Carlos Mazón se la juega este jueves en las Corts. Será su intervención más esperada en el parlamento autonómico desde que está al frente de la Generalitat Valenciana. El líder del PPCV ya ha ido deslizando en las declaraciones de los últimos días que su objetivo es adecuar toda la estructura de gobierno a la reconstrucción. Este será el eje de lo que queda de legislatura.
En esta línea, el jefe del Ejecutivo autonómico tendría en mente la creación de una gran área de gobierno que funcionara como contenedor de todas las competencias implicadas en la reconstrucción. Es decir, tendría como mandato la coordinación de otros consellers en un escalón inferior. Lo que está por ver es el rango y la denominación. Vicepresidencia o comisionado serían soluciones posibles.
En todo caso, las fuentes consultadas aseguran que el cargo ha de visibilizar bien la trascendencia que se da a la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la DANA. Había, señaló la vicepresidenta Susana Camarero en rueda de prensa, «una estructura administrativa para la normalidad» y ahora, agregó, hay que tener una estructura para «adaptarla a la nueva realidad».
Otra incógnita por despejar es el nombre. El más predecible y el que continúa sonando fuerte es el de la Camarero, política de la total confianza de Mazón (ambos comenzaron sus carreras públicas en los gobiernos de Eduardo Zaplana). Camarero ha tenido cargos en el Gobierno de España y en la última semana ha ganado visibilidad y se ha convertido en el rostro del Consell con comparecencias —lleva tres en días consecutivos desde el domingo— para dar cuenta de la evolución de los trabajos sobre la DANA.
En su departamento ya se ha dado un primer cambio que podría significar una pista del aumento de las facultades. Este martes, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) recogió la inclusión de una competencia extra para el área que encabeza: la tramitación de los contratos de emergencia, una fórmula clave para la gestión de una situación que requiere la máxima aceleración posible a nivel burocrático.
Continuar como aforada
Otro de los enigmas a resolver es la dimensión de la remodelación del gobierno. De acuerdo con las fuentes consultadas, Mazón puede apostar por un cambio grande en su ejecutivo. Iría en la línea de presentarse con una imagen renovada antes de llegar al ecuador de la legislatura y desligar al Ejecutivo de la gestión anterior a la riada. Los nuevos consellers siempre podrían decir después que esas decisiones no fueron suyas.
«Estamos hablando del cómo y no del quiénes», remarcó la vicepresidenta, quien remitió estos cambios a después de la comparecencia del jefe del Consell el jueves en las Corts. De hecho, sobre esta, indicó que «es importante contar qué ocurrió el 29 de octubre, el día de la DANA», pero «no es menos importante contar cómo se va a remodelar la estructura del Consejo» para adaptarla a la «nueva realidad».
Salomé Pradas y Nuria Montes son las consejeras más señaladas de las últimas dos semanas. La primera, por su papel el día 29 de octubre, antes y durante las inundaciones. La segunda, por los errores de comunicación en el trato a las víctimas, que han dañado su imagen notablemente, como admiten cargos del PPCV. Está por ver si Mazón prescinde de la titular de Justicia o la cambia de competencias de manera que mantenga el aforamiento —cuestión nada baladí ante la sucesión de demandas— y no quede como la señalada.
Quien parece destinada a un cambio de funciones es la consejera de Hacienda, Ruth Merino, que podría perder su labor como portavoz del Ejecutivo autonómico.
