Más de ocho años después de que diera comienzo, el ‘caso de Juana Rivas’ ha vuelto a situarse en el centro del debate judicial y social en España. En los últimos días se ha desatado una nueva tormenta mediática y política. El epicentro es un conflicto jurídico que enfrenta a distintos tribunales sobre quién tiene la competencia para decidir si Daniel, el hijo menor de Rivas, debe volver o no con su padre, procesado por maltrato, a Italia. Mientras tanto, el niño permanece en España bajo medidas cautelares.
El último capítulo del caso vino el 9 de enero, cuando la jueza Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Granada, se inhibió, argumentando que el caso no se corresponde con violencia de género, sino doméstica. Esto provocó una oleada de críticas en el entorno de Rivas y de figuras políticas, enfrentándose a su vez al respaldo de más de un centenar de jueces de violencia, que denunciaron una campaña de desprestigio contra su compañera.
Cronología del caso
A principios del mes de diciembre de 2024, el equipo jurídico de Juana Rivas comunicó la presentación de un auto de procesamiento por parte de la Fiscalía italiana contra Francesco Arcuri en el Tribunal de Apelación de Cagliari. Según el escrito de procesamiento, fechado el 14 de noviembre, se le acusaba de «haber maltratado a sus hijos menores, sometiéndoles a violencia física, vejaciones, injurias y amenazas». El hijo mayor de la expareja, de 18 años y residente de España, pidió entonces ayuda. En un vídeo, difundido a los medios de comunicación, aseguró que su hermano mayor «vive con un maltratador» y que «se siente en riesgo de muerte».
El vídeo, según explica el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, se difundió justo cuando Daniel tenía que declarar en Italia. Tras un permiso para que, en vez de ir ella a Italia, Daniel pasara 10 días de vacaciones de Navidad con su madre y hermano en España, por fin llegó al país.
La idea del equipo jurídico de Rivas era conseguir que se quedara en este país. Por eso, el 2 de enero solicitaron ante la Corte de Apelación de Cagliari que el niño permaneciera al «entender que se encuentra en una situación de riesgo». Aseguraban que el pequeño había relatado «que su padre le coacciona y amenaza (obligándole a mentir sobre el maltrato que sufre), para declarar a su favor en el procedimiento italiano».
Medidas cautelares
Entre medias, Rivas y su hijo mayor interpusieron una denuncia en Málaga contra Francesco Arcuri como presunto autor de un delito de coacciones y otro de violencia de género por las comunicaciones que ella estaba recibiendo. Esto hizo que el Ministerio de Interior activara el sistema de alerta máxima en casos de violencia de género.
El 6 de enero llegaba la respuesta del tribunal italiano: como tarde, el día 8 el niño tenía que estar en Italia con su padre. Empezó entonces un trabajo contrarreloj por parte del equipo jurídico de Rivas. Para evitar ese retorno, se personaron en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada. Solicitaron comparecencia urgente y escucha de Daniel. Pero, al no considerarse competente para dictar medidas de protección, se inhibió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la ciudad. Este archivó la causa.
La hora del vuelo del pequeño se iba acercando, así que los abogados de Rivas recurrieron a la Fiscalía. El Ministerio de Juventud e Infancia también intervino en el asunto.
Finalmente, consiguieron que fuera el Juzgado de Guardia el que escuchara al pequeño. Lo hizo de noche. La jueza entendió que el relato del niño era «serio y convincente» a la hora de explicar el «peligro extremo» que sentía sobre su vuelta a Italia. Concedió las cautelares. Conseguían entonces que Daniel se quedara en España. Solo dos días después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que había vuelto a recibir el caso, decidía no hacerse cargo del mismo al entender, entre otras cuestiones, que no se trataba de un caso de violencia de género.
Críticas a la jueza
Fue entonces cuando se desató la tormenta. Poco antes de las ocho de la mañana del viernes, Carlos Aránguez, abogado de Rivas, envió una nota de prensa sobre esta decisión con una valoración sobre la magistrada: «Quédense con este nombre: Aurora Angulo […] que archivó en un cajón la denuncia que cursó Rivas nada más llegar a España, huyendo de su maltratador, el 12 de julio de 2016 […] Es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria».
