Donald Trump ha conseguido sacar adelante un megaproyecto de ley fiscal y de gasto que promete transformar Estados Unidos. La norma, que ocupa cerca de 900 páginas, combina bajadas de impuestos y aumento de gasto para inmigración y defensa con profundos recortes a programas sociales y una regresión en los incentivos a energías limpias.
El consenso de analistas y economistas, y de demócratas y otros críticos, es que las reglas fiscales beneficiarán a las rentas más altas y van a castigar a los estadounidenses de más bajos ingresos y más necesitados. Es lo que algunos han identificado como una redistribución de riqueza pero desde abajo hacia arriba y es, sin duda, una jibarización de los programas federales de protección social.
Este último es un elemento que políticamente es problemático para muchos republicanos, especialmente alineados con el movimiento MAGA, que han ido sumando a estadounidenses de clase trabajadora como elemento fundamental de su base electoral. Pero además las cuentas disparan el déficit, anatema para muchos conservadores.
Estas son siete claves de este gran y problemático triunfo legislativo de Trump, que incluso desde espacios conservadores como el Manhattan Institute se ha definido como «la pieza de legislación más cara posiblemente desde los años 60″ y que implica el peligro de «acumular billones en nueva deuda sobre déficits que ya se están disparando«.
La ley hace permanentes los recortes de impuestos a individuos y empresas que Trump implementó durante su primer mandato e incrementa la desgravación estándar, medidas que supondrán que las arcas públicas dejarán de ingresar entre 4 y 4,5 billones de dólares en una década.
La norma añade también nuevas ventajas fiscales, incluyendo las prometidas en campaña de eliminar impuestos en las propinas o en los ingresos por horas extra, aunque con ciertas limitaciones y solo hasta 2028, último año de la segunda presidencia de Trump.
No se eliminan impuestos en la Seguridad Social pero sí se añaden algunas ventajas para casos específicos y los mayores de 65 años podrán desgravar hasta 6.000 dólares, también solo hasta 2028.
Hay otras medidas, como la elevación del tope que se puede desgravar en los impuestos federales de lo pagado en impuestos locales y estatales: durante cinco años pasará de los 10.000 dólares actuales a los 40.000.
Las familias verán subir la ayuda fiscal por hijo desde 2.000 dólares a 2.200. Se ofrecerán también 1.000 dólares a todos los niños menores de ocho años para que sus padres abran «cuentas de ahorro MAGA».
Hay también deducciones fiscales de hasta 10.000 dólares en los intereses de préstamos para comprar coches fabricados en EEUU.
La ley sube en 150.000 millones de dólares el gasto para implementar las políticas de Trump de inmigración. Concretamente, destinará a centros de detención de ICE, la agencia policial de fronteras y aduanas, 45.000 millones de dólares; 14.000 millones para operaciones de deportaciones y 12.000 para contratación de 10.000 agentes y compra de vehículos y tecnología en los próximos cuatro años. Otros 50.000 millones se destinan a la construcción de nuevas fortificaciones en la frontera, incluyendo potencialmente más muro con México y se destina también dinero al Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional.
Parte de los costes se compensarán con incrementos en las tarifas que se cobran para tramitar documentación de inmigración, ya sean permisos de asilo o trabajo o comisiones para visados de no inmigrantes y para los turistas.
La ley incrementa también en 150.000 millones de dólares el gasto en Defensa, incluyendo los 25.000 millones destinados a un proyecto fetiche de Trump: el escudo antimisiles espacial que ha bautizado como «cúpula dorada».
Para tratar de equilibrar el nuevo gasto y el dinero que dejarán de ingresar las arcas públicas se plantean profundos recortes en dos programas básicos de la red de protección social: la sanidad pública y la asistencia para alimentos.
A Medicaid, el programa que da cobertura médica a la gente de más bajos ingresos y discapacitada, se le retiran 900.000 millones de dólares. También se mete la tijera en SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria antes conocido como cupones de alimentos.
En ambos casos, además de recortar la financiación, se van a imponer nuevos requerimientos para acceder a ayudas públicas, incluyendo requisitos de trabajo y controles más frecuentes. Los estados tendrán que asumir más costes de los programas, lo que puede hacer que reduzcan o eliminen prestaciones.
