Con una población de 10.000 habitantes, el municipio de Caspe, situado en la provincia de Zaragoza, enfrenta una alarmante ola de robos que ha puesto a prueba la capacidad de actuación de las pocas fuerzas de seguridad presentes en la localidad. En el último mes, se han registrado 14 robos, lo que equivale a uno cada dos días. La situación se agrava por la escasez de efectivos policiales: «el municipio solo cuenta con 12 agentes locales, de los cuales 10 están de baja».
La alcaldesa, Ana Jarque, ha denunciado que el problema ya no son los 10 policías de baja, sino que pese a las reiteradas peticiones de refuerzo, el Ministerio del Interior sigue sin responder, sin mandar más efectivos, convirtiendo a Caspe en una “ciudad sin ley”. Asimismo, la alcaldesa es consciente de que muchos policías no son atraídos para trabajar en la ciudad porque prefieren irse a las grandes ciudades a ejercer. Ante esta crisis, se han organizado manifestaciones exigiendo mayor presencia de las fuerzas de seguridad y sobre todo, una respuesta de las fuerzas políticas.
Los comerciantes cuentan cómo los ladrones entran y salen de sus tiendas con facilidad, sabiendo que las consecuencias penales serán mínimas. «Todos los días vengo a trabajar con miedo», relata una peluquera de la localidad que su negocio ha sido el último en sufrir estos hurtos en el pasado mes de enero, pero que desgraciadamente no será el último de los próximos meses si esta ola delictiva no frena. El miedo en las calles es palpable. Los vecinos temen salir por la noche, y los comerciantes aseguran que sienten que su negocio está desprotegido.
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