Francisco Moar fue, durante sus más de 44 años de carrera, uno de los más reputados mandos de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Inspector jefe, jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), jefe de la Brigada de Policía Judicial, jefe de la Policía Judicial Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Crimen Organizado…
Él impulsó el caso Mediador, el conocido como caso Tito Berni, que llevó a la detención e imputación del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Pero Moar pasó de detener a ser detenido por, presuntamente, formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el sur de Tenerife.
Los cargos de los que le acusan los que fueran sus compañeros —en una investigación liderada por Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona— no son baladí: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Pese a esto, la Policía Nacional en La Coruña —ciudad en la que reside desde que se jubiló a final de año— decidió dejarlo en libertad antes de informar a la jueza y de que ella pudiese tomarle declaración.
La medida de la Policía está considerada por fuentes jurídicas consultadas por este diario una «grave excepción policial», al no haberse consultado ni comunicado su puesta en libertad antes de ejecutarla a la jueza ni al fiscal de este caso de corrupción policial y empresarial. También generó malestar e indignación entre quienes lideran la investigación.
Ahora, dos semanas después de esa resolución unilateral de la Policía de La Coruña, la jueza cita al ex jefe de la Policía Judicial para poder tomarle testimonio sobre los cargos que pesan en su contra.
En la operación, la Policía detuvo a otras siete personas implicadas en la organización que, presuntamente, controlaba clubes cannábicos en el sur de Tenerife. La particularidad del caso reside en que Moar es el único detenido fuera de la Isla y el único que no ha comparecido ante la jueza, pese a que se esperaba que pasase a disposición judicial al mismo tiempo que los demás involucrados.
Fue el martes, 29 de abril, cuando la Policía entró en la casa en la que el ex mando reside en La Coruña. Llevaban también una orden de registro de la vivienda, en la que hallaron 145 gramos de estupefacientes, siete veces más de lo permitido para el consumo personal.
Al mismo tiempo, en el sur de Tenerife, agentes de Asuntos Internos desplazados desde Madrid detenían a los otros siete investigados por formar parte de la red criminal, entre ellos, otros dos mandos policiales.
Uno de ellos, ya jubilado, fue jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría del Sur de Tenerife; el otro, en activo, es subinspector de la Brigada de Policía Judicial también en esa comisaría. La misma unidad que lideró Moar, hasta ser apartado del caso Mediador por orden de la jueza María Ángeles Lorenzo-Cáceres, en 2023, por presuntas filtraciones de información.
Información para los clubes
La Policía también arrestó a Jacob Haubbi, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Tenerife y representante de las asociaciones cannábicas; dos ciudadanos de origen libanés y un colaborador que al parecer trabajaba como conductor y mano derecha del cabecilla de la trama.
Este no es otro que el empresario Mohamed Jamil Derbah, un inversor libanés asentado en Tenerife desde finales de los años ochenta, a quien la Guardia Civil detuvo el miércoles en un control, después de que el día anterior no lo localizasen y lo declarasen en busca y captura.
Él gestionaba, presuntamente, los clubes cannábicos en el sur de Tenerife que son objeto de la investigación. Esos locales estaban supuestamente representados por Haubbi, el abogado detenido, y los mandos policiales —según la investigación— proporcionaban información que fuese de utilidad para estos negocios de Derbah.
Asuntos Internos llevaba más de un año detrás de la trama, justo cuando Moar estaba al frente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Tenerife, su último puesto antes de la jubilación. «La Policía puede soltarlo, igual que lo detiene, pero en un caso de esta envergadura y tras localizarlo con 145 gramos de cocaína en su poder es una decisión bastante anómala y sorprendente», sostienen las fuentes jurídicas consultadas. Los motivos por los que la Policía lo dejó en libertad siguen siendo una incógnita.
De todos los investigados, solo Derbah está en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Los otros seis quedaron en libertad con medidas cautelares, como la obligación de presentarse en el juzgado, tras acogerse a su derecho a no declarar. Y Moar, el octavo en discordia, ni siquiera se sentó ante la jueza, quien ahora —por fin— le tomará declaración por videoconferencia.
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