Los siete de Junts votarán no el miércoles próximo al decreto ómnibus del Gobierno, que se somete a convalidación en un pleno extraordinario convocado a tal efecto. Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes oficiales cercanas a Carles Puigdemont, que anunció, este viernes, la «suspensión de las negociaciones sectoriales» con el PSOE «por los incumplimientos reiterados» de Pedro Sánchez.

Ese real decreto debe ser votado el 22 de enero, fecha tope antes de que decaiga, tras ser aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre.

En él se contienen medidas trascendentales, como la subida anual de las pensiones, la prolongación de las bonificaciones al transporte en ferrocarril y autocar, facilidades financieras para que la Comunidad Valenciana haga frente a los gastos causados por la dana, o incluso la cesión de la sede del Instituto Cervantes al PNV.

Todas ellas, entre muchas otras, decaerían con el voto en contra de Junts. Y es que, además del no seguro de Vox, el Partido Popular se inclina también por votar en contra del decreto ómnibus. «No tendría sentido que nosotros salváramos la debilidad parlamentaria del Gobierno», explica un portavoz cercano a Alberto Núñez Feijóo.

La decisión aún no está definitivamente tomada en el Grupo Parlamentario Popular, dado que Génova teme también ser señalada como responsable de tumbar medidas sociales con las que está de acuerdo, como la subida de las pensiones y la ayuda financiera al Gobierno de Carlos Mazón por la dana.

«Esta legislatura de Sánchez nació muerta, cada votación es una agonía, pero somos un partido de Estado«, explica un miembro de la dirección popular.

El Ejecutivo también aprobó otros dos reales decretos aquel 23 de diciembre. Por un lado, la tercera pata de la reforma de las pensiones, que será apoyada por el PP, según anunció Feijóo esta semana. Y por otro, la prórroga del gravamen a las empresas energéticas, que Sánchez aprobó para cumplir sus compromisos, aunque sabía de antemano que no pasará el corte del Congreso.

Un grado más

La «pérdida de confianza» de Junts en el Gobierno de Sánchez hará que el no a «cualquier votación que el PSOE lleve al Congreso», anunciado por el líder independentista desde Bruselas, se estrene con el decreto ómnibus

«Rotas las negociaciones sectoriales», advierte un colaborador del expresident fugado de la Justicia, «votaremos en contra»

Puigdemont, tras reunir en Bruselas a la cúpula de Junts, anunció: «Suspendemos las negociaciones sectoriales para que no se juegue con el calendario». Su portavoz, en cambio, considera «roto» cualquier diálogo político con los socialistas: «Que no nos busquen, sin cuestión de confianza no hay más que hablar».

Después de que EL ESPAÑOL avanzara que Junts rompería el viernes con Sánchez en el caso de que el PSOE rechazara tramitar su proposición no de ley para que Sánchez se someta a la cuestión de confianza, el Gobierno filtró que los socialistas se arriesgarían a perder el favor de los siete diputados de Puigdemont.

En todo caso, el presidente Sánchez dio orden a Santos Cerdán de negociar in extremis un arreglo con Junts. Los contactos fracasaron de inicio, y Puigdemont volvió a hacer saber su disposición a cortar relaciones con el Gobierno, hasta que el PSOE claudicó y, finalmente, el jueves en la Mesa del Congreso, aplazó un mes la decisión sobre la cuestión de confianza.

Desahucios y Vivienda social

El real decreto-ley 9/2024, cuyos efectos decaerán si no es convalidado en las Cortes, incluye varias medidas del escudo social, como la prohibición de desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad y de cortarles el agua, la luz y el gas por impago.

Es decir, si Junts tumba este decreto en las Cortes, las familias vulnerables (cuyos miembros estén en paro o cuyos ingresos no superen los 1.800 euros al mes, más 60 euros por cada hijo) perderán esta protección: podrán ser desahuciadas si dejan de pagar el alquiler o la hipoteca.

