De todas las elecciones que Donald Trump ha hecho hasta ahora para su gabinete, una lista extraordinaria y polémica que constata su intención de crear un gobierno dominado por leales dispuestos a implementar sin cortapisas la radical e iliberal agenda del republicano en su segundo mandato, ninguna ha sido más polémica y explosiva que la de Matt Gaetz como fiscal general.
El ultra de Florida, de 42 años, ha pasado los últimos ocho como congresista en Capitol Hill siendo uno de los mayores adalides de Trump y del movimiento MAGA y uno de los más provocadores, haciendo enemigos incluso entre colegas republicanos, que ahora deben confirmarlo en el Senado como titular del Departamento de Justicia. Pero más allá de con asperezas y acritud, o con la memoria de la sucia campaña con la que tumbó a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja, Gaetz llega a este momento con el lastre de escándalos sexuales por supuestas relaciones con menores de edad y uso ilícito de drogas, que él niega pero que le han puesto en la picota.
Ese equipaje amenaza con descarrilar su confirmación y es algo que busca evitar Trump, que este miércoles envió al vicepresidente electo JD Vance al Senado para mantener junto a Gaetz reuniones con senadores y tratar de reforzar los respaldos. Es algo que Trump también quiere que Vance haga el jueves con Pete Hegseth, el candidato para Secretario de Defensa, también señalado por una acusación de abuso sexual.
Los escándalos
La conducta sexual de Gaetz lleva tiempo bajo la lupa. Ya poco después de que llegara al Congreso tras ser elegido en 2016 el Comité de ética de la Cámara Baja abrió una investigación de conductas inapropiadas como haber compartido con otros congresistas imágenes explicitas de mujeres.
Los problemas más graves llegaron cuando el Departamento de Justicia, durante el primer mandato de Trump y con William Barr como fiscal general, lanzó una investigación mucho más seria que estudiaba alegaciones de que Gaetz había mantenido sexo con una menor de edad. Ya durante la Administración de Joe Biden la investigación se expandió y pasó a incluir sospechas de corrupción pública, posibles violaciones de leyes de campaña y uso ilícito de drogas.
En 2021 un amigo de Gaetz, Joel Greenberg, se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo tráfico de menores, y fue condenado a 11 años de cárcel. Aunque se sugirió que había implicado al congresista, Justicia cerró en febrero de 2023 sus pesquisas sobre Gaetz sin presentar cargos contra él.
Entonces el Comité de ética retomó sus propias indagaciones y este verano ese comité, que es bipartidista, reconoció que seguía investigando a Gaetz con las alegaciones ampliadas de si había tenido sexo con menores y consumido drogas ilegales pero también si había aceptado de forma impropia regalos y si había intentado obstruir las investigaciones del gobierno de su conducta.
El informe
La semana pasada, el mismo día del anuncio de Trump de que lo quería como fiscal general, Gaetz renunció a su escaño, un paso que efectivamente ponía punto final a las pesquisas del Comité de ética, que solo puede investigar a congresistas en activo. Pero eso no ha impedido que crezca el clamor por conocer qué llegó a saber el comité y por facilitar a los senadores el informe que haya preparado, incluso aunque no sea definitivo.
Es algo que debía decidirse en una reunión que el comité, que componen cinco republicanos y cinco demócratas, mantenía a puerta cerrada este miércoles pero el encuentro acabó en bloqueo. Al concluir esa reunión, el presidente del comité, Michael Guest, anunció que «no ha habido un acuerdo para hacer público el informe». No aclaró si se había llegado a realizar una votación o no o si podría haber cambios en el futuro y tampoco dijo si el documento al menos se facilitará de alguna manera a los miembros del Senado que deben confirmar a Gaetz.
Mientras se libra ese duelo entre el Senado y la Cámara Baja, donde el presidente Mike Johnson encabeza los evidentes esfuerzos de blindar a Gaetz de la publicación que podría ser perjudicial, el goteo de información sobre las acciones del nominado no cesa. El abogado de dos mujeres que han hablado con el comité, por ejemplo, ha asegurado en los últimos días que ambas testificaron que Gaetz les pagó a cambio de “favores sexuales«. Una ha dicho que fue testigo cuando el congresista mantuvo relaciones sexuales con otra de 17 años. Las testigos han facilitado además múltiples fotos al comité, que también tiene documentación probando que Gaetz, entre julio de 2017 y finales de enero de 2019, realizó pagos de más de 10.000 dólares a través de Venmo (un servicio similar a Bizum).
Parte del plan de Trump
No es posible saber aún si el nombramiento de Gaetz llegará a someterse a la sesión de confirmación en el Senado, aunque es lo que reclaman muchos republicanos cercanos a Trump, que se oponen a que se haga público el informe del comité y quieren que el candidato a fiscal general pueda explicarse en esas vistas. Tampoco puede dilucidarse aún si, de llegar a ser sometido a la confirmación, Gaetz obtendría los 51 votos necesarios.
Aunque los republicanos han ganado en las últimas elecciones en el Senado una mayoría de 53 escaños frente a los 47 demócratas , hay más de cuatro de los conservadores que por ahora han expresado escepticismo ante Gaetz como fiscal general (y con cuatro en contra bastaría para hundir la confirmación, que se asume que no apoyará ningún demócrata).
Trump, por su parte, es consciente de que el nombramiento de Gaetz peligra. Baraja como una de las opciones presionar al Congreso para que se declare en receso, lo que le permitiría nombrar a sus elegidos sin las confirmaciones de los legisladores, pero es dudoso que los congresistas, ni siquiera ante Trump, cedan ese poder.
El presidente electo, en cualquier caso, está poniendo a prueba la lealtad en su partido y mantiene su apuesta por el conflictivo Gaetz. Este sería al frente de Justicia posiblemente la figura más fundamental en su gabinete, pieza clave en su búsqueda de venganza contra sus “enemigos” o para implementar planes como la deportación masiva, el despliegue del ejército dentro de suelo de EEUU o políticas contra los derechos reproductivos.
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