Bustinduy se reúne con asociaciones vecinales tras advertir a Almeida de los 15.000 pisos turísticos ilegales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha retomado este jueves su particular batalla con el Ejecutivo de Cibeles en materia de vivienda y por la erradicación de las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales en la capital, tras denunciar el silencio del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en las diferentes peticiones del ministerio para que actúe contra los pisos ilegales. 

En este sentido, este jueves el titular de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha reunido con los representantes de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) y de la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales) para abordar la problemática que hay en la ciudad con este tipo de viviendas, cifradas en más de 15.200 según datos del Ministerio y la Unidad de Análisis de Consumo. 

Un dato que, además, se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid en aras de exigir una actuación inmediata por parte del consistorio y que, a día de hoy, sigue sin llegar. “No tenemos constancia de novedades al respecto”, ha lamentado Bustinduy. Además, también se instó al gobierno de Almeida a proceder con la retirada de estos pisos turísticos ilegales de las plataformas de alquiler y cesar su actividad con los procedimientos sancionadores que se pudieran derivar. 

Por ello, desde la cartera que dirige Bustinduy, esta semana han vuelto a dirigirse al ejecutivo municipal para que actúe “ya”, haciendo hincapié en que “son las vecinas y vecinos de Madrid quienes más sufren las consecuencias de la proliferación desbocada de pisos turísticos ilegales”. De la misma manera, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha insistido en la necesidad de actuar contra este tipo de viviendas que están fuera de la legalidad y ha recordado que todas las administraciones, dentro de su ámbito y competencias, “tienen el mandato de asumir esta causa como propia y dar con soluciones para la ciudadanía”. 

Aumento de los precios de alquiler y compraventa

En esta línea de acciones que permitan disminuir y acabar con este tipo de viviendas en beneficio de los vecinos y vecinas de la capital, el ministro ha puesto de relieve también la notable subida de los precios de la vivienda en alquiler y compraventa. “No atender esta realidad de forma inmediata siempre juega en favor de los más poderosos y en contra de los vecinos y vecinas de la ciudad”, ha lamentado Bustinduy. 

Por ello, ha proseguido señalando que Almeida “no puede mirar para otro lado” y debe “poner orden” en esta problemática, asegurando además que la mejor política pública posible es “la tolerancia cero con los pisos turísticos ilegales”. Ha ilustrado su discurso con ejemplos como el caso del Ayuntamiento de Barcelona o el Consell de Ibiza que, en palabras del titular de la cartera, demuestra que con voluntad política se pueden dar medidas que permitan afrontar el problema de las viviendas ilegales.

En este sentido, ha dedicado unas palabras tanto a la CEAV como a la FRAVM por el trabajo que vienen desarrollando en esta materia, unas organizaciones “que se implican en defender el derecho a la vivienda, denunciando abusos, organizándose y protestando”. “Son el mejor motor para los cambios legales y normativos necesarios para poner fin a la crisis de la vivienda en este país”, ha señalado.

Los vecinos, última palabra en las VUT

Las palabras de Bustinduy se producen en un día en el que ha entrado en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que permitirá a las comunidades de vecinos ser quienes decidan si quieren o no la instalación de pisos turísticos en sus edificios. Tal y como explicó el Ministerio de Vivienda, la iniciativa tiene como objetivo “empoderar a los vecinos” y que sea el acuerdo expreso de estos el que avale la instalación de este tipo de viviendas, sin necesidad de que se modifique el título constitutivo o los estatutos, como ocurría hasta ahora de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Sobre ello, Bustinduy ha comentado que se trata de “un cambio fundamental para hacer frente a la especulación” que se da en el mercado de la vivienda, aunque ha remarcado que todavía se necesitan hacer “más cambios profundos”.