La cruzada conservadora contra el Departamento de Educación de Estados Unidos, creado en 1979, ha encontrado su mejor aliado en Donald Trump. Este jueves, tras meses de promesas, el presidente se dispone a firmar una orden ejecutiva con la que insta a la titular de esa cartera, Linda McMachon, a dar “todos los pasos necesarios para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver a los estados la autoridad en educación”.
Pese a la redacción, no se trata de un cierre, una decisión que ni Trump ni McMahon pueden tomar unilateralmente. El Departamento fue creado por el Congreso y solo las Cámaras podrían desmantelarlo por completo. Y no está claro cuántos congresistas apoyarían un paso impopular que desaprueban dos tercios de los estadounidenses según las encuestas. Los republicanos tienen 53 escaños en el Senado, donde se requerirían 60 votos.
Paso ideológico
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha adelantado además horas antes de la firma que se mantendrán algunos programas del Departamento, como ayudas a estudiantes con discapacidades y a escuelas con alta concentración de alumnos de bajos ingresos o becas y préstamos para educación superior.
No obstante, lo harán con condiciones que se adaptan a la agenda ideológica y política de Trump. Porque el decreto que firma Trump también insta a que cualquiera de los programas o actividades escolar que siga recibiendo fondos federales “no promoverá ideología de género o DEI”, las siglas de Diversidad, Igualdad e Inclusión.
Lo que Trump y McMahon sí pueden hacer, aunque el Congreso no cierre el Departamento, es seguir intentando jibarizarlo y reducirlo a su mínima expresión, algo que ya han empezado a hacer con recortes drásticos en el personal, similares a los que la Administración ha puesto en marcha en otros departamentos y agencias del gobierno.
Su esfuerzo contra Educación responde a una campaña de parte de los conservadores que empezó en los años 80 del siglo pasado y que se intensificó en los últimos años, primero con un movimiento reforzado de padres que reclamaban derechos ante lo que consideraban programas progresistas en la educación y luego con protestas por los cierres y mandatos durante la pandemia de coronavirus.
Un modelo diferente
Es en ese contexto en el que se entiende la campaña de Trump contra un Departamento que funciona de forma distinta a ministerios de educación como el español. Washington no diseña el currículo escolar que siguen los 50 millones de estudiantes en escuelas públicas y solo es responsable del 10% de la financiación de la educación, que en su 90% recae en gobiernos estatales y locales.
Lo que sí hace Educación es dotar con 15.500 millones de dólares el programa IDEA, que ayuda a cubrir los costes de la educación para estudiantes con discapacidades. También administra programas de becas federales, incluyendo uno dotado con 18.400 millones que da financiación suplementaria a escuelas desde elemental hasta secundaria con alta concentración de estudiantes de bajos ingresos. Asimismo, mantiene las becas Pell para educación superior y gestiona 1.6 billones de dólares en préstamos estudiantiles, marcando las reglas de lo que los centros educativos deben hacer para cualificar.
Según una hoja informativa distribuida por la Casa Blanca y las declaraciones de Leavitt, el objetivo de Trump es “dar poder a padres, estados y comunidades a tomar el control y mejorar los resultados de los estudiantes”. La Administración del republicano denuncia que desde su creación el Departamento, que «no educa directamente a estudiantes”, ha gastado más de tres billones de dólares en “burocracia” y esa inversión, según la secretaria de prensa, ha dado “resultados menos que ideales”. Y se apunta a que no han mejorado los índices que los estudiantes estadounidenses obtienen en el examen de Valoración Nacional de Avances en Educación. Esas pruebas, según otro portavoz de la Casa Blanca, “revelan una crisis nacional” en la que los niños estadounidenses “se están quedando atrás”.
La hoja de datos distribuida incluye datos que Trump ha estado repitiendo en campaña y desde su retorno a la Casa Blanca, incluyendo niveles en comprensión lectora y matemáticas en niños de 13 años que se encuentran a los niveles más bajos en décadas. Se acusa además al Departamento de Educación de crear pesos para las escuelas con “regulación y papeleo” y de “redirigir recursos para cumplir con iniciativas ideológicas”. Y se critica a la Administración de Joe Biden por “malgastar más de 1.000 millones en ayudas concentradas en arraigar ideologías radicales en educación”.
