Los abogados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tienen desde este lunes más despejado el camino judicial de la sarta de querellas que han presentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la oposición madrileña y varios periodistas por referirse a él como «delincuente confeso». Y ello porque el juez que instruye la causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, Ángel Hurtado, ha dejado negro sobre blanco en un auto que el correo en el que su defensa admitía la comisión de dos delitos fiscales ha dado pie a que se le llame «defraudador confeso, sin serlo«.
El magistrado destacaba incluso «el daño reputacional» que ello había supuesto al empresario. Justifica su afirmación en la explicación que da a la revelación de secretos que se investiga en la causa contra Álvaro García Oritz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Así señala que ello es posible por la expresión «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública«, contenida en el correo electrónico del pasado 2 de febrero, en el que la defensa de González Amador proponía un pacto a la fiscalía, que le había denunciado por dos delitos fiscales y uno de más de falsedad por presuntamente haber recurrido a facturas falsas para dejar de ingresar 350.000 euros a Hacienda.
El juez se basa en que ese correo no se debió conocer nunca, porque se enmarca en el intento frustrado de pacto propuesto por la defensa al ministerio público. Que quedara en agua de borrajas convierte el reconocimiento de delito que contenía en papel mojado sin validez jurídica alguna y su divulgación constituye una vulneración del derecho de defensa del empresario, al dejarle en una delicada situación de cara a la celebración del juicio en el que tendrá que responder como imputado.
En su auto, el instructor señala que es de la difusión de ese correo de donde se debe partir en la investigación del delito de revelación de secretos. Y rechaza las diligencias solicitadas por la defensa de García Ortiz en relación con el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, relacionadas con la difusión del email del 12 de marzo, por el que ‘El Mundo’ informó erróneamente de que la propuesta de pacto partía del ministerio público.
“No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando este circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador, con que se define el delito del artículo 417 del Código Penal», explica el juez.
Añade que «parece razonable deducir que ha sido tras la filtración de ese correo de 2 de febrero, con el reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.
De tal forma, que la resolución del juez Hurtado supone un espaldarazo de nada menos que el Tribunal Supremo de las querellas por injurias y calumnias presentadas por los abogados de González Amador contra Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Félix Bolaños, Isabel Rodríguez y Diana Morant, las portavoces del PSOE en el Ayuntamiento y de Más Madrid en la Asamblea, Reyes Maroto y Rita Maestre, respectivamente, pero también el periodista Xabier Fortes y otros informadores por llamarle «delincuente confeso». En ellas el empresario les cita a un acto de reconciliación y les reclama 150.000 euros.
