La investigación a la trama de hidrocarburos en la que está involucrado el comisionista Víctor de Aldama –cerebro del grupo presuntamente corrupto que anidó en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro– ha revelado las peleas internas entre los responsables de las sociedades implicadas, la principal de las cuales es Villafuel, que obtuvo el permiso de Transición Ecológica para comerciar con el combustible y que se investiga por un fraude de IVA que podría superar los 360 millones de euros.
Así, la administradora única de Villafuel, María Luisa Rivas –imputada en la causa criminal que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional– mantiene una ofensiva penal contra varias de las firmas que según Anticorrupción fueron utilizadas como sociedades interpuestas para cometer el fraude tributario. Como ejemplo, y según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Rivas presentó querella el pasado mes de noviembre contra Iván Castañer, quien figura como administrador único de Skyward Tech S.L., una de las siete sociedades presuntamente involucradas en la trama.
Testaferro
Se da la circunstancia de que Castañer declaró en calidad de investigado el pasado 3 de abril ante el juez Pedraz y relató que sus padres le echaron de casa y tenía problemas con drogas y alcohol cuando fue contactado por un tal Antonio que le puso en contacto con Santiago Cirera propietario de una de las firmas de la trama, Skyward Tech. Según su versión, la trama le compró un traje, le llevó al notario y a continuación a una sucursal del BBVA donde le abrieron cuenta.
También contó que Cirera le daba órdenes por el móvil para realizar transferencias, pero hubo problemas con la directora de la sucursal que obligaron a abrir otra cuenta en otra oficina diferente. A raíz de esta declaración, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, que investiga la trama de fraude en la Audiencia Nacional instó la imputación de Cicera, así como la apocausaión a la caua de la documentación que el testaferro realizó en relación con las operaciones efectuadas en nombre de SkyWard, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción.
Causa en Barcelona
Pero con independencia de lo que se está viendo en la Audiencia Nacional, la acción penal de Rivas contra Skyward se presentó el pasado mes de noviembre en Barcelona y ha sido admitida a trámite por el Juzgado de instrucción número 17 de la capital. Villafuel dispone de documentos que revelan sus sospechas sobre esta sociedad desde agosto pasado, meses antes de la operación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusiera en octubre pasado la operación contra la trama de presunto fraude de IVA que se saldó con la detención e ingreso en prisión de varios empresarios, entre ellos Aldama.
La querella fue dirigida inicialmente contra Castañer por impago de 62.000 euros y falsedad documental, aunque el juez Fernando Luis Criado dirige ahora las pesquisas contra Cirera, que aparece como el verdadero responsable, y que fue citado para comparecer como investigado el pasado 8 de abril, si bien dicha diligencia no pudo practicarse, según las fuentes del caso.
Sociedad sin solvencia
La querella señala que Skyward fue constituida con un ínfimo de capital social de 3.000 euros y «sin ningún tipo de solvencia ni experiencia (…) inició su giro mercantil con absoluta incapacidad para asumir los riesgos propios y ordinarios de la actividad ejercida«. Así, esta sociedad «ha devengado desproporcionadas deudas frente a terceros -entre ellos los responsables de Villafuel– sin guardar ninguna correspondencia con su capacidad financiera y conocedora y a sabiendas de la imposibilidad de asumir dichas responsabilidades». La deuda con la sociedad vinculada a Aldama –a través de los hermanos Claudio y María Luisa Rivas– se habría producido por incumplimiento del acuerdo marco de distribución de productos petrolíferos que suscribieron ambas firmas.
El impago de la deuda que mantenía con Villafuel reveló, según señala la querella de la empresa distribuidora de hidrocarburos, que la dirección de Skyward correspondía a una oficina sin actividad, que la única vía de contacto con sus responsables era un correo electrónico y que no constaba que esta sociedad poseyera o instalaciones, depósitos de combustible o tuviera capacidad para el transporte de carburantes. Además, para mantener una falsa imagen de actividad, Castañer o Cidera habrían incurrido en falsificación documentos tributarios en perjuicio de terceros, según ha acreditado la Agencia Tributaria al juzgado de Barcelona que estudia el asunto.
