Cada día que pasa de esta semana saltan informaciones que comprometen al president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a raíz de la DANA, no solo a nivel puramente de gestión, sino también en cuanto a la forma de proceder para la reconstrucción de los pueblos y localidades afectadas tras el paso del temporal.
Las últimas informaciones en esta línea apuntan a que el equipo del líder de la Generalitat concedió otros cuatro millones a empresarios de la trama Gürtel, según ha adelantado elDiario.es. En concreto, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha adjudicado 4’2 millones de euros a dedo a la constructora alicantina CHM Obras e Infraestructuras SA, cuyo presidente, el empresario Francisco Javier Martínez Berna, fue condenado en el marco de la trama de corrupción que golpeó al PP a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales respecto de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y por un tercero de falsedad documental.
El peso de la ley recayó tanto en él como en su hermano, José Martínez Berna, consejero de la constructora. A ambos se les emitió la misma pena tras un pacto de conformidad suscrito en 2018 entre las partes (los empresarios y la Fiscalía Anticorrupción). A ellos, que reconocieron los hechos ante el órgano judicial, se les suma dentro de ese elenco empresarial enfangado por el caso, a Enrique Ortiz -condenado en sendas piezas del ‘caso Brugal’- y a Vicente Cotino -en su caso en la trama ‘Erial’ después de confesar asimismo los hechos-.
El contrato de emergencia adjudicado a CHM Obras e Infraestructuras SA ha sido licitado por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), cuyas instalaciones y equipamientos del puesto del mundo sufrieron el paso de la DANA con mucha fuerza al encontrarse localizadas cerca del ya mediático barranco del Poyo (Paiporta). La misma suerte corrió toda la red de transporte público metropolitano de metro y tranvía.
El conseller, en el documento que resuelve la concesión a la compañía dela familia Martínez Berna para levantar de nuevo el puente ferroviario que cruza el barranco del Poyo, apunta que la constructora está especializada en ese tipo de operaciones y que tiene la capacidad de “iniciar los trabajos de forma inmediata”. Asimismo, añade que CHM Obras e Infraestructuras SA se ocupa del contrato de rehabilitación del viaducto sobre el barranco del Mascarat de la línea 9 de FGV en Alicante.
En el informe sobre la propuesta de aprobación y adjudicación de tramitación por la vía de emergencia, el director gerente de FGV, Alfonso Novo, explica que “el agua desbordada arrasó con la infraestructura e instalaciones de las líneas 1, 2 y 7 a su paso por las inmediaciones del barranco, dejando sin ninguna posibilidad de paso de circulaciones ferroviarias por el tramo”.
Más contratos a dedo y a condenados por corrupción
Con todo, no es el primer contrato que cae del lado de esta constructora, ya que el mismo departamento adjudicó a esta constructora la ejecución de obras de emergencia para la carretera CV-36, de titularidad autonómica, tal y como confirma el mismo medio señalado. Pero en este caso todavía se desconoce el montante.
En la misma dirección, el actual ejecutivo popular ha acudido a los servicios de Becsa S.A., dirigida por Gabriel Alberto Batalla Reigada, quien también confesó los delitos electorales y de falsedad documental. En esta ocasión, en manos de la firma han quedado la reparación de una presa seriamente dañada por la DANA y del tramo de Cheste de la carretera CV-50; aunque se desconoce la cantidad que se otorgó a la compañía.
A Becsa se le han otorgado también contratos de reparación de varias carreteras provinciales después de la tragedia por parte de la Diputación de Valencia, concretamente para la demarcación de Bétera y Serra por un importe de 1,5 millones de euros.
Volviendo a los implicados en la trama, todos los que aparecen en este artículo asumieron multas por un valor global de aproximadamente dos millones de euros para librarse de una condena mayor a los dos años de cárcel, lo que sí habría supuesto el paso por un centro penitenciario. En resumidas cuentas, se corresponde con una cifra muy inferior a los cuatro millones de euros de multa que aceptó pagar Cotino, condenado por la trama corrupta liderada por el expresident Eduardo Zaplana a tres años y cinco meses de prisión como autor de cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.
En lo que respecta a contratación controvertida, también se sabe que el gobierno de Mazón concedió un contrato a dedo y por el procedimiento de urgencia a una empresa para la que trabajó su jefe de gabinete.
