El conocido como caso Catastro, que investiga una trama acusada de falsificar expedientes para apropiarse de 141 fincas rústicas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote entre 2011 y 2016, va a juicio el próximo martes, 18 de marzo, ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La Sala ha fijado una sesión previa para que las partes negocien si llegan a un acuerdo de conformidad y, en caso de que no lo hagan, propondrá una nueva fecha en la que estarán citados todos los testigos propuestos.
La Fiscalía dirige su escrito de acusación contra el propietario de Carbonell Fernández Gestión Catastral, José María C. F.; un funcionario del Catastro de Las Palmas identificado con las iniciales J. O. M.; y el acusado de fabricar documentación privada de contratos de compraventa para presentarla ante la gerencia territorial, S. M. M. Considera que actuaron en conjunto con dos personas más, ya fallecidas, para buscar propiedades en la provincia de Las Palmas con el objetivo de realizar «cambios ilícitos» en sus inscripciones de titularidad catastral y sustraerlas así a sus respectivos propietarios.
El Ministerio Público pide la pena más alta, que asciende a 17 años de cárcel, para S. M. M. porque le atribuye la comisión de un delito continuado de falsificación en documento público, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El empleado público y el dueño de la gestoría implicada, que no están acusados por estafa y llegaron a trabajar juntos durante un periodo en el Catastro, se enfrentan a 13 años y a nueve años y 11 meses de prisión respectivamente. En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que indemnicen en 19.000 euros a una de las víctimas y que se anulen todas las resoluciones de cambio de titularidad.
La acusación interesa que se anulen todas las resoluciones de cambio de titularidad
El escrito de acusación sostiene que la trama se valía de la información a la que tenía acceso José María C. F. como consecuencia de su actividad profesional en una de las gestorías más importantes de Gran Canaria, que se ubica frente a la Gerencia Regional del Catastro. Posteriormente, según esta parte, fabricaban de forma ilícita documentación privada de contratos de compraventa con la intención de presentarla ante la gerencia territorial en la que trabajaba el funcionario del Catastro, que tenía capacidad para alterar la titularidad catastral de las fincas.
La Fiscalía cree que con estas acciones lograron una remuneración adicional e intentaron darle una apariencia de legalidad comprando vehículos, objetos de lujo y bienes inmuebles. El empleado público presuntamente aceptó expedientes a sabiendas de que su contenido era falso y se saltó para ello todos los procedimientos establecidos. No dejaba registro de la fecha de entrada, no daba audiencia a las personas afectadas ni notificaba el cambio de titularidad y realizaba todos los trámites en tiempo exprés, mantiene el Ministerio Público en su escrito acusatorio.
Información catastral «mendaz»
«De esta forma, todos ellos, conseguían que la tramitación del procedimiento catastral consiguiera los efectos opuestos a los que tiene la ley asignada a estos procedimientos, arrebatando la titularidad de fincas a sus legítimos titulares catastrales y poniéndolas a nombre de terceras personas a sabiendas de que de esta forma el catastro ofrecía una información de titularidad catastral mendaz», argumenta el documento de conclusiones provisionales.
Fue esta forma de actuar, a criterio del Ministerio Fiscal, la que empleó el funcionario en 141 expedientes en los que realizó una alteración de la titularidad catastral. Estos trámites se llevaron a cabo en base a unos documentos de compraventa que, según esta parte, utilizaban las firmas de personas del entorno más cercano de los acusados que desconocían por completo el propósito de la operación.
