«Si ocurre algo y la burguesía se vuelve loca, le daremos palo. Intentan algo y nos van a encontrar. No caeremos en provocaciones de nadie». El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró este martes que las fuerzas de seguridad y los colectivos paramilitares están preparados para controlar las calles caraqueñas el próximo jueves, un día antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro. «O son ellos o nosotros», dijo a un nutrido contingente de apoyo al Gobierno de Venezuela. «Ellos no tienen paciencia, se desesperan. Sabemos lo que tenemos que hacer en el momento exacto».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este mismo martes un informe sobre lo que «sabe hacer» el Gobierno frente al conflicto político interno. El texto es lapidario. El madurismo, sostiene la CIDH, ha llevado a cabo una estrategia de «perpetuación» en el poder sobre la base de «prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía».
Tras los comicios del 28 de julio que, según la oposición, fueron favorables al candidato Edmundo González Urrutia, se desató una «represión sistemática, incrementando el terror como herramienta de control social«. La CIDH recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha presentado las actas que validan la victoria de Maduro en las urnas. Esas reticencias son la fuente del malestar social que fue reprimido por el régimen en una «operación» llamada «Tun Tun», que «dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión».
El informe no sorprendió a nadie. El Palacio de Miraflores sabía de antemano que sería desfavorable. La oposición ha dicho prácticamente lo mismo con otras palabras en situaciones anteriores, pero con los mismos números. Sin embargo, su publicación a pocas horas de las manifestaciones a favor y en contra de la toma de posesión de Maduro, adquiere otra relevancia.
Porque la CIDH no solo hizo un balance sobre los hechos represivos durante más de 300 marchas y actos de protesta. Consideró, como lo habían hecho antes el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, que la reelección del presidente carece de «legitimidad democrática», al punto de haber sido proclamado su triunfo «sin ningún tipo de transparencia». La oposición, aseguró el organismo interamericano, se «anticipó» al «fraude electoral» y «recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional» para asegurar la «credibilidad de los resultados de la contienda».
Reacción oficial
El Palacio de Miraflores asegura ser blanco de una política de «intervencionismo» de los Estados Unidos que se acaba de expresar en la recepción de la cual ha sido objeto González Urrutia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde recibió el respaldo de Joe Biden. El excandidato opositor mantuvo a la vez un encuentro con el próximo asesor de seguridad nacional de Donald Trump, el exboina verde, Mike Waltz. La cita con Waltz fue más relevante que su amistosa conversación con un presidente al que solo le restan 12 días en el cargo. El antimadurismo ha comenzado a aceitar sus relaciones con la administración entrante.
«Si se atreven, se van a arrepentir toda su vida. Vamos a defender el palacio y pasar al contraataque. Que sepan que acá hay un pueblo organizado. Hagan lo que ustedes quieran, pero asuman su responsabilidad. Lanzan la piedra y después se esconden», señaló Cabello de cara a las movilizaciones del jueves, que deben desarrollarse no solo en medio de una creciente tensión sino acompañadas de la gran incógnita sobre la posible llegada a Venezuela de González Urrutia.
Planes para arrestar a González Urrutia
La justicia ha pedido su captura y prometió su arresto apenas pise suelo de ese país, acompañado o no por una comitiva de expresidentes de la región. La amenaza parte de un supuesto: González Urrutia no se atreverá a pasar de las palabras a los hechos. Cada facción sobreactúa su voluntad de enfrentamiento sin correr el límite de lo posible. Si sucediera lo no contemplado, el Estado venezolano no tendrá margen para desdecirse. ¿Lo enviaría a la cárcel? El exdiplomático tiene 75 años y escaso roce en la confrontación política. Ese es un argumento que sopesa el madurismo a la hora de descartar la osadía del retorno, al menos esta semana. Sin embargo, lo impredecible puede suceder.
En la antesala de las manifestaciones, Cabello pidió a sus oyentes, pertenecientes a agrupaciones civiles con preparación militar, que juren por la defensa de Maduro y la «perfecta fusión popular, miliar y policial».
Hora de definiciones
María Corina Machado hizo también este martes un nuevo llamamiento a la población para expresarse en el espacio público. La demostración de fuerza, sugirió, debe ser contundente. «¡Llegó la hora de la definición! La prueba de fuego para Maduro, para los pocos apoyos que le quedan y para los gobiernos democráticos del mundo». La dirigente de derechas exhortó a la sociedad a definirse en horas que estiman cruciales. «Tienen que decidir de qué lado están, del lado de la tiranía y la violencia, o del lado de la democracia, la Constitución y el pueblo de Venezuela».
Para Machado, Maduro puede correr una suerte parecida al sirio Bashar al-Asad, a quien Rusia no pudo sostener en el poder frente a la ofensiva rebelde. En este contexto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió terminar con la misión de su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri. El encargado de negocios será la única delegación en Venezuela.
