15.000 euros anuales con exclusión del IVA, que permitía su adjudicación directa.
Para el tribunal ha quedado acreditado que Gómez fue la responsable del modo de proceder en la petición de los trabajos, servicios y suministros en el taller de empleo Mediterráneo VIII, y «cuando surgieron los problemas» con los reparos advertidos por el área de Intervención que el Agente de Desarrollo puso en conocimiento del director del taller, Gómez «trató de convalidar las irregularidades impulsando la tramitación, ex post cuando se llevaban ejecutando tres meses y medio las obras objeto del contrato».
El fallo señala que la auténtica razón del inicio del expediente fue dar cobertura contractual a prestaciones ya realizadas por los proveedores del taller, «lo que pone de manifiesto el conocimiento de la acusada de los reparos hechos por la ADL y la Intervención al director del taller»: la fecha de inicio del expediente de contratación coincide con el informe de la habilitada que ejercía en aquel momento de Interventora.
El tribunal no ha creído el relato de Gómez en su declaración como acusada, ni la previa en la fase de instrucción, en la que negó, como principal argumento para exculparse, haber estado en reuniones para realizar los encargos y que en ese momento no era concejal de Parques y Jardines, además de asegurar que la responsabilidad era del edil de Fomento. También recalcó que era víctima de una venganza política.
Empresarios
La Sala ha dado credibilidad a varios de los testigos, entre ellos los empresarios, en el sentido de la participación activa de la concejal con reuniones y a la hora de solicitar las obras y servicios. La sentencia señala que «por múltiples indicios que lo avalan» fue la responsable de la petición de los trabajos, coordinando estos al inicio con una reunión de diciembre de 2014, supervisándolos con sus comparecencias en la zona y ordenando al director del taller que continuara con los trabajos tras los reparos de Intervención
«La arbitrariedad es patente y la actuación conllevó la exclusión de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia en la contratación pública», «vulnerado los principios constitucionales que han de regir la actuación de la Administración», y que seleccionó junto al director del taller, «arbitrariamente empresas para realizar unas obras sin procedimiento administrativo previo».
Costas
La sentencia condena a ambos a acusados a abonar al 50 % las costas procesales. En el caso Gómez es el Ayuntamiento de Torrevieja el que sostiene su defensa legal, a la que tiene derecho como cargo público en el momento de ocurrir los hechos. Si es condenada en firme deberá sufragarla de su bolsillo.
La exconcejala dimitió en diciembre de 2023 cuando se confirmó, después de negarlo durante semanas, que iba a ser juzgada por dos causas distintas. En esta del Taller de Empleo, la sentencia ha llegado dos meses después de la vista oral. También se encuentra vista para sentencia la del llamado Plan de Choque de Limpieza, juzgada en junio pasado, en la que está acusada por un delito de prevaricación por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 12 años de inhabilitación.
Sin pasar por alto las declaraciones de dos altos cargos
El tribunal «no quiere pasar por alto que en el acto de la vista declararon a instancia de la defensa los funcionarios Víctor Costa Mazón (exdirector general de Urbanismo) y Rosana Narejos (actual directora general de Personal y Contratación», y comparte con la acusación (de la Fiscalía Anticorrupción) que ninguno declaró «sobre hechos sobre los que tengan un conocimiento directo, se trata de valoraciones subjetivas sobre trámites en el expediente en los que no intervinieron».
En referencia a Víctor Costa, que había dejado el cargo de director general días antes de su declaración como testigo en el juicio, se aclara que «se le pidió emisión de informe sobre comprobación de obra por la Interventora y preguntado por Fiscalía a cerca del mismo desconocía si lo había realizado o no».
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