El madurismo ha decidido pasar a la ofensiva después de que Estados Unidos declarara a Edmundo González Urrutia como «presidente electo» de Venezuela. Una de las respuestas, más allá del tono indignado del ministerio de Exteriores, fue comunicada este viernes por el Ministerio Público que maneja con puño de hierro el fiscal general Tarek William Saab. La fiscalía anunció que «abrirá una investigación» contra la líder de la oposición, la derechista María Corina Machado, por el presunto delito de «traición a la patria».
Machado había ganado las primarias opositoras en octubre de 2023, pero no se le permitió participar de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Le tocó diseñar la estrategia de confrontación en las urnas y en las calles con Nicolás Maduro, mientras González Urrutia aparecía junto a ella como una figura complementaria. Fue, sin embargo, el candidato de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), cuya victoria electoral es reivindicada por esa coalición, el que partió al exilio español.
La dirigente de Vente Venezuela se quedó en territorio venezolano, aunque su protagonismo en el espacio público comenzó a diluir. Más que arrestarla, la acusación busca forzar su salida del país.
Maduro debería iniciar en menos de dos meses su tercer y controvertido período presidencial sin el aval de Washington ni de la región que, con distintos grados de rechazo, se ha negado a validar su triunfo electoral por la falta de las actas que lo acrediten. A pesar del aislamiento, el Gobierno, que controla todos los recursos estatales, ha decidido pasar a la acción después de que Machado respaldara la sanción en la cámara baja del Congreso norteamericano de la llamada Ley Bolívar. Estados Unidos quiere, a partir de esa normativa, restringir el horizonte de posibilidades comerciales en el exterior del Gobierno.
Para la fiscalía, la Ley Bolívar, es un «adefesio jurídico» que intenta redoblar las sanciones económicas contra el país sudamericano. Machado, sugirió, ha quedado del lado de los verdugos de Maduro al respaldar esa iniciativa, lo que la ha llevado a cometer también el delito de «conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir». La acusación se conoce en momentos que la líder de Vente Venezuela ha restringido sustancialmente sus movimientos. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que las autoridades saben dónde se encuentra la dirigente.
El delito de «traición a la patria» es una muletilla recurrente del Estado. Unas 2000 personas que protestaron en la calle por los resultados electorales han sido objeto de esa imputación. Apenas un 10% de esos ciudadanos ha abandonado la cárcel durante los últimos días.
El pasado miércoles, Nicolás Maduro llamó «ley basura» a la iniciativa promovida por los republicanos y repudió «el intento criminal de poner el nombre de Bolívar a una ley de guerra, sucia y criminal contra Venezuela, en el Parlamento de los Estados Unidos».
