La fuerza del socialismo español se debilita, como también lo han hecho los grupos progresistas en Alemania o en Portugal. Pese al nombramiento de Pedro Sánchez en noviembre de 2022 como presidente de la Internacional Socialista, la socialdemocracia española y europea están cada vez más aisladas en el ámbito diplomático. Ante la irrupción de los nuevos partidos de derecha radical, las fórmulas socialistas clásicas pierden fuelle, y semeja que son las opciones liberales y moderadas conservadoras las que cobran fuerza frente a los radicalismos incluso de ultraizquierda. Entretanto, la imagen de España en el exterior se deteriora, y hasta los medios extranjeros más prestigiosos se hacen eco de los casos de corrupción y los despropósitos judiciales que asedian al Ejecutivo y a sus socios de Gobierno.
Esta semana era el diario The Times el que se sorprendía por el bulo sobre la UCO y la supuesta “bomba lapa” que diversos miembros del Ejecutivo difundieron incluso cuando la información se demostró falsa. Antes fue The Economist el que denunció el apego de Sánchez al cargo, incluso a costa de la democracia en España y del debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. Die Welt ha llegado a publicar artículos sobre el ego y el populismo del presidente. Y Le Monde hasta criticó los pactos del Gobierno y su sometimiento a los postulados independentistas. Otros, como The Guardian o The New York Times, se han atrevido a describir el esfuerzo adicional que realiza el presidente español para no tener que dimitir. Todo esto lo sabe el Ejecutivo, que pretende limpiar esa degradación institucional que denuncia la prensa internacional, reforzando su compromiso con Ucrania, y tratando de liderar un esfuerzo de mediación y paz en la Franja de Gaza que, eso sí, ha logrado atraer a un buen número de países.
Pedro Sánchez redobla sus esfuerzos en materia diplomática, pues sabe que constituye una pieza esencial para blanquear al Gobierno a nivel comunicativo, al tiempo que contraprogramar los casos judiciales que ya afectan a demasiados cargos de la Administración, e incluso a su círculo personal más cercano. La oposición lo sabe, y presiona para forzar unas elecciones anticipadas que, de momento, el Ejecutivo no contempla, amparado en el apoyo de unos socios nacionalistas, populistas, independentistas y comunistas que también se juegan su futuro con la caída de Sánchez. De ahí el bloqueo de España a la nueva norma impulsada por la Eurocámara para aumentar el porcentaje mínimo para obtener escaños, destinada a bloquear el peso de las fuerzas minoritarias y distorsionadoras en los arcos parlamentarios. La propia Conferencia de Presidentes, tan necesaria para la estabilidad de España, es vista por los medios internacionales como una estrategia de distracción destinada a proyectar una imagen de normalidad en el entorno de una Moncloa cada vez más cuestionada por sus modos y sus formas.
Pese a ello, la deriva ultranacionalista y ultraderechista, que poco a poco se va haciendo hueco en la UE, hace que Bruselas y la Comisión Europea moderen sus reprimendas al Gobierno español por todo lo que tiene que ver con su pretendido control de las instituciones del Estado, del poder judicial, de los órganos legislativos, de la empresa y la propiedad privada, e incluso de los medios de comunicación. Nuestros socios tampoco ven con buenos ojos el constante flirteo de España con regímenes latinoamericanos y asiáticos alejados de los estándares democráticos de la UE, ni las declaraciones y decisiones unilaterales tomadas, por ejemplo, con respecto a Palestina, Israel, o China.
