De madrugada, un terremoto de grado 6,3 en la escala de Richter ha destruido la imaginaria localidad valenciana de Luñol. La devastación es enorme. Una primera consolidación del recuento de víctimas fija el número en 300… Fueron los supuestos de un simulacro sobre los que, entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2014, el Gobierno, la Generalitat Valenciana y la Unidad Militar de Emergencias (UME) quisieron ponerse a prueba y examinar la coordinación entre distintas administraciones del Estado ante la eventualidad de una gran catástrofe. En muchos detalles, aquel ejercicio clava el guión de la desgracia que ha acontecido ahora en Valencia. Pero hay una diferencia fundamental: la Generalitat pedía al Gobierno central la activación del nivel 3 de la emergencia y que asumiera el control de la situación.
Han pasado más de diez años, y faltaba uno para que se pubicara en el BOE la actual Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, pero ya la normativa anterior preveía, como la actual, los niveles, la dirección autonómica de la emergencia y los supuestos para un paso a control estatal. Se partía del hecho de que el terremoto había alcanzado a Luñol (Buñol), Chiva y Cheste. La situación planteada en el ejercicio era de extrema gravedad, hasta el punto de que el gobierno valenciano se veía desbordado en sus capacidades. Era cuando Valencia, con una llamada a Madrid, pasaba del nivel 2 a lo que hoy conocemos como Situación Operativa 3, emergencia de interés nacional.
La Revista Española de la Defensa —órgano del ministerio que hoy dirige Margarita Robles y entonces regía Pedro Morenés con el PP— resumía así la base de aquel simulacro, bautizado Gamma Luñol 2014: «Nada más producirse el terremoto, el conseller de Governació i Justicia activa el Plan Especial frente al riesgo sísmico en la Comunitat Valenciana, declara el nivel 2 y solicita la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias».
Hasta aquí, todo son similitudes con lo sucedido este 29 de octubre. Pero el planteamiento del ejercicio continúa: «La catástrofe es de tal magnitud que, poco después (el conseller), se pone en contacto con el Ministerio del Interior para que declare la emergencia de interés nacional (nivel 3). Es entonces cuando el jefe de la UME —era el teniente general César Muro— asume la dirección y coordinación operativa de la situación canalizando todos los medios del Estado disponibles para minimizar los efectos del seísmo».
Mando central
Ese detalle, la activación del nivel 3, es uno de los vértices en torno a los cuales gira la enconada polémica política suscitada por la catastrófica DANA del 29 de octubre, una de las preguntas sin resolver acerca de la gestión de la tragedia. No se trata, no obstante, de algo que no se hubiera pensado antes, o que no contara con precedentes, al menos en el plano teórico. En aquel ejercicio de 2014, a partir del momento en que Valencia lo pedía y el jefe de la UME tomaba las riendas, el general «en todo momento actuará bajo dependencia de Interior, por delegación expresa de Presidencia del Gobierno», explicó Defensa.
Gamma Luñol 2014 quiso poner a prueba no solo a las fuerzas con las botas sobre el terreno, también al engranaje administrativo y de comunicaciones del Cuartel General de la UME y, con él, al aparato del Estado. Una vez que Valencia pedía la declaración del nivel 3, se implicaban siete ministerios: Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Economía, Agricultura y Educación, además de Defensa e Interior. También se tocó a Protección Civil de las comunidades autónomas de Madrid y Murcia, además de la Generalitat Valenciana. Se puso a prueba también la coordinación con entidades clave: el Consejo de Seguridad Nuclear, Red Eléctrica, Gas Natural, Telefónica, Ferrovial, Tragsa…
Se estimaban alrededor de 100.000 personas afectadas y la destrucción de edificios, la vía del AVE, la NIII y las conducciones de agua, luz, teléfono y gas, así como cuatro complejos industriales con potencial contaminante. Además de los 300 muertos, se contaban 1.500 heridos. Como en el actual, y tan real, drama valenciano, la UME tenía que movilizar a sus cinco batallones de Intervención.
Ficción y realidad
Es llamativo como la ficción de aquel simulacro se asemeja a la realidad de 2024. Como ahora, entonces se previó la puesta en marcha de un Centro de Coordinación Operativa Integrado. Fue un CECOPI que visitó Felipe de Borbón, entonces Príncipe de Asturias, con el director general de Protección Civil —entonces Juan Antonio Díaz—, el presidente valenciano Alberto Fabra, el ministro Morenés, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que hace diez años era otro almirante, Fernando García Sánchez.
Los ejercicios se desarrollaron de la forma más realista posible. En un punto clave reunieron la actuación de bomberos, militares de la UME, personal del 112, sanitarios valencianos y observadores internacionales en el catastrófico escenario en un edificio industrial medio derruido a orillas del Barranco de la Venta de Buñol, entre la A3 y la NIII, junto a una planta cementera. Allí se practicaron rescates, desescombros y evacuaciones.
Vecinos de Buñol, Chiva y Cheste recordarán aquellos tres días de maniobras, pues los requirió el Ejército para hacer de figurantes. Tomaron parte en el simulacro más de 3.000 personas entre civiles y militares, incluidos helicópteros de la Armada y el Ejército del Aire, unidades NBQ del Ejército de Tierra, cuadrillas del Consorcio de Bomberos de Valencia, agentes del laboratorio forense de la Policía, psicólogos de Cruz Roja… La UME hizo prácticas de apuntalamiento de edificios (como hacen hoy, de forma real, en los bajos inundados) y de busca de restos mortales con ayuda de perros en puntos de difícil acceso.
En el complejo educativo de Cheste se instalaron dos puestos de mando: uno de la UME para la dirección de la emergencia, y otro de la Generalitat Valenciana. En torno a ese polígono, y de un campo de refugiados improvisado con tiendas y barracones, se veían cruzarse camiones rojos de la UME con los vehículos del SUMA y la Sanidad de la Generalitat.
Agua y barro en Alicante
Gamma Luñol 2014 no fue la única previsión de la UME de un desastre en la Comunitat Valenciana. El 22 de septiembre de 2016, en el polideportivo de la localidad alicantina de Bigastro, se instaló un puesto de mando ficticio con personal de la Unidad Militar y bomberos de Alicante y Valencia, Guardia Civil, Policía, Confederación Hidrográfica del Segura… Esa vez el supuesto del ejercicio fue un desbordamiento del río Segura que anegaba Orihuela y Bigastro.
Aquel ejercicio fue mucho más pequeño en efectivos e instituciones. Aunque otra vez se veían en el puesto de mando una entidad estatal y otra autonómica, no se exploró nada relativo a cesión de competencias: toda la dirección correspondía a la Generalitat y la aplicación operativa a los militares.
Luñol 2014 —relatan fuentes militares implicadas en el ejercicio— fue el primer simulacro en el que, además de la activación del nivel 3, se contemplaba el momento de devolución de competencias de la gestión de la emergencia: en la jornada tercera de las maniobras —que equivaldría aproximadamente a una semana tres en tiempo real, explican las citadas fuentes—, según se daban por resueltos los problemas urgentes las autoridades autonómicas iban recuperando la transferencia de gestión de servicios esenciales
