El diputado de Cultura y responsable del área de Contratación de la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, ha defendido este jueves la legalidad del contrato de planificación y compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación de esta institución, “que ha sido avalado hasta en cuatro ocasiones por distintos tribunales de la provincia desde el año 2022”.
Navarro se ha referido así a la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia del grupo Compromís en la Diputación de Alicante. “El contrato cumple completamente con la legalidad vigente y así lo han determinado los tribunales de justicia en las cuatro ocasiones en las que Compromís lo ha denunciado en los últimos tres años; dos con sentencias del Juzgado de lo Contencioso y dos con resoluciones del Tribunal Especial en Materia de Contratación”, ha afirmado.
La respuesta desde el equipo de gobierno se ha producido después de la comparecencia ante los medios que ha ofrecido el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, que ha informado sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía para investigar los contratos, que ha cifrado en varios millones de euros y que asegura que abarcan al pasado mandato, con Carlos Mazón como presidente, y al actual, encabezado por Toni Pérez, adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Grupoidex y Sr. Grosky.
Resoluciones previas
Los antecedentes que menciona el diputado Navarro son dos sentencias de juzgados de lo Contencioso-Administrativo y dos resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ya rechazaron las acusaciones vertidas por la coalición valencianista desde hace años sobre los contratos de publicidad institucional de la Diputación, conocidos como “central de medios”, que ahora han sido presentadas ante la Fiscalía.
“Sorprende cómo Perles acude ahora a la Fiscalía después de que los tribunales le hayan dicho hasta en cuatro ocasiones que no tiene razón, con argumentos muy duros en estas sentencias hacia su forma de proceder y el poco sustento que tienen estas denuncias”, ha señalado Navarro. Recuerda, además, que en la última resolución por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales “el señor Perles fue condenado a pagar mil euros por temeridad en la imposición del recurso”. El diputado responsable de Contratación argumenta, asimismo, que ninguna de las empresas que han optado a este contrato de medios y que no resultaron adjudicatarias “ha presentado ningún tipo de reclamación ni denuncia en las dos licitaciones que se han hecho y a las que han concurrido hasta diez mercantiles en cada una de ellas”.
125 medios
El responsable provincial niega rotundamente que exista, como ha denunciado Compromís, una ‘trama’ para usar el dinero público para favorecer a determinados medios de comunicación. “Sólo en el último año la Diputación ha insertado campañas de publicidad, a través de la empresa adjudicataria, en 125 medios de comunicación de todos los soportes y tamaños, todos ellos con implantación territorial y social en la provincia de Alicante”.
Además, ha añadido, “la selección de estos medios a la hora de insertar la publicidad se hace en base a criterios objetivos de difusión, audiencia, alcance y penetración, tal y como marca la ley 12/2018 del 24 de mayo de publicidad institucional”. Por último, Navarro rechaza y critica firmemente las acusaciones vertidas por Perles contra funcionarios de la Diputación: “Es muy grave que se acuse directamente a trabajadores de esta institución de participar en una trama fraudulenta como ha sugerido Perles, quien bien sabe las horas que están dedicando estos empleados públicos, al margen de sus tareas ordinarias, a responder con profesionalidad y celeridad a todos los requerimientos de información que hace él como diputado y que no son pocos”.
