Una de las ramificaciones por las que el juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez tiene que ver con un software que varias empresas desarrollaron para su cátedra. La propia Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como la empresa Indra, se han pronunciad a favor de la mujer de Pedro Sánchez en tanto en cuanto ninguno de los organismos aprecia nada fraudulento y, mucho menos, susceptible de delito por su parte.
La compañía indica que el software se hizo para el centro “con carácter gratuito” y que después de su creación en el año 2022, ni Indra ni ninguna filial participaron en el “despliegue de la primera versión de la plataforma ni en ulteriores desarrollos del producto”.
La nueva documentación del caso proyecta la respuesta de la firma cuando el magistrado preguntó acerca del dinero invertido en la plataforma: un total de 128.443,37 euros sin tener en cuenta el IVA que facturó a una de las empresas del mismo grupo.
«No se la contrató por ser esposa del presidente»
En las últimas horas han saltado a la palestra otras cuestiones que tienen que ver con todo cuanto rodea a Gómez y que, precisamente, juegan a su favor. Una de ellas tiene que ver con sus cuentas bancarias y la otra con su contratación en el Instituto de la Empresa (IE).
En el sentido de lo primero, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha tenido acceso a la relación de cuentas bancarias de la mujer del presidente después de haberla solicitado hace unas semanas a través del sistema que conecta los juzgados con distintas administraciones y entidades: el Punto Neutro Judicial.
La respuesta con la que se ha encontrado el magistrado la conforman once productos financieros, de los cuales cuatro son cuentas bancarias en las que la esposa del responsable de Moncloa aparece como titular. De esas, solamente dos tiene saldo, de 40 euros y 15 céntimos respectivamente,
En lo que respecta a la contratación de Gómez en el IE, hay testigos que apuntan a la inocencia de Gómez en tanto en cuanto ésta no recibió ningún trato de favor en este lugar por ser mujer del presidente. En concreto, la persona que hablo sobre esto fue nada menos que Juan José Guemes, uno de los que fuera hombres fuertes de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.
El que fuera también una de las personas fuertes del PP se mostró muy contundente cuando le preguntaron por este hecho: “No se contrató a la señora Gómez por ser esposa del Presidente del Gobierno”. Tras esas declaraciones, que Peinado cortó en seco, el juez le informó de que estaba imputado.
En su declaración, Güemes destaca que “la relación” entre las partes “se inicia antes de que su esposo fuera Presidente del Gobierno” e indica que conocieron a la imputada en 2017 y que la fecha el contrato no fue hasta 2018, unos meses antes de que se produjera la moción de censura que aupó al líder del Ejecutivo a La Moncloa. Igualmente, apostilla que Gómez presentó “sus credenciales académicas” y “acreditó con su currículum tener experiencia para su trabajo”.
Tras la imputación a Güemes, la Fiscalía recurrió la decisión del juez Peinado de llamarle a declarar de nuevo pero con un abogado, alegando que el magistrado no había “precisado cuál es el delito atribuido ni su presunta participación en el mismo”. De hecho, la resolución con la que el juez le llama a declarar no detalla qué delito se le imputa ni por qué motivo se ha producido un cambio para que él pase de hablar en calidad de testigo a hacerlo en calidad de investigado.
En el documento de la Fiscalía de Delitos Económicos destacan que el que fuera persona fuerte del Partido Popular y de Esperanza Aguirre es el tercer imputado que recibe la condición después de haber sido citado y declarar como testigo; es decir, con la obligación de decir la verdad. Es algo similar a lo que ocurrió con el empresario Juan Carlos Barrabés y con el rector de la UCM Joaquín Goyache. De nuevo se produce en la decisión de Juan Carlos Peinado una “inexistencia de motivación, por sucinta que sea, y de exposición fáctica o argumental”, según el escrito del fiscal.
El juzgado ha incluido dos tomos nuevos de documentación que ha puesto a disposición de las partes en la causa que pretende indagar sobre la actividad profesional de Gómez y si ésta recibió algún trato de favor como intentan demostrar, por el momento sin éxito, Vox y el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias. Hasta este momento, todas las personas que la contrataron tanto en el IE como en la UCM lo niegan.
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