En julio de 2012, en pleno ajuste fiscal exigido por Bruselas y tras la sonada reforma laboral de febrero, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una medida que pasó casi desapercibida para la mayoría, pero con consecuencias devastadoras para decenas de miles de trabajadores: el aumento de la edad mínima para acceder al subsidio para mayores desempleados, que pasó de 52 a 55 años.
Esta modificación silenciosa dejó fuera a unos 52.000 trabajadores que, tras agotar su prestación por desempleo, contaban con esta ayuda económica de 430 euros mensuales como única vía de subsistencia hasta su jubilación. El cambio normativo, que no fue anunciado con antelación, impactó especialmente a personas como Juan, un trabajador ficticio usado en un reciente estudio elaborado por los economistas Gerard Domènech Arumí y Silvia Vannutelli.
El estudio, publicado en el blog especializado Nada es Gratis, analiza los efectos de esta reforma usando datos de la Seguridad Social y una metodología de diferencias en diferencias. Esta técnica permite comparar a afectados por el cambio con otros trabajadores de perfil similar que, por haber cumplido ya los 55 años antes del cambio, sí mantuvieron el acceso al subsidio.
Reinserción laboral… pero más precaria
Los resultados son reveladores: los excluidos del subsidio regresaron antes al mercado laboral, concretamente 150 días antes de media que quienes sí conservaron la ayuda. Sin embargo, esta reincorporación fue a costa de aceptar empleos peor remunerados y de menor calidad.
En un contexto de crisis con una tasa de paro cercana al 26%, muchos aceptaron trabajos precarios o, directamente, salieron del mercado laboral y se acogieron a otras formas de ayuda, como la Renta Activa de Inserción o prestaciones por invalidez. Este fenómeno, conocido como program substitution, ya ha sido documentado en otros países europeos como Austria y Finlandia, y en el caso español fue especialmente visible entre los mayores de 53 años.
Un ahorro fiscal menor del previsto
El Gobierno justificó la medida con la promesa de un ahorro de 600 millones de euros, equivalentes al 12% del ajuste exigido por Europa en ese momento. Pero la realidad fue muy diferente: según el estudio, el ahorro real apenas alcanzó los 140 millones de euros.
El motivo de esta diferencia se debe, en parte, a la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social que acompañaban al subsidio. Al no cotizar, se generó un déficit en el sistema de reparto de pensiones, socavando su sostenibilidad a largo plazo.
Falta de medidas complementarias
Los investigadores destacan que la reforma se implementó sin políticas activas de empleo que ayudaran a los afectados a reciclarse profesionalmente o acceder a nuevas oportunidades. La falta de formación específica para mayores de 50 años y de estrategias de reintegración laboral agravó el impacto del recorte, empujando a muchos a un bucle de empleos precarios o subsidios temporales.
Cambios recientes: ¿qué deben saber los beneficiarios en 2025?
Hoy, el subsidio para mayores de 52 años sigue siendo un salvavidas para quienes han cotizado al menos 15 años —6 por desempleo— y no superan los 888 euros mensuales de ingresos, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exige una Declaración Anual de Rentas (DAR), imprescindible para mantener el subsidio. Este trámite evalúa tanto ingresos como el rendimiento presunto de bienes no alquilados, aplicando un 3,25% de interés legal anual.
El incumplimiento de esta obligación puede suponer la suspensión del subsidio y de las cotizaciones a la jubilación, lo que afectaría gravemente a quienes están a punto de retirarse.
Aunque el Real Decreto-ley 2/2024 exime temporalmente de declarar el IRPF, la DAR sigue siendo obligatoria. Por ello, los beneficiarios deben mantenerse informados y cumplir los plazos con precisión para no perder esta prestación vital.
Un aviso para el futuro
La experiencia de 2012 deja una lección clara: los cambios en políticas sociales, aunque técnicamente discretos, pueden alterar profundamente la vida de miles de personas. Como revelan los datos, reducir el gasto a corto plazo sin un enfoque estructural puede tener efectos sociales duraderos y, en ocasiones, contraproducentes.
Más de una década después, la historia de Juan simboliza cómo una reforma administrativa puede cambiar el rumbo vital de una persona. Y plantea una pregunta ineludible para el presente: ¿estamos protegiendo adecuadamente a quienes más difícil lo tienen para volver al mercado laboral?
