Primero fue la convocatoria anticipada de elecciones en 2023. Luego, las movilizaciones de los agricultores por toda España a principios de este año. El caso es que la ley que debe combatir el desperdicio de alimentos en España, y reducir su impacto ambiental y la pérdida de recursos económicos, no ha llegado hasta este jueves al pleno del Congreso de los Diputados, donde ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra. El texto aprobado por el pleno será remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, con lo que ya es seguro que no podrá entrar en vigor el próximo 2 de enero, como estaba previsto.
La votación, la primera de una jornada que se prevé complicada en la Cámara Baja, ha servido también para aprobar cambios en el sistema de representación de las organizaciones agrarias, con lo que sindicatos como Unión de Uniones (al que pertenece Unió de Pagesos) podrán formar parte de las mesas de interlocución con el Gobierno. En la tramitación de la ley se ha introducido también la creación de la nueva agencia de la cadena alimentaria, que supervisará la evolución de los precios de los alimentos desde el campo hasta el punto de venta final.
La nueva ley contempla sanciones de hasta medio millón de euros en los casos de infracción más grave para las empresas agroalimentarias y de la hostelería que no reaprovechen los alimentos e incluye dos obligaciones: que los agentes implicados en la cadena alimentaria dispongan de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio y que las grandes compañías que estén en contacto directo con los consumidores firmen convenios con entidades sin ánimo de lucro para la donación de los excedentes. En caso de que los alimentos excedentarios no puedan destinarse al consumo humano, deberán ir, por este orden, a alimentación animal o a la generación de abonos orgánicos y producción de energía.
El IVA de las donaciones
El principal reproche que le han hecho a la nueva ley, no obstante, es que finalmente no se hayan incluido las enmiendas que pedían que los productos que se donan a los bancos de alimentos queden exentos del IVA. «Es una decisión que solo tiene fines recaudatorios», ha lamentado la diputada del PP, Milagros Marcos. Serían, según algunas estimaciones, unos 55 millones de euros anuales los que se ingresarán en las arcas del Estado por este concepto.
Vox, el único grupo que ha votado en contra, ha argumentado que se trata de una norma que no viene más que a sobrecargar a agricultores y ganaderos con sanciones y más papeleo.
Entre las novedades de la ley figura, como han destacado varios ponentes este jueves, el reconocimiento y la regularización del espigueo, una práctica tradicional en el campo, que consiste en recoger el producto que se queda sin cosechar en las fincas, para darle un uso no comercial. A partir de ahora, el espigueo se convertirá en una herramienta para el reaprovechamiento de alimentos, siempre sin ánimo de lucro.
La nueva norma también prevé, por ejemplo, que los contratos públicos deban incluir cláusulas para reducir el desperdicio de alimentos, en el caso de suministradores a comedores escolares, de hospitales o de centros para gente mayor.
La última vez que se analizaron cuántos alimentos se pierden por el camino en España, en 2023, se calculó que se desperdician 1.214 millones de kilos aproximadamente, lo que suponen 1,4 kilos por hogar. Más del 80% de este desperdicio corresponde a productos sin utilizar, que se desechan porque se estropean antes de ser consumidos, sobre todo frutas, hortalizas y lácteos, que suman más del 50% del total de productos sin utilizar. Cuando se miden los platos ya cocinados que acaban en la basura, resulta que los más desperdiciados son legumbres, cocidos y sopas o purés.
