Una protesta con motivo del 25-N, en Alicante / RAFA ARJONES
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, debemos alzar la voz contra la violencia machista y exigir compromisos claros frente a un problema estructural que afecta directamente a las mujeres por el hecho de serlo. Sin embargo, en la ciudad de Alicante, el compromiso del equipo del gobierno con la igualdad y la lucha contra la violencia machista ha sido desmantelado por el gobierno que encabeza el alcalde, Luis Barcala (Partido Popular).
Desde el inicio de la legislatura, el alcalde ha tomado decisiones que suponen un gran perjuicio a los derechos de las alicantinas. La eliminación de la Concejalía de Igualdad evidencia la falta de responsabilidad que tiene este equipo de gobierno ante la violencia machista. Este acto simbólico y práctico refleja una falta absoluta de interés en promover políticas públicas que garanticen la igualdad y protejan a las mujeres frente a las violencias machistas.
A esto hay que añadir que Barcala ha recortado un 75% el presupuesto en materia de igualdad, una decisión que no sólo es económica, sino un posicionamiento político; toda una declaración de intenciones. Este recorte implica menos recursos para programas de prevención, menos apoyo para las víctimas y menos iniciativas para coeducar. Y sin estas políticas seguiremos llegando tarde. Porque, desgraciadamente, sabemos que, por estadística cada año van a morir asesinadas entre 40 y 50 mujeres por violencia de género en España.
En su lugar, Barcala ha priorizado abrir una oficina antiabortista, una medida regresiva que atenta directamente contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, consolidando un modelo paternalista y opresivo. Ha decidido utilizar, una vez más, los derechos de las mujeres como moneda de cambio en sus negociaciones para aprobar los presupuestos municipales con Vox, un partido que niega la existencia de la violencia machista. Este pacto no solo refleja que el PP se haya escorado hacia posicionamientos de la ultraderecha, sino también su voluntad de ceder en cuestiones tan fundamentales como la vida y la seguridad de las mujeres.
¿Garantizará el Ayuntamiento la continuidad del asesoramiento jurídico para las mujeres víctimas de violencia de género? En estos momentos, ni siquiera hay una respuesta clara.
Las mujeres alicantinas merecemos un gobierno que priorice nuestros derechos y garantice nuestra seguridad, no uno que desmantele los avances logrados durante décadas de lucha feminista.
La igualdad y la erradicación de la violencia machista no son negociables, son deudas democráticas con las mujeres. Por ello, reclamamos al alcalde que recupere la Concejalía de Igualdad y restituya el presupuesto
eliminado. Exigimos que garantice la continuidad de la asesoría jurídica para mujeres víctimas de violencia de género y, en definitiva, que deje atrás las políticas con las que retrocedemos en derechos conquistados.
