Insuficiente. Poco menos que un parche. Así considera la comunidad universitaria que el equipo de la Comunidad de Madrid, capitaneada por Isabel Díaz Ayuso, haya finalmente aceptado recibir los 169 millones de euros procedentes del Gobierno de España. Por ello, mantienen la calle para este jueves, tal y como confirman fuentes de la concentración a ElPlural.com.
Si bien la responsable de Sol se plegó ante Moncloa y se abrió a que llegasen también a su autonomía -fue la última en hacerlo- las ayudas gubernamentales, la realidad de los centros universitarios es la que es y está muy alejada de la que debiera ser.
De hecho, incluso en su afirmación de suscribir el programa María Goyri por el que el Ejecutivo financiará la contratación de unos 650 profesores para la universidad pública a cambio de que Sol haga lo propio con 435, hay letra pequeña.
O podría haberla, ya que la región anunció que “están trabajando en una propuesta alternativa del acuerdo, que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que pueda ser rubricado por todas las partes lo antes posible”, algo de lo que no se fían del todo en el Ejecutivo Central. De hecho, fuentes del propio departamento aseveran que no están negociando nada.
Pero más allá de eso, partes de la manifestación denuncian el estado de los centros en cuanto a presupuesto, profesionales y otros aspectos. “Es sencillamente vergonzoso”, señalan ante una situación que, lamentan, arrastran desde 2008 y da la estocada, por el momento definitiva, con los Presupuestos Generales de la región para 2025: “Solo se pueden calificar como un ataque directo a la universidad pública”.
Datos concretos
Los sindicatos CCOO, UGT y CGT se refieren a la “devaluación fáctica de lo público” en favor de lo privado. Para empezar, lamentan que actualmente hay 14 universidades privadas aprobadas, y alguna más agendada, a pesar de que muchas de ellas arrastran numerosos informes en contra.
Pero el montante de la cuestión recae en el aspecto financiero a escasos días de la aprobación de las Cuentas Públicas. Sobre ello, algunas de las partes que se manifiestan afean un incremento del 5,84% en 2024 mientras los rectores reclamaban un aumento del 18% de cara al próximo año. “Nos encontramos con un incremento ridículo”, emiten (del 0,9%). “Una cantidad que supone prácticamente el mismo presupuesto que la Comunidad de Madrid destina a la tauromaquia”, emplazan.
Y añaden que esta problemática “no se soluciona con la promesa de incrementar hasta el 4,2% (47,2 millones) el presupuesto de manifestado por la Comunidad el pasado 3 de diciembre”, dado que esta cifra “solo representa el 23,6% de las cantidades reclamadas por las universidades” para poder seguir siendo un motor fundamental en 2025.
De hecho, refiriéndose al IPC real del año que está cerca de quedar atrás y las subidas salariales que se han hecho efectivas en el mismo curso es más bien una reducción del presupuesto. “Confirman la política de abandono y desmantelamiento”. “De hecho, las universidades públicas tendrán en 2025 una subvención nominativa inferior a la de 2009. ¿Dónde está la defensa de la calidad y del servicio público?”, preguntan.
Con más datos sobre la mesa, las razones para salir a la calle parecen más que suficientes. Así las cosas, la Comunidad de Madrid es en la que las familias pagan más de matrícula aún teniendo la capital los precios públicos más elevados del país. Asimismo, Madrid es la que menos parte del PIB per cápita destina a estos centros de todo el país. Si la media se encuentra en el 27,8%; la región se queda en el 13,9%. En la misma línea, si bien queda estipulado que cada comunidad debe destinar al menos el 1% de su PIB a las universidades, Madrid deja su porcentaje en el 0,4%, por debajo también de la media nacional.
En otro orden de cosas, se trata de la región que peor financia a las universidades, con un 21% por debajo de la media de gasto por alumno o alumna, aún estando su renta per cápita un 36,5% mayor que la media del Estado.
Evidentemente, las quejas también alcanzan el plano docente, ya que las y los profesores perciben el menor salario de todo el país. Y también a lo referente a infraestructuras, donde el presupuesto se mantiene congelado desde 2018 en los 7,6 millones de euros. Si bien el actual anuncio habla de una subida hasta los 20 millones, la comunidad universitaria lo considera insuficiente.
Frente a la situación de deterioro, los sindicatos proponen, tal y como han expuesto a este periódico, que la partida presupuestada se incremente en al menos 200 millones de euros, que la región cumpla con lo estimado por ley sobre el PIB, o que se defina un marco de financiación “plurinacional”.