Cuatro horas y media después, Paqui Granados, asesora de Rivas, publicaba un audio en el que dice que ese juzgado «vuelve a cometer un gravísimo error […] que tiene su causa fundamental en un problema de capacitación de profesionales, como es el caso de su Señoría».
Antes de eso, pasadas las 12 del mediodía, el Ministerio de Igualdad también emitía un comunicado asegurando que en este caso debía «prevalecer el interés superior del menor». «Desde el respeto a la independencia del Poder Judicial y los procedimientos», la ministra Ana Redondo citaba varias normas internacionales por las que se debería escuchar al hijo de Rivas y tener en cuenta su opinión a fin de «garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador».
La exministra Irene Montero iba más allá y calificaba la decisión judicial de Angulo como un acto de «violencia institucional insoportable» contra Rivas y su hijo menor. Consideraba que «le desprotege» y que la jueza encargada «está fuera de la ley», por no atender a su juicio la LOPIVI, que contempla la violencia vicaria como una forma de violencia machista. «Lo que está haciendo esta jueza al inhibirse es negar que este caso sea un caso relacionado con violencia machista», criticaba en declaraciones a la plataforma Canal Red.
Apoyo de los jueces a su compañera
Parte de la judicatura se sintió interpelada. Pasada la una de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitía un escrito suscrito por 107 jueces y juezas de Violencia contra la Mujer de España de apoyo a su «compañera Aurora Angulo». «Cuando se desprestigia a una compañera por su actuación profesional en un caso concreto que es objeto de una enorme atención mediática, se desprestigia en definitiva a todo el sistema judicial», decía el manifiesto.
En él, los jueces también expresaban su «enérgica repulsa hacia la actuación del despacho de abogados que tiene encomendada la defensa» de Rivas. Tiempo después, el Foro Judicial Independiente se adhería al comunicado.
También la Asociación Profesional de la Magistratura defendía en otro comunicado «la independencia de los jueces y magistrados que desempeñan sus funciones» en España. «Las resoluciones judiciales están sujetas a crítica, pero los términos de la nota de prensa [de Aránguez Abogados] resultan de todo punto rechazables por suponer un ataque personal y directo a la juez encargada del caso y a la independencia judicial».
«Las resoluciones dictadas en el seno del procedimiento podrán ser recurridas ante la instancia superior, no siendo admisible en democracia el señalamiento público de los jueces por actos realizados en el ejercicio de sus funciones», añadían.
Qué pasa a partir de ahora
¿Qué ocurre a partir de ahora? En pocos días podría llegar la decisión definitiva desde Italia. Lo más factible es que ratifique que Daniel vuelva con su padre. La polémica ahora también está en si tienen la palabra definitiva.
Para los abogados de Rivas, «es evidente que la protección de un menor español en riesgo que está en territorio nacional español es competencia de los juzgados españoles». «Aunque sea obvio, a los españoles que estamos en España se nos aplica la ley española».
La defensa de Arcuri no dice lo mismo. Su abogado, Enrique Zambrano, menciona el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de responsabilidad parental y sobre la sustracción internacional de menores. Exactamente, el artículo 15. Expone que, como ya indicó el auto de la magistrada Angulo, «la medida cautelar ya ha sido adoptada por el Juzgado de Guardia». «Y ahora le corresponde a Italia decir lo que tenga que decir«, señala.
Para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este reglamento «deja la puerta abierta a denegar el reconocimiento de una resolución de otro estado en materia de responsabilidad parental si la misma fuera manifiestamente contrario al orden público». «El orden público en democracia es el orden público basado en la defensa y protección de los derechos, en este caso, del menor y de su madre», señalaba en su comunicado.
Zambrano lo niega: en el momento en que se pronuncie el Tribunal de Cagliari, asegura, se hará su correspondiente traducción para que se ejecute en España la decisión.
Más allá de Italia, también parece que habrá un problema de jurisdicción y competencia entre juzgados en España. El Juzgado de Instrucción sobre el que se inhibió este jueves el Juzgado de Violencia contra la Mujer ya se ha declarado incompetente previamente. El conflicto de competencias sigue.
