El magistrado Ángel Hurtado, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por una posible revelación de secretos del que habría sido víctima la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rechaza por el momento la citación de la asesora en Moncloa Pilar Sánchez Acera. En su auto, el instructor señala que, «al estar pendiente de realización la práctica de la diligencia consistente en el informe pericial sobre el dispositivo móvil intervenido al testigo Juan Lobato», le parece «más prudente esperar al resultado de dicha pericia, para, en función del mismo, acordar lo que corresponda”.
La que fuera jefa de gabinete del hoy ministro Óscar López cuando éste era a su vez jefe de gabinete del presidente del Gobierno envió por WhatsApp al exdirigente socialista en Madrid Juan Lobato el e-mail en el que la defensa de González Amador ofrecía un pacto a Fiscalía para evitar llegar a juicio por defraudar a Hacienda. La clave es que lo hizo antes de que el documento fuera publicado de forma íntegra por la prensa. El Colegio de Abogados de Madrid y el Sindicato Manos Limpias, dos de las acusaciones populares personadas en esta causa, habían solicitado que se la citase como investigada.
Los mensajes que se intercambiaron Lobato y Sánchez Acera en la mañana del pasado 14 de marzo, aportados por el primero en un acta notarial que ya cuenta en poder del alto tribunal, acreditan este extremo. El pantallazo con el correo electrónico, seguido del mensaje «cuidado con los datos personales», llega al móvil de Lobato a las 8.29 de la mañana; el primer medio que saca a la luz el documento completo es El Plural a las 9.06.
A partir de ahí se desarrolla una conversación en la que Sánchez Acera le pide que utilice el correo para atacar a Díaz Ayuso durante la sesión de control ese día en la Asamblea de Madrid. Es entonces cuando el ya ex portavoz socialista expresa sus dudas sobre el origen del documento y quiere saber si ya ha sido publicado por los medios de comunicación: «porque si no parece que me lo ha dado la Fiscalía».
De hecho, la investigación judicial va ahora dirigida a aclarar dicho extremo: si el correo de la defensa de González Amador fue recogido de los medios de comunicación que ya lo habían publicado o pudo estar en poder de la asesora del Gobierno como fruto de una filtración desde Fiscalía.
