El real decreto-ley para repartir a los menores migrantes no acompañados convalidado por el Congreso de los Diputados se mantiene sin modificaciones, tras la celebración de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia celebrada este lunes y de la que el gobierno de Canarias ha salido con la sensación de «dar un paso atrás» ante la previsión de una nueva convocatoria ordinaria.
El Gobierno y las comunidades autónomas han debatido durante alrededor de cuatro horas sobre el real decreto para el reparto de migrantes, en una Conferencia Sectorial extraordinaria que ha estado marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular por los criterios «arbitrarios y forzosos» aprobados por el Ejecutivo.
El decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados puede ser modificado si las comunidades autónomas lo aprueban por unanimidad.
Desde el Partido Popular han denunciado que en la Conferencia Sectorial extraordinaria no se ha permitido a las comunidades autónomas votar el real decreto de reparto de migrantes.
Al respecto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el real decreto «no se vota porque ya está ratificado» por el Congreso de los Diputados y ha reprochado a los ‘populares’ que «no se puede votar lo que no se ha aportado» ya que no han presentado ninguna propuesta de modificación.
«Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta», ha manifestado Rego.
La ministra, que ha incidido en que el real decreto «está vigente y es operativo», ha lamentado que no haya sido posible debatir ninguna propuesta porque no han «contado con ninguna aportación de las comunidades autónomas del PP más allá de la exigencia de la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial».
Rego ha avanzado que este martes saldrá una solicitud de información formal por un plazo de diez días para que las comunidades autónomas actualicen sus datos de capacidad de acogida. De este modo, el Gobierno da un nuevo plazo de diez días para actualizar los datos oficiales y poder establecer la capacidad ordinaria de acogida de cada uno de los territorios.
A pesar de la «actitud reactiva», ha resaltado la importancia de «mantener la cooperación con las comunidades autónomas», ya que el real decreto «contempla que se pueden cambiar los criterios por unanimidad».
