El Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de la filtración de datos personales suyos y de uno de sus escoltas, entre otras personas, que figuran en anexos de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al Tribunal Supremo (TS) y notificado por la sede judicial a las partes del caso.
Según fuentes consultadas, García Ortiz ha dirigido un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad advirtiendo del riesgo que supone para su seguridad personal la difusión de este tipo de datos, tras lo cual el Ministerio del Interior ha acordado reforzarla. Fuentes de este departamento confirman que se ha revisado.
El motivo son los documentos adjuntados al último informe entregado por la UCO al Supremo, relativo al tráfico de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por el fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo.
Los referidos documentos contienen datos personales -números de teléfono, direcciones postales y DNI- tanto del fiscal general del Estado como de ese escolta, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas.
Esta documentación forma parte de la causa donde el Tribunal Supremo investiga a García Ortiz, además de a otros dos fiscales -Pilar Rodríguez y Diego Villafañe-, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En concreto, el instructor Ángel Hurtado investiga la filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto –donde le ofreció reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo–; y de la denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el novio de la mandataria regional.
Además, Hurtado investiga la nota de prensa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía para desmentir lo que consideraba un «bulo», en alusión a la noticia publicada a las 21.29 horas del 13 de marzo por ‘El Mundo’, donde se decía que fue el Ministerio Público quien ofreció pactar a González Amador. En ese comunicado, se daba cuenta del cruce de ‘emails’ entre Salto y la defensa, que incluían datos personales.
No habló con periodistas ni con Moncloa
Tal como se ha dado a conocer este lunes, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el tráfico de llamadas del fiscal general del Estado, entre los 8 y 13 de marzo, día en el que se filtraron los correos a los medios de comunicación del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, en los que reconocía haber cometido dos delitos fiscales, especifica que García Ortiz no solo no habló con ningún pertiodista esa noche, sino que tampoco cruzó ninguna llamada con nadie del Palacio de la Moncloa, Ferraz o ningún ministerio.
De hecho, la única llamada de un periodista es la de Miguel Ángel Campos a las 21.38, llamada que el fiscal general no atendió ni devolvió, pero que otorga credibilidad a la versión dada por Campos ante el magistrado Ángel Hurtado. Este periodista afirmó haber tenido acceso a esos correos a las cuatro de la tarde, pero que su fuente no le dejaba publicarlo. Que fue tras la publicación del bulo de El Mundo cuando comenzó a realizar llamadas para conseguir el ok para publicar.
Los agentes, a este respecto afirman: «En este sentido, es preciso señalar que, como se va a describir seguidamente, no existe ninguna llamada, ni intento de comunicación con este terminal del fiscal general del Estado, a expeción de ésta, fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde/noche en la que se desarrollan estos acontecimientos, al menos por este medio».