Aunque para garantizar el voto de moderados como la senadora Lisa Murkowski se han incluido ayudas de 50.000 millones de dólares para hospitales rurales, muchos de estos se ven amenazados y ante posibilidad de cierres al perderse un mecanismo fiscal que permitía a los estados atraer más fondos federales.
Todo va a dejar sin cobertura médica a entre 10 y 12 millones de estadounidenses, según distintas estimaciones, y sin la ayuda para alimentos a ocho millones de personas, una quinta parte de los que actualmente los reciben.
Además se hacen cambios en los mercados de seguros que estableció la reforma sanitaria de Barack Obama, se recortan los subsidios que abarataban las pólizas y se impide que planes médicos con financiación federal cubran abortos.
Igualmente, hay previstos recortes por valor de 330.000 millones en una década en préstamos a estudiantes y becas.
La ley representa una regresión de EEUU en la transición hacia energías limpias y deshace muchos de los avances que había puesto en marcha la Administración de Joe Biden, que a través de su Ley de Reducción de la Inflación y otras medidas logró que el Congreso dedicara 370.000 millones de dólares a inversiones en energía verde y adoptó otros pasos de preservación. Ahora, la legislación de Trump va a eliminar gradualmente ventajas fiscales que trataban de incentivar esa transición por parte de consumidores privados y empresas.
Acabarán en septiembre de este año, por ejemplo, los créditos fiscales de 7.500 dólares que se daban para comprar vehículos eléctricos y se eliminan también ayudas fiscales para que los hogares adquieran electrodomésticos de mayor eficiencia energética.
Aunque a última hora en el Senado se eliminaron algunas propuestas que habrían sido letales para las energías renovables, la norma incluye medidas todavía muy dañinas para el sector. Dificultará desarrollar nuevos proyectos de energía eólica y solar, lo que puede elevar el precio de la electricidad y costar puestos de trabajo, pues se retirarán ventajosos créditos fiscales a proyectos que no se hayan empezado a construir para mediados de 2026 o los que no hayan entrado en servicio para finales de 2027.
Se mantienen ayudas para combustibles fósiles o para proyectos de métodos polémicos como la captura y entierro de dióxido de carbono, que defienden las empresas de petróleo y gas.
La Oficina de Presupuestos del Congreso había calculado que la penúltima versión de la ley sumaría 3,3 billones al déficit de EEUU en una década. A la hora de escribir estas líneas no se había actualizado la estimación.
Los republicanos se han sacado de la chistera un truco de magia contable para tratar de decir que hacer permanentes los recortes de impuestos de 2017 no tendrá coste alguno y de hecho, según ellos, ayudará a reducir el déficit en 508.000 millones. Expertos en presupuestos y demócratas han denunciado la artimaña, que fue la que permitió a los republicanos sacar adelante la ley con mayoría simple y no con la de 60 votos que requiere cualquier propuesta de ley que eleve los déficits más allá de 10 años.
El texto también incluye una subida de cinco billones de dólares del techo de la deuda.
El complejo proceso de negociaciones y legislativo ha hecho que desaparezcan de la norma o se enmienden algunas provisiones que estuvieron en el texto inicialmente alumbrado por la Cámara Baja. Uno de los resultados de ese proceso es que del texto final de la norma ha caído el veto que se iba a imponer a los estados para que durante 10 años no pudieran regular Inteligencia Artificial. Esa prohibición beneficiaba a las grandes tecnológicas.
Como ya sucedió en 2017, el conjunto de medidas, según el consenso de los analistas, beneficia especialmente a las rentas más altas y grandes corporaciones. El Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, por ejemplo, ha calculado que el 20% de la población con renta más baja verá caer un 2,3% sus ingresos después de impuestos mientras que el 1% más alto verá subir los suyos también un 2,3%.
De media eso quiere decir que para 2034 alguien con pocos ingresos los verá caer en 560 dólares anuales mientras que quienes ganan más de tres millones de dólares ingresarán 118.000 dólares más.
Pierden también quienes reciben Medicaid y ayuda para alimentos, los inmigrantes sin papeles y sus hijos, quienes arrastran deuda estudiantil y quienes apostaron por proyectos verdes. Pierde el déficit. Y gana Trump.
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