- El Estado dejaría de gastar 500 millones al mes
- Una promesa electoral
- Rebajas al transporte, de momento, prolongadas
- Presentar el decreto de nuevo
El Gobierno ha calculado la magnitud del impacto que va a tener para los pensionistas no haber sacado adelanto el decreto ómnibus. De media, los jubilados perderán 568 euros al año. Es decir, casi 50 euros al mes. En el Ejecutivo admiten que esta cifra será mayor para las retribuciones más altas.
El pleno del pasado miércoles también causará estragos en quienes utilizan el transporte público: el coste medio por ciudadano ascenderá a 600 euros anuales más. Un aumento que afectará, principalmente, a las clases medias y bajas, que son las que menos utilizan el vehículo privado.
El Estado dejaría de gastar 500 millones al mes
Los pensionistas no verán revalorizada su pensión en base al IPC si el Ejecutivo no consigue aprobar el decreto que tumbó la Cámara Baja la semana pasada. En España hay un total de doce millones de pensionistas que perderán casi 600 euros al año.
Este enero sí ingresarán el aumento de 2,8% prometido, pero en febrero, si nada cambia, perderán ese incremento.
Una promesa electoral
El Ejecutivo considera de vital importancia salvar la subida de estas retribuciones en torno al IPC, como prometió en el programa electoral y lleva haciendo desde la pasada legislatura. Esta no subida de las pensiones supondrá un ahorro, en caso de confirmarse, de 5.839.878.936 de euros al año para las arcas del Estado.
Cada mes, las cuentas públicas dejarían de gastar casi 500 millones de euros. Sin embargo, en el Ejecutivo son conscientes de que se trata de doce millones de votantes que han visto revalorizada su pensión todos los años y que poner fin a dicho incremento también supondría un golpe importante para las perspectivas electorales del Partido Socialista y Sumar.
Rebajas al transporte, de momento, prolongadas
La caída del decreto ómnibus también conlleva el fin de las rebajas al transporte. Hasta ahora, tras las sucesivas prórrogas del decreto anticrisis que se puso en marcha a raíz de la guerra de Ucrania, el metro, el bus, o los cercanías habían reducido su precio a más de la mitad.
Un abono de 28 euros al mes, pasaría a costar alrededor de 70. Esta rebaja se costeaba a medias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Pero ahora tendrán que ser los ejecutivos regionales quienes soporten el 100% de la reducción de precio.
Por ahora, Madrid o Barcelona mantendrán los costes y no los elevarán a su precio original. Pero se trata de una medida que las administraciones autonómicas ya han advertido que será “temporal”.
Presentar el decreto de nuevo
El Gobierno maniobra para presentar el decreto, sin tocar una sola coma. La oposición exige que no incluya todas las medidas de golpe en la misma votación, sino que lleve al Congreso las iniciativas más urgentes por separado, como las pensiones o las rebajas al transporte. Tanto el Partido Popular como Junts se han comprometido a votar a favor en tal caso.
Pero en Moncloa no quieren trocear el paquete, consideran que todas las medidas son importantes y busca responsabilizar a los populares de haber negado el incremento de las pensiones a los doce millones de jubilados.
Una estrategia con la que esperan desgastar al PP a la vez que ganan tiempo para trabajar el apoyo de Junts. Los siete diputados independentistas volvieron a romper la mayoría de la investidura y el Ejecutivo espera convencerles poniendo encima de la mesa un plan para la transferencia de competencia en inmigración.