El decreto también simplifica los trámites para adjudicar la construcción de viviendas sociales. Y regula el traspaso de inmuebles del Patrimonio del Estado a la empresa pública SEPES, también para destinarlos a la promoción de vivienda social. 

Bono eléctrico

También como parte del escudo social, el decreto prorroga en este texto el bono social eléctrico. La medida supone un descuento del 50% para los consumidores vulnerables y del 65% para los vulnerables severos, a partir del 1 de enero. 

El PNV y el Cervantes

El no de Junts revocará la cesión por parte del Gobierno al PNV del edificio situado en el número 11 de la avenida Marceau de París, actual sede del Instituto Cervantes en la capital francesa, una reclamación histórica de los nacionalistas vascos.

El PNV lleva dos décadas intentando que se reconozca su titularidad, pero una sentencia del Tribunal Supremo dictó que no tenían derecho a que les fuera transferido.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada la pasada legislatura, desactivó este fallo en una disposición a la carta. En el real decreto que ahora decaería, el Gobierno se compromete a pagar una «renta de mercado» por el uso hasta el año 2030.

Transporte gratis

El Gobierno decidió alargar hasta el 30 de junio, en el mismo decreto, la bonificación del transporte público, con descuentos del 50% en los abonos para cercanías (Rodalíes en Cataluña), ferrocarriles de media distancia y determinadas concesiones de autobús de larga distancia.

En el caso de Baleares y Canarias, se trata de la bonificación total en las líneas regulares de autobús. Para el resto de comunidades autónomas, el descuento será del 50% si sus gobiernos regionales financian el 20%.

Subida de pensiones

El decreto también incluye la revalorización de las pensiones a partir del 1 de enero, aprobada por esta vía dado que no hay Presupuestos Generales del Estado, ni siquiera un proyecto aprobado por el Consejo de Ministros. La subida del 2,8% equivalente a la inflación del último año, también decaería. 

La pensión máxima queda fijada en 3.267 euros al mes (o 45.746 anuales). Además, el texto legislativo fija el Mecanismo de Equidad Intergeneracional en el 0,8% de las cotizaciones y un complemento de 35,9 euros al mes para reducir la brecha de género.

Dana, volcán y migrantes

El decreto autoriza a la Comunidad Valenciana a suscribir operaciones de endeudamiento de lago plazo para paliar los daños de la dana y establece una subvención de 4,5 millones a Ceuta, para financiar la atención de los casi 1.000 menores extranjeros no acompañados (menas) bajo tutela de la ciudad autónoma.

En el mismo sentido, incluye la prórroga de varias medidas aprobadas para los afectados por el volcán de la isla de La Palma, en Canarias, como los ERTE, el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social o la prestación por cese de actividad para los autónomos.

Google y redes sociales

El Gobierno también amplió en este real decreto las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) para que supervise los servicios digitales.

Gracias a este cambio legal, la CNMC puede requerir ahora a las redes sociales y buscadores de internet datos sobre sus usuarios y sobre sus algoritmos, e imponerles sanciones económicas. Para ello, se creó la Dirección de Servicios Digitales de la CNMC, que se suma a las cuatro que ya tenía sobre Competencia, telecomunicaciones, Energía, Transporte y Servicio Postal.

Impuestos

El decreto incluye un paquete de medidas fiscales como la prórroga de las deducciones en el IRPF por la compra de coches eléctricos enchufables y medidas de eficiencia energética. También retrasa hasta el 1 de abril el nuevo impuesto a los líquidos de los cigarrillos eléctricos

Inversiones extranjeras

El Ejecutivo también decidió ampliar, con este decreto, el régimen transitorio establecido desde la pandemia por el cual requieren la autorización del Gobierno las inversiones extranjeras en empresas cotizadas (también en las no cotizadas, si la inversión supera los 500 millones) en sectores estratégicos como la seguridad, la salud y el orden público.

El Gobierno aprobó esta medida durante la pandemia, para evitar que grupos extranjeros aprovecharan la debilidad de grandes empresas españolas para tomar su control.

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