Un juez federal ha decidido bloquear temporalmente la orden ejecutiva que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes para terminar con el derecho a la ciudadanía por nacer en el país, calificándola de «descaradamente inconstitucional». El decreto buscaba dar la vuelta a décadas en las que los hijos de inmigrantes sin papeles o con solo derecho de residencia temporal accedían a la nacionalidad estadounidense cuando nacían en dicho territorio.
Solo tres días después de la firma de la orden ejecutiva, el juez federal de distrito John C. Coughneour se ha puesto a favor de cuatro de los estados que denunciaron la medida. La orden afirmaba que los bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o que estaban en el país como turistas, estudiantes o trabajadores temporales no serían considerados ciudadanos.
En total 22 estados, además de varios grupos activistas y de mujeres embarazadas presentaron demandas, alegando que la norma violaba la Enmienda 14. Los juzgados, a lo largo de la historia, siempre han interpretado su texto -«todos los ciudadanos nacidos en Estados Unidos son ciudadanos de Estados Unidos»- como algo que aplica a todos los niños nacidos en el país, con muy pocas excepciones.
Los fiscales generales de los estados de Washington, Illinois, Oregon y Arizona argumentaron en su demanda que la orden de Trump denegaría derechos y prestaciones a más de 150.000 niños que nacen en EEUU cada año, y que los dejaría sin un país de pertenencia. Y citaban al asistente del fiscal general de 1995, Walter Dellinger, que entonces afirmó ante el Congreso que limitar la nacionalidad por nacimiento sería «inconstitucional» y que incluso una enmienda a la constitución sería «contradictoria con la historia constitucional del país y con sus tradiciones constitucionales».
Otros 18 estados y dos ciudades firmaron otra demanda por separado, que se está estudiando en un juzgado de Massachusetts.
