Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, junto a sus socios parlamentarios han rechazado el intento de PP y Vox de tumbar una reforma del Reglamento del Congreso que establezca una serie de normas básicas de comportamiento para los periodistas, de tal forma que se eviten insultos, amenazas, interrupciones de ruedas de prensa por parte de agitadores de extrema derecha que están acreditamos como prensa. La modificación, reclamada por periodistas de todas las ideologías políticas y las principales asociaciones de prensa, seguirá su tramitación en las próximas semanas y, previsiblemente, se aprobará el 22 de julio.
En un pleno muy bronco, que bien ha servido como pequeña píldora de lo que se vivirá este miércoles con la comparecencia de Pedro Sánchez, PP y Vox han acusado al PSOE y a sus aliados de querer acallar a la prensa crítica «repartiendo carnets de buen y mal periodista«. Tanto populares como ultras han denunciado que el Ejecutivo de coalición quiere acallar a aquellos que hacen «preguntas incómodas» expulsándoles del Congreso.
La modificación
Sin embargo, la reforma nada tiene que ver con esto. Actualmente, la Cámara baja carece de herramientas legales para poder retirar la acreditación a un periodista una vez esta se ha concedido. Así, la propuesta plantea una serie de infracciones leves, graves y muy graves, que van desde colarse en espacios prohibidos, como despachos de diputados, a grabar en lugares en los que no está permitido, interrumpir ruedas de prensa o «proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad» de otras personas.
Esto ha venido ocurriendo en los últimos años, en los que distintas personas, agitadores de la extrema derecha, han proferido insultos machistas contra periodistas, han amenazado con difundir datos personales de los profesionales de la información, han interrumpido las ruedas de prensa quitando el turno de palabra a los periodistas o se han colado en el garaje del Congreso, donde está prohibido el acceso.
Además, la actual reforma no supone, en ningún punto, la retirada automática de la acreditación. La modificación plantea que será la Mesa del Congreso, cuando ocurra alguna infracción, la que podrá tomar la decisión de retirar la credencial hasta 10 días, en el caso de las leves, de 10 días a 3 meses para las graves y de 3 meses a cinco años o de manera definitiva para las muy graves.
La defensa de la medida
Así, el diputado del PNV Mikel Legarda ha echado por tierra los argumentos de PP y Vox, asegurando que se trata de «confundir el culo con las témporas, mezclando cosas que no tienen ninguna relación». No ha sido el único, el parlamentario de EH Bildu Jon Iñárritu ha recordado que periodistas críticos con el Gobierno están a favor de esta reforma. Y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, uno de los que más contacto tiene con estos agitadores ultras, le ha espetado a PP y Vox que estos no les hacen a ellos preguntas incómodas: «Quien solo incomoda a unos y no a todos no hace información, hace propaganda. Propagandistas, entonces no son periodistas y no caben aquí». «Piensa el ladrón que todos son de su condición», ha sido la respuesta del diputado socialista Marc Lamuà tras dejar claro que esta reforma no va de «vetar» ideologías.
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