«No me imagino que el Ayuntamiento consienta que se vayan a la calle 192 personas de la Concejalía de Urbanismo o de la de Hacienda, pero Derechos Públicos se ve que no tiene el mismo peso…». Así, con unas palabras que evidencian el hartazgo existente a nivel interno, se expresaba esta misma semana una funcionaria municipal del área de Servicios Sociales de Alicante tras la marcha obligada el pasado 31 de diciembre de 192 trabajadores (en torno al 80 % del personal total del área municipal) al caducar el Contrato Programa 2021-2024, la herramienta impulsada por la Generalitat hace cuatro años, con más de diez millones de presupuesto anual, para dar estabilidad a las plantillas sociales e intentar así reducir las sempiternas listas de espera cuando la espera no es una elección al estar en juego en la mayoría de los casos lo más básico para subsistir.
Eso sí, este periodo, cuatro años, era el tiempo que tenían los ayuntamientos para sacar a concurso los puestos de trabajo y, así, consolidar definitivamente esas plazas en la estructura municipal. En Alicante no ha sucedido, lo que ha dado pie a la salida masiva de trabajadores. Ni un papel se ha movido en este tiempo, que no es poco, sobre todo cuando no se ha producido un cambio al frente del gobierno local. Era y sigue siendo alcalde el popular Luis Barcala.
Lamentaba esta trabajadora, una de las pocas que se ha salvado del despido al disponer previamente de plaza propia, que la salida de un volumen tan elevado de trabajadores no se habría permitido en otras concejalías del Ayuntamiento. Ella hacía alusión a Urbanismo, ya que colapsaría la concesión de licencias en las que están en juego millones de euros. O en Hacienda, ya que pondría en jaque ingresos clave para las arcas municipales al ser el área que gestiona el cobro de impuestos como el IBI.
Y más
Pero la lista podría seguir, con Ocupación de Vía Pública, determinante en la concesión de permisos para realizar todo tipo de actividades en la calle, o Fiestas, un departamento fundamental para un alcalde como Luis Barcala. Tampoco en Limpieza, sería lo que faltaba en la ciudad. O en Transportes. Ni qué decir si hubiera afectado a áreas como Seguridad, con Policía Local y Bomberos.
Pero no, la inacción municipal a la hora de impulsar una estabilización de plantilla que tenía entre los deberes inaplazables desde hace cuatro años ha afectado de lleno a Servicios Sociales. Y no, no es lo mismo. Ahí no están en juego licencias urbanísticas, ni afecta a sectores clave para la economía como la hostelería o la restauración. Tampoco apunta a una bolsa, a priori, de votantes fieles como se intenta que sea la vinculada a las fiestas. Sólo supone otra piedra en el camino para las personas que menos tienen, para aquellos que más necesitan de la administración. De miles de alicantinos que miran a los Servicios Sociales como su última red para evitar caer al abismo. Esas personas se han quedado, por el momento, sin los profesionales que les atienden, que intentan facilitarles vidas de por sí nada cómodas. Las citas, los que las tenían, ya se han pospuesto en el tiempo, como si lo más básico pudiera esperar.
Antecedentes
Tampoco es la primera vez, y cuesta pensar que sea la última, que el ámbito social sufre al gobierno de Barcala. Son innumerables las subvenciones, ya sea de la Diputación, de la Generalitat o incluso del Gobierno, que el Ayuntamiento ha dejado escapar, en material social, por errores en la gestión. Cientos de miles de euros en los últimos años que se podían haber quedado en la ciudad, ayudando a quienes más lo necesitan con programas o ayudas directas, y que han vuelto a otras administraciones por pura pasividad municipal.
Así, no sorprende que cuatro años no hayan sido suficientes, pese a los avisos de muchos, para consolidar los puestos de trabajo, que principalmente incluye a trabajadores sociales, e impedir esta salida masiva con consecuencias por ahora imposibles de cuantificar (se desconoce cuándo volverán los profesionales a sus puestos y, por tanto, cuándo se normalizará la atención social).
Desde el gobierno local, en un intento de defender lo indefendible, han asegurado esta semana que Bienestar Social «tiene listo el expediente de contratación» (¡ahora!) y que lo iban a remitir tanto a Recursos Humanos como, posteriormente, a Intervención, para tenerlo todo preparado cuando se firme el nuevo contrato programa, ya anunciado por la Generalitat. Sin embargo, desde la Conselleria de Servicios Sociales, donde no comprenden que el Ayuntamiento no haya consolidado las plazas en estos cuatro años, lo que ha dado pie al despido masivo, no se comprometen a dar una fecha para el abono que permitirá recuperar al personal. Se habla de meses. Una eternidad para muchos alicantinos. Y esta vez, Barcala no tiene el parapeto de Julia Llopis, que tan bien le vino en la anterior crisis en los servicios sociales municipales. No era la concejala. O, al menos, no sólo ella.
Rafa Mas tensiona Compromís en Alicante
No son buenos tiempos para Rafa Mas. Ni en el Ayuntamiento de Alicante, donde se le ve más solo de lo normal, ni tampoco en su formación, donde el pasado jueves recibió un tirón de orejas en respuesta a una actitud habitual que le ha generado problemas de puertas adentro y también ha sido detonante de dos reprobaciones plenarias (una de ellas apoyada incluso por el PSOE) en apenas un mes y de una obligada disculpa pública a una funcionaria municipal para evitar problemas legales.
Al portavoz municipal y uno de los tres coordinadores locales (una figura para contentar a todos, pero que apenas consigue no enfadar a nadie) le han pedido generosidad con Sara Llobell, tras demostrarle (con pruebas) que se dedica a cortar las alas sistemáticamente a su única compañera en el grupo municipal. También que modere sus formas, que han calificado de machistas y que le llevan por otro lado a impulsar una labor de oposición poco creíble. ¿Y cuál ha sido su reacción inmediata? Iniciar una caza de brujas al desvelar este diario el toque de atención.
