El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que el mantenimiento de la suspensión de un artículo de la Ley Trans regional por parte del Tribunal Constitucional no supone en la práctica «ninguna novedad», pues tanto este como el resto de apartados ya se encontraban suspendidos desde el pasado verano, cuando el tribunal de garantías admitió a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra a esta norma y la referida a las personas LGTBI.
Son palabras del portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada este miércoles ha defendido que la decisión del alto tribunal «no cambia nada». Según el consejero de Presidencia, el texto legal es «absolutamente constitucional» y las modificaciones que está tramitando la Asamblea regional, a raíz de las autoenmiendas presentadas por el grupo parlamentario popular en octubre, son «cambios técnicos» destinados «mejorar y para aclarar algunas cuestiones desde el punto de vista técnico, también basándonos en los informes del propio Consejo de Estado».
Artículos suspendidos desde julio
El Constitucional admitió a trámite el pasado mes de julio los recursos del Gobierno contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid y suspendió varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.
El Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas al considerar que vulneran la Constitución, son contrarios a los derechos fundamentales, suponen una «patologización» de los menores e invaden competencias exclusivas del Estado.
Ahora el TC debía pronunciarse sobre el mantenimiento o levantamiento de esa suspensión porque está próximo a expirar el plazo de cinco meses desde que se interpuso el recurso, ha recordado el alto tribunal.
«No ha habido ningún error»
«En este caso, como digo, no ha habido novedad ninguna, simplemente se mantiene esa suspensión, entiendo que a la espera de que la propia Asamblea de Madrid pueda sustanciar esa modificación que el Grupo Parlamentario Popular produjo hace apenas unas semanas», ha puntualizado García Martín, después de recalcar que el objetivo de la normativa autonómica es «garantizar los derechos de todas las personas«, incluidos los menores, priorizando «a los profesionales» y «dejando a un lado la ideología y el adoctrinamiento«.
Ahondando en esta cuestión, el portavoz regional ha negado que hubiese ningún error en el planteamiento de la Ley Trans, cuya intención ha sido «desde el principio» la de «garantizar los derechos de todas las personas trans, también los derechos de los menores y que pudieran estar acompañados durante todo el proceso» por profesionales del ámbito sanitario, que «son los que tienen un conocimiento mayor».
Según ha insistido García Martín, los cambios introducidos en la proposición de ley registrada en la Asamblea, que, entre otras cosas, limita la obligatoriedad de los informes psicológicos que exigía para el cambio de sexo de los menores, son «cuestiones muy técnicas» que vienen a «aclarar, a clarificar algunos aspectos que estaban introducidos en ese texto y que estoy convencido que van a satisfacer a todas las partes».
La del pasado octubre, que los populares han pedido realizar mediante lectura única para evitar el debate parlamentario, es la segunda modificación a la norma planteada por el Ejecutivo regional. La nueva propuesta limita la obligatoriedad de los informes psicológicos que exigía el texto anterior para el cambio de sexo de los menores, una de las cuestiones más criticada por la izquierda, que consideraba que se volvía a «patologizar» a los más jóvenes cuando la ley estatal ya había eliminado esta parte del proceso.
