La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez / Fernando Sánchez – Europa Press
La falta de vivienda asequible en España ya no es un lamento global. Es una crisis que afecta a varias generaciones, aunque se esté cebando con los más jóvenes, y que desdibuja el país que deberíamos estar construyendo para las próximas décadas. Este agujero social está cambiando (para mal) la vida a miles de personas que además de estar perplejas y bloqueadas ante la falta de respuestas, votan. Según el calendario político no lo harán este año –ya veremos–, pero votar, votarán. Y es más que previsible, según advierten las encuestas, que su opción en la urna esté muy marcada por la rabia de no tener un techo digno garantizado bajo el que emprender etapa vital.
Los grandes partidos políticos españoles parecen haberse dado cuenta de que esa crisis de la vivienda, que se extiende por toda Europa y se ha convertido también en motivo de desvelo para la nueva Comisión, bulle y les afecta. Así que después de mucho titubear, han decidido meterla en sus agendas. Dedicarle actos e intervenciones de sus dirigentes estrellas. Presentar medidas. Defender estrategias para el medio plazo… aunque la situación no esté para esperas ni intentos de cuadrar círculos de mayorías parlamentarias. Se requiere un pacto de Estado de urgencia, transversal y entre distintas administraciones, dado que la materia está transferida y es de ámbito competencial autonómico.
¿Creen que PSOE, PP y otros partidos van a ser capaces de alcanzar un acuerdo de mínimos e inminente para no condenar a una involución social a una parte del país? ¿Creen que entenderán que de nada sirve pelearse por un modelo de financiación para garantizar servicios públicos que empiezan a tambalearse en las islas u otras zonas turísticas porque, haya o no recursos económicos, lo que no hay es vivienda asequible para ofrecer a profesionales desplazados? Intuyen la respuesta desde el pesimismo y, sin duda, tienen razones para ello. En torno a la Ley del suelo, por ejemplo, no ha habido avances. Los socialistas se vieron obligados a intentar acordarla con los populares porque sus habituales socios, se negaban. No ha sido posible. Todo sigue en bloqueo.
Pero sea por interés sea por pragmatismo, populares y socialistas han decidido impulsar eventos en los próximos días para hablar sobre vivienda. Es una oportunidad de oro para abrir de una vez la puerta a un debate serio sobre la cuestión. Y también un riesgo de generar demasiadas expectativas o enorme frustración. El próximo lunes se celebrará el foro Vivienda, el quinto pilar del Estado del bienestar, que está organizado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez y al que la Moncloa le concede gran relevancia. Contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y está previsto que acudan las patronales y empresarios del sector. Se cuenta con que el jefe del Ejecutivo anunciará nuevas medidas para hacer frente a la crisis, después de haber insistido el diciembre pasado en que es imprescindible una empresa pública desde la que enfrentarla.
Este acto llegará justo después del fin de semana en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá en Asturias a sus presidentes autonómicos para agitar con ellos su propio plan integral de vivienda, con el objetivo de que una vez bendecido en este cónclave sea presentado en el Congreso de los Diputados a modo de alternativa. Y usado como guía por todas las comunidades gobernadas por los conservadores. Los populares consideran que la solución pasa por descartar cualquier medida que provenga del Ejecutivo de coalición –de PSOE y Sumar- y por combatir la okupación, así como por incrementar la oferta de vivienda a un precio digerible con la utilización de suelo actualmente en desuso, además de aprobar paquetes de beneficios fiscales para fomentar la compra de inmuebles.
Mientras se esperan respuestas políticas fiables y realistas para los que habrían de habitar casas, los que las construyen prevén invertir hasta 13.000 millones en el 2025 en España por considerarlo, de momento, un país maduro en el que el sector, funciona. Y piden que haya estabilidad regulatoria. O sea, pactos para que no se impulsen proyectos legislativos que no lleguen a nada en tiempo y forma o que sean impugnados judicialmente por distintas administraciones. ¿Será posible en tiempos de polarización y trinchera? Más pesimismo.
