El
Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en el centro de una
polémica judicial tras exonerar a la mayoría de los condenados por
el caso de los ERE de Andalucía, uno de los mayores escándalos de
corrupción en España.
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La Audiencia de Sevilla, respaldada
inicialmente por el Tribunal Supremo, había impuesto condenas por
malversación y prevaricación a 19 exaltos cargos de la Junta de
Andalucía en 2019. Sin embargo, el TC, en una decisión dividida (7
votos a favor y 4 en contra), anuló gran parte de esas sentencias en
2024, argumentando vulneraciones a la presunción de inocencia y una
incorrecta aplicación del delito de prevaricación.
De la condena a la absolución
El
caso, que involucró el desvío de 680 millones de euros en ayudas
públicas sin control entre 2000 y 2009, culminó con penas de hasta
siete años y once meses para el exconsejero de Empleo Antonio
Fernández y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier
Guerrero. Otros implicados, como el exconsejero José Antonio Griñán
(condenado a seis años por malversación) y el expresidente Manuel
Chaves (nueve años de inhabilitación), vieron sus condenas
reducidas o suspendidas. Griñán, por ejemplo, evitó la prisión
debido a su estado de salud.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán
No
obstante, el TC ordenó a la Audiencia de Sevilla emitir nuevas
sentencias ajustadas a derecho, lo que generó un terremoto
institucional. Los magistrados sevillanos, respaldados por el
Supremo, consideran que el Constitucional se extralimitó al
reevaluar pruebas ya juzgadas, invadiendo competencias de los
tribunales ordinarios.
El conflicto: ¿Puede Sevilla saltar al Tribunal Europeo?
La
Audiencia de Sevilla, en un movimiento sin precedentes, plantea
elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) para determinar si el TC vulneró el derecho
comunitario y las normas anticorrupción. El presidente del
Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, intentó frenar esta
iniciativa, alegando riesgos para la «soberanía judicial».
Sin embargo, informes internos del propio TC —encargados por
Conde-Pumpido— desaconsejaron bloquear la consulta, según reveló
el periodista Antonio Vega (ABC Sevilla).
«Es
una batalla personal de Conde-Pumpido», señaló Vega. «Incluso
los letrados del TC le advirtieron que no podía impedir a un
tribunal acudir a Europa». La polémica escaló cuando el pleno
del TC aplazó su decisión hasta este miércoles, dejando en vilo si
avalará o no la petición de Sevilla.
Independencia judicial en entredicho
Expertos
como Natalia Velilla, magistrada y miembro del Consejo Editorial
de Hay
Derecho,
subrayan que el TC no es un órgano judicial, sino un garante de la
constitucionalidad. «No puede corregir al Supremo ni actuar como
una tercera instancia», explicó. Si el TJUE falla a favor de
Sevilla, España estaría obligada a acatar la decisión, pues el
derecho europeo prima sobre el nacional.
Javier
Gómez Bermúdez, exmagistrado de la Audiencia Nacional, fue más
contundente: «El TC ha cometido una de las mayores injerencias
en la historia. Si invade al Supremo, pone en riesgo el Estado de
derecho».
Reescritura política del caso
Mientras
la batalla judicial continúa, los condenados han reaparecido en la
esfera pública. Manuel Chaves, quien en su día calificó el caso
como una «operación política del PP», fue recibido con
honores en actos del PSOE. La vicepresidenta María Jesús Montero
incluso elogió su gestión, reabriendo el debate sobre la impunidad.
En
cualquier caso, el
desenlace de este pulso judicial marcará un precedente crítico: si
los tribunales españoles pueden recurrir a Europa cuando consideren
vulnerados sus derechos, o si el TC puede vetar esa vía. Con los
exaltos cargos en libertad y el PSOE reivindicando su inocencia, el
caso de los ERE sigue siendo una herida abierta en la democracia
española.
