El Ministerio de Cultura ha presentado este martes la que quiere que sea una de las señas de identidad de su departamento, el Plan de Derechos Culturales que se venía anunciando desde el inicio de esta legislatura. El plan tiene como objetivo facilitar el acceso y la participación en la cultura, a la que se sitúa como un derecho fundamental y un bien común, además de utilizarla como un elemento transformador que permita defender y profundizar en conceptos como la libertad, la igualdad o la democracia en unos tiempos en los que estos se encuentran cada vez más amenazados.
«Garantizar la democracia cultural es la primera prioridad estratégica de este plan», ha dicho el ministro Ernest Urtasun, que ha asegurado que «teníamos la obligación de trasladar a la política pública española lo que a nivel internacional ya se ha establecido a través de muchos instrumentos: que los derechos culturales deben ser considerados derechos de ciudadanía de primer nivel y derechos humanos fundamentales». Lo ha hecho durante su presentación en los jardines del Museo Reina Sofía de Madrid, un acto en el que le acompañaban Jazmín Beirak, a la que el ministro nombró directora general de Derechos Culturales en febrero de 2024 y que es la responsable principal de su diseño, además de un buen puñado de representantes del sector cultural.
Con estas medias, subrayaba Urtasun, España se coloca en la vanguardia de estos derechos en el mundo y en el continente. «No somos los primeros, pero sí hemos sido de los primeros, y particularmente de los primeros en Europa.» Una buena carta de presentación, continuaba, para la conferencia mundial Mondiacult que, organizada por la UNESCO, se celebrará en Barcelona a finales de septiembre.
Hace justo un año estos días que se presentó la hoja de ruta de este plan que ahora ya tiene medidas y dotaciones presupuestarias concretas, aunque queda todavía lejos la que debería ser su plasmación más importante: la aprobación de una ley de derechos culturales que el ministerio asume que no será posible en lo que queda de legislatura, aunque esta dure hasta 2027 como confían sus representantes. En ese plazo se quedará solamente en su fase preparatoria
79 millones de presupuesto
El ministerio ha movilizado 79 millones de euros, de los cuales 46 son de nueva inversión, para llevar a cabo este plan que es el resultado de un proceso participativo en el que se han involucrado en torno a 300 expertos y entidades profesionales, además de un millar de personas que han podido presentar sus ideas a través de los canales participativos establecidos a través de su portal web. También ha habido aportaciones de las comunidades autónomas y se ha contado con la colaboración de otros departamentos como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 o el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El plan, según explicaba Beirak durante la presentación, pretende ser una herramienta que sirva a todo el ecosistema cultural y que ponga en el centro a la ciudadanía como sujeto activo de la política cultural. Para elaborarlo, decía, se han tenido en cuenta «los condicionamientos que existen en el acceso y la participación cultural, es decir, las desigualdades socioeconómicas, territoriales, de género, étnicas o por discapacidad, y cómo las instituciones tienen que hacerse cargo de ello», pero también «los impactos sociales positivos de la cultura en muchos ámbitos como son el territorio, la salud o el medio ambiente, y también cómo la cultura contribuye a abordar grandes retos de nuestro presente y nuestro futuro, como pueden ser los derechos humanos, la libertad o la paz».
Para conseguirlo, las 146 medidas que contiene se han dividido en cinco ejes: garantizar la democracia cultural, abordar los retos contemporáneos desde la cultura, promover la sostenibilidad e independencia del ecosistema cultural, consolidar los derechos culturales como marco de acción pública y articular una administración pública comprometida con estos derechos.
En lo que se refiere a medidas concretas, se prevé la implementación de nuevos descuentos (familias monoparentales, personas con discapacidad del 25%…) que se añaden a los que ya existían en las entradas a equipamientos culturales que dependen del ministerio: museos estatales o teatros y auditorios dependientes del INAEM, por ejemplo. Habrá un programa de intervención cultural en centros penitenciarios, con el foco especialmente puesto en las mujeres, y se pondrán en marcha ayudas para proyectos culturales con impacto social, a los que se destinarán 4,4 millones de euros. También se comprometen ayudas por valor de 4 millones de euros, transferidos a las comunidades autónomas, para fomentar la cultura en los centros educativos y la enseñanza en estos de disciplinas artísticas. Se trabaja además en una plataforma para llevar el cine a zonas rurales, donde las pantallas comunitarias han ido desapareciendo, así como en impulsar el reconocimiento del caló y del romaní en la carta europea de lenguas regionales minoritarias.
Hoy otra medidas que, aunque ahora quedan bajo el paraguas de este plan, el ministerio ya ha ido desarrollando a lo largo de los últimos meses, como las orientadas a llevar a cabo la descolonización de museos estatales como el Arqueológico o el de América, la Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural o las vinculadas a la memoria histórica, como la reciente devolución de las obras incautadas por el Franquismo a Pedro Rico. También el eternamente dilatado Estatuto del Artista y sus medidas para atajar la precariedad en el sector, cuya elaboración ya está en marcha pero que todavía se encuentra muy lejos de estar culminado.
Combatir la censura
Otro aspecto al que va enfocado este plan es el de combatir la censura, de la que ha habido un puñado de ejemplos muy comentados en los últimos años, con obras de teatro o pases de películas cancelados. «Vamos a poner en marcha desde el ministerio un código general de buenas prácticas -ha dicho Beirak-, y también vamos a seguir atendiendo a los casos de censura directa, a los casos de cancelaciones arbitrarias y a toda aquella actuación que erosione la libertad de creación, como ya veníamos haciendo».
De cara a facilitar las cosas a quienes trabajan en el sector, habrá ayudas para las asociaciones profesionales y sindicatos que defiendan sus derechos, y se quiere influir en adaptar la Ley de Contratación del Sector Público y facilitar su aplicación teniendo en cuenta las necesidades específicas de un sector, el cultural, que a menudo se mueve en unas condiciones particulares de plazos o pagos
Las medidas se dividen en dos ejes temporales: de las 146 que abarca el plan, 100 son para ser ejecutadas de manera inmediata y que tengan un impacto en esta misma legislatura, con algunas, como las anteriormente indicadas, ya en marcha. El resto son las de «mirada larga», como las define Beirak, objetivos estructurales destinados a configurar un nuevo sistema de derechos culturales con el horizonte puesto en 2030.
Defienden desde el ministerio que todas las comunidades autónomas han tenido una participación en el proceso a través la conferencia sectorial, si bien tan solo seis han sido proactivas en el envío de sus propios documentos con propuestas: País Vasco, Cataluña, Murcia, Asturias, Canarias y Aragón. Aún así, Jazmín Beirak ha asegurado que este Plan de Derechos Culturales «es un proyecto de Estado, un proyecto de ministerio, no de un partido político”, por lo que esperan que sea perdurable en el tiempo, gobierne quien gobierne.
