El preacuerdo entre el Principado y los sindicatos para frenar el conflicto educativo dejó ayer una resaca de reacciones en las aulas. El texto, con 37 medidas que recogen mejoras salariales y laborales, ha sido recibido mayoritariamente con frialdad, aunque los docentes reconocen «avances». Finalmente, será ratificado por cuatro de las cinco organizaciones sindicales (ANPE, CC OO, Suatea y UGT). CSIF ha decidido finalmente no firmarlo tras recibir la negativa del 68 por ciento de sus afiliados, que votaron en asamblea. «Si bien la huelga no puede reanudarse dentro del marco actual, CSIF mantiene intacto su compromiso de seguir trabajando por la mejora real de las condiciones laborales del colectivo docente», anunció la organización.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, una de las encargadas de la negociación junto con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró ayer que la Administración no perderá «ni un minuto» en poner en marcha esas medidas. E hizo un llamamiento a «actuar con responsabilidad». «El Gobierno de Asturias ha empeñado su palabra en favor de la educación pública y la va a cumplir», se comprometió la «número dos» del Ejecutivo de Adrián Barbón.
También resaltó la labor del Principado: «Esto ha requerido un gran esfuerzo, tanto para las organizaciones sindicales como para el Gobierno; no solo en términos presupuestarios, sino que toda la implementación de esas medidas va a requerir un importante esfuerzo». Por otro lado, Llamedo criticó la actitud del PP. «Una vez más, demuestra cuáles son sus verdaderas intenciones. Al igual que la extrema derecha, buscan bloquear los acuerdos para instalarse en el conflicto y desgastar al Gobierno. Pero tendrán una nueva oportunidad con los próximos presupuestos para retratarse y decidir si están del lado de la educación pública, como lo está este gobierno, o si continúan dándole la espalda, como hicieron en los anteriores presupuestos», apuntilló.
El presidente del PP, Álvaro Queipo, también quiso hablar sobre el preacuerdo entre Principado y sindicatos. Sin entrar a valorar las medidas, «pues son los representantes de los trabajadores quienes deben decidir si son buenas o malas», sí que lamentó que el Gobierno «desaprovechase la opción de sacar adelante un crédito extraordinario», tal y como su partido proponía, «que hubiese permitido implantar acciones inmediatas y no a medio o largo plazo».
Unos plazos que son la principal queja de los docentes. De las medidas acordadas, más a la larga, está la creación de departamentos de Economía en los institutos. Los profesores de la especialidad llevaban 30 años reclamándolo (ahora se integran en otros departamentos, como Literatura o Filosofía). Soledad Collado, del IES Alfonso II de Oviedo, es una de esas docentes: «Es la primera vez que este asunto entra en una negociación». «Es un reconocimiento a nuestro trabajo«, añade la profesora. Pese a que la medida no se pondrá en marcha hasta el curso 2027-2028, Collado se lo toma con humor: «Esto tarda más que el AVE: 30 años y ahora dos más», dice. Y se muestra optimista ante un acuerdo que, pese a que se concluirá en otra legislatura (las próximas elecciones son en 2027), cuenta con «garantías jurídicas».
Mas allá de casos concretos, los docente ven el acuerdo «escaso», aunque celebran, tímidamente, muchos puntos de lo pactado. La profesora Ana Casasola, del Colegio Rural Agrupado Picos de Europa, en Onís, ve «avances», pero lamenta la invisibilidad de los niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Los repartos de apoyos se realizan solo en función del número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Los educadores pedían que se hiciese también de acuerdo a los NEAE. «Si al entrar en el aula en vez de a uno o dos niños, según los cálculos de la Consejería, hay que atender a ocho, ninguno cuenta con las herramientas necesarias», explica esta profesional.
En la misma línea, se muestra la maestra de Pedagogía Terapéutica, Natalia Sánchez, del colegio Pola de Allande: «Trescientos contratos para alumnos con necesidades es una inversión muy positiva, pero habrá que ver de que forma se distribuyen para que también sea eficaz». En su caso, celebra que los niños con NEE pasen a contar doble a la hora de hacer las ratios, aunque recuerda que es un medida que «ya existía y que se quitó después de la pandemia»: «Nos quedamos como estábamos».
En un limbo se encuentran las direcciones de los colegios con dimisionarios, que deberán ser aprobadas o denegadas por la Consejería de Educación: «Aún no sabemos nada», aseguró ayer la directora del Colegio San Félix de Candás, Ángeles Sánchez, que ve en el acuerdo una oportunidad para que «se revise realmente qué está pasando en la educación». En cuanto a las medidas pactadas, las define como «pobres»: «Algunas para reducir la burocracia ya estaban en marcha y otras, como la reducción de ratios, al ser tan pocos niños, se producirá de manera natural con la bajada de la natalidad». Un acuerdo que cierra, por ahora, el conflicto educativo pero que mantiene a los docentes en guardia.
Una cláusula para subir los salarios
La subida salarial de los profesores asturianos está blindada. El incremento general de 140 euros brutos al mes -70 euros más para los docentes de menos de seis años de antigüedad- sitúa ahora a los profesionales de la región en la media nacional. Sin embargo, estas cuantías pueden variar en caso de que en otras comunidades se consigan mejoras salariales. Para evitar que los docentes en Asturias vuelvan a estar a la cola de las nóminas a nivel nacional, los sindicatos y el Principado han inculido en su acuerdo una cláusula que «permitirá revisar las condiciones retributivas del profesorado asturiano para evitar que queden por debajo de la media». Una disposición que obliga al Ejecutivo regional a abrir una mesa de diálogo para garantizar unos sueldos en la media de las 17 autonomías si Asturias se queda por debajo.
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