El Gobierno se resigna a escenificar una Conferencia de Presidentes de trámite, después de que estuviese en riesgo hasta su propia celebración. Fuentes del Ejecutivo reconocen que no tienen ninguna expectativa de acercar posiciones ante la confrontación política que la ha precedido, con amenazas de las comunidades presididas por el PP de judicializar su convocatoria y boicotearla con su ausencia si no se incluían todas sus propuestas en el orden del día. Finalmente, el Ejecutivo cedió a todas sus demandas para salvar la reunión, que se celebrará este viernes en Barcelona. De ahí que en la Moncloa se agarren al hecho de que, al menos, se protegerá la institucionalidad del que es el máximo órgano de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas y cuya foto de familia presidirá el rey Felipe VI.
La falta de expectativas se debe al choque previo y a que el foro vaya a tener lugar dos días antes de la manifestación de los populares en Madrid
“Aunque no haya acuerdos, reunirse ya es importante”, destacan en el Ejecutivo. “Nos hubiese gustado acordar asuntos que creemos trascendentales para todos como asegurar la financiación de la universidad pública”, explican, para acabar conformándose con que no habrá ausencias de ningún presidente autonómico. “Ya es algo con que ninguno haya dicho que no vaya a asistir”, concluyen.
Para Alberto Núñez Feijóo, líder de los conservadores, este episodio «ha demostrado para qué sirve la potencia autonómica del PP». «Y es para evitar que el presidente del Gobierno imponga su agenda», añadió este martes por la tarde en un mitin en Logroño (La Rioja). «Una cosa es que Sánchez pueda librarse de hablar de [la militante socialista] Leire Díez ante los medios de comunicación y otra es que le vayamos a permitir que no hable de los temas de gestión en los que está fallando este Gobierno, que está más pendiente de los juzgados que de las personas», se jactó Feijóo refiriéndose a la supuesta operación del partido socialista para entorpecer la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los populares han forzado discutir sobre asuntos como la “retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda”; la lucha contra la “ocupación y la ‘inquiocupación’”; un nuevo plan energético con “energías de respaldo para evitar un nuevo apagón”; las inversiones en infraestructuras críticas “para afrontar el caos ferroviario y asegurar el transporte público y las comunicaciones”; la “retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal” y garantizar que el control de fronteras y la política migratoria es una “competencia exclusiva del Estado”. Estos dos últimos asuntos fueron los que el Ejecutivo central, durante varios días, consideró que no podían estar en el orden del día porque superaban las competencias de la Conferencia de Presidentes. Finalmente acabó cediendo.
La manifestación del domingo
La cita de Barcelona se produce, además, en un momento de elevada confrontación por la manifestación que dos días después ha convocado el PP con el lema de “mafia o democracia”. «A 36 horas de una manifestación contra la mafia», llaman la atención los socialistas para poner en valor que se haya salvado la celebración de la Conferencia de Presidentes. Según Feijóo, el jefe del Ejecutivo «ha cruzado todos los límites de la indecencia política y la justicia dirá hasta qué punto ha cruzado los límites de la legalidad». El jefe de la oposición ve todo «turbio y oscuro alrededor del Gobierno, del PSOE y de Sánchez». «El sanchismo lo pudre todo y un Gobierno podrido no puede hacer frente a un país que funcione», clamó entre aplausos en el mitin de Logroño.
La mayoría de presidentes autonómicos que estarán en Barcelona han confirmado que acudirán a la concentración de Madrid para protestar contra la “corrupción” de la que acusan a Sánchez. Una bandera que el PP ha ondeado con más fuerza en medio de la tormenta por Díez. Hablando de ese escándalo y también en referencia a la investigación del exministro José Luis Ábalos, Feijóo destacó este martes que no le temblará el pulso si alguno de los suyos se corrompe. «Si alguien mete la mano en la caja se va. No en los próximos días sino en las próximas horas», remató.
En este contexto de investigaciones policiales y de presión del PP, el Gobierno ha priorizado cortar el órdago de los barones conservadores y de Génova para garantizar la celebración de la reunión e, incluso, evitar una hipotética batalla en los tribunales. La escalada empezó la semana pasada, cuando varias comunidades presididas por el PP defendieron que el reglamento les otorga la posibilidad de incluir en el orden del día los asuntos que reclamen siempre que tengan el apoyo de diez gobiernos autónomos.
Normalización en Cataluña
La decisión del Gobierno para garantizar la presencia de las comunidades del PP en la Conferencia de Presidentes le permitirá también visibilizar la normalización de las relaciones institucionales entre el Estado y la Generalitat. El president Salvador Illa actuará como anfitrión de la cumbre que acogerá el Palacio de Pedralbes. Un papel que supone un salto cualitativo respecto a la consideración que le daban a este foro sus predecesores, en ocasiones ausentándose, por su carácter multilateral y no bilateral.
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