La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha reactivado durante el presente curso la Oficina de Defensa del Alumnado (OFDA), tanto para la provincia de Las Palmas como la de Santa Cruz. Con personal propio, pretende que esta figura -creada en 2019 bajo el amparo de un decreto de 2011- crezca en torno a tres ejes: fomenta el asociacionismo y la participación de los estudiantes en la comunidad educativa, ofrecer asesoramiento y como nexo entre distintos agentes externos e internos.
«Es importante que le demos voz también a los estudiantes, que desempeñan un papel muy importante», ha explicado Poli Suárez, consejero de Educación, durante la rueda de prensa de presentación del nuevo plan de trabajo establecido para la Defensa del Alumnado. David Muñoz, en la provincia de Las Palmas, y José Alberto Díaz, en Santa Cruz de Tenerife, serán los responsables a cargo de las dos oficinas, que a su vez deben rendir cuentas a su correspondiente Dirección Territorial. Las oficinas estuvieron paralizadas durante todo el curso pasado porque las plazas de los defensores del alumnado quedaron vacantes debido a que la Consejería no encontraba a los perfiles idóneos.
Suárez hizo especial hincapié durante su intervención en la importancia de fomentar la participación del alumnado en las aulas. En este sentido, recordó que existes 13 asociaciones de estudiantes en las islas, diez en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y tres en Las Palmas, la mayoría de ellas inactivas. Pero sí puso de ejemplo y modelo a seguir a la Asociación de Jóvenes Estudiantes del IES Puerto de la Cruz, así como a la Unión de Estudiantes de Canarias.
«Con esta línea de trabajo buscamos fortalecer y revitalizar el asociacionismo como una herramienta fundamental para fomentar mayor participación de este colectivo (…) queremos potenciar esa comunicación y colaboración entre las asociaciones de estudiantes y la propia Consejería», abundó Suárez. Para ello, se llevarán a cabo formaciones para impulsar el liderazgo estudiantil y la creación y gestión de asociaciones de estudiantes, a través de una estrecha colaboración entre el personal de la Consejería y la dirección de los centros.
En este punto, José Alberto Díaz, defensor del alumnado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aboga también por extrapolar las buenas prácticas que se han desarrollado en las islas para «crear una red de sinergias entre ellas y que se apoyen». En este punto, David Muñoz, defensor del alumnado en la provincia de Las Palmas aboga por darle «continuidad del trabajo asociativo», ya que las asociaciones solo se pueden constituir a partir de la ESO, lo que supone un handicap importante a la hora de mantenerlas activas.
Además, como segundo eje, la OFDA también orienta y acompaña al alumnado en asuntos técnicos y le ofrece respuesta a sus reclamaciones y las de sus familias. Aunque en este asunto carece de carácter vinculante y no dispone competencias en materia de evaluación académica, puede contribuir a defender los derechos del alumnado. Y el tercer eje contempla la coordinación con asociaciones o federaciones de estudiantes, el Consejo Escolar de Canarias, la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, o incluso con los propios ayuntamientos y cabildos.
«Nuestro objetivo general es impulsar y visibilizar nuestra figura en toda la comunidad educativa, servir como apoyo para todo el alumnado y las familias de los centros educativos de Canarias», agregó Díaz. En este sentido, desgranó que uno de los objetivos principales es gestionar todas las reclamaciones que les lleguen, dado que se trata de la función principal que le atribuye la normativa.
Más de 100 solicitudes
Durante el presente curso, la OFDA ha atendido 172 solicitudes de atención, 84 en la provincia de Las Palmas y 88 en la provincia de Santa Cruz. Según David Muñoz, defensor del alumnado en la provincia de Las Palmas, «hay bastante variedad en el contenido de las reclamaciones. Por ejemplo, de situaciones relacionadas con la convivencia escolar, necesidades específicas del alumnado, el acceso a determinados recursos y servicios prestados a través de la Consejería… Es decir, una amalgama de situaciones que de alguna manera también revierten sobre los derechos y los intereses del alumnado».
El protocolo que sigue la Oficina para atender estos casos contempla una atención, orientación y acompañamiento del alumnado y sus familias, así como una intervención si fuese necesario, a través de solicitudes de información a los centros o la emisión de un dictamen. «Nuestra intervención en esos casos es más de orientación y de acompañamiento, porque evidentemente hay otras estructuras dentro del sistema educativo que ya tienen las competencias definidas al efecto», matizó Muñoz. De hecho, las reclamaciones rara vez concluyen en la emisión de un dictamen porque durante el proceso se suele solventar la reclamación o derivarse al organismo encargado de resolverlo.
