La soprano Isabel Rosselló y los empresarios Joan Rosselló y Felipe Ferré, condenados en el caso Scala, se sentaron ayer de nuevo en el banquillo de los acusados en un juzgado penal de Palma, once años después de que la Audiencia Provincial juzgara uno de los mayores escándalos de corrupción política en las islas en el que una trama expolió las arcas públicas mediante contratos amañados, facturas falsas y comisiones fraudulentas hasta lograr malversar ocho millones de euros públicos en la legislatura de Jaume Matas (PP) entre los años 2003 y 2007.
Los tres sospechosos, junto a otras dos personas y sus respectivas sociedades, están acusados de un delito contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. La fiscalía y la Abogacía del Estado ayer retiraron los cargos contra otros tres investigados en el mismo procedimiento, por lo que resultaron absueltos.
En la primera vista del juicio, celebrada ayer, los abogados defensores plantearon sus cuestiones previas. Las defensas alegaron que los hechos han prescrito y que ya han sido juzgados por la Audiencia de Palma en el denominado caso Scala, por lo que lo procedente es la absolución de sus representados.
La fiscal reconoció que existían dudas al respecto, mientras que la abogada jefa del Estado se opuso en rotundo a las cuestiones previas. Según mantuvo, no procede la prescripción ni la “cosa juzgada”, por lo que debería proseguir la vista oral por delito fiscal y falsedad documental. La magistrada del juzgado de lo penal número 7 de Palma resolverá estas cuestiones previas próximamente y decidirá si el proceso continúa o no.
Facturas falsas
La fiscalía acusa a los cinco encausados y sus respectivas sociedades de una serie de facturas falsas de servicios inexistentes que el empresario Joan Rosselló presuntamente se dedujo de forma fraudulenta en la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006.
Según el ministerio público, los gastos declarados cuya deducibilidad la Agencia Tributaria no acepta ascienden a 666.102 euros (más el 16% de IVA, 96.531 euros). Así, los inspectores de Hacienda determinaron que la cuota defraudada al fisco fue de 230.815 euros.
El fiscal mantiene que los hechos constituyen un delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad documental de los que los sospechosos deben responder bien como autores o bien como cooperadores necesarios.
El principal investigado, el empresario Joan Rosselló, se enfrenta a una petición de pena de la fiscalía de tres años de cárcel, multa del triple de la cuota defraudada y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante seis años. En concepto de responsabilidad civil, deberá pagar al fisco la cantidad defraudada: 230.815 euros.
Mientras, la acusación pública solicita para el resto de encausados sendas condenas de un año y medio de prisión, multa del tanto de la cuota defraudada y la pérdida de poder obtener subvenciones o ayudas públicas durante tres años.
Juicio del caso Scala
Esta causa es un fleco del caso Scala. El juicio de Scala supuso la condena más alta a un político de Balears: 16 años de prisión para el exconseller de Comercio, Industria y Energía Josep Joan Cardona (PP) del Govern de Jaume Matas. También fueron sentenciados otros altos cargos. Felipe Ferré fue condenado por la Audiencia de Palma a tres años y tres meses; Joan Rosselló, a un año y un mes; y la soprano Isabel Rosselló, a un año y medio. Estos tres últimos se sentaron ayer de nuevo en el banquillo.
Sus abogados defensores destacaron que los hechos por los que ahora están acusados se refieren a facturas de 2006 que están incluidas en la sentencia del caso Scala, que abarcaba desde 2003 a 2007. “Los hechos ya fueron juzgados. Estas facturas ya estaban incluidas en el caso Scala. Estamos juzgando aquí una falsedad documental que ya se incluyó en el caso Scala y por la que ya fueron condenados”, subrayó una letrada.
La Abogacía del Estado lo negó: “No son los mismos hechos que se juzgaron en el caso Scala. Nosotros hemos excluido esas facturas. Además, no se han devuelto todos esos impuestos”.
Otro letrado expuso que el caso ha prescrito. “El plazo de prescripción es de cinco años. Primero la fiscalía dijo que el delito está prescrito, pero luego no”, indicó. “No se ha dirigido la causa contra nadie. Los investigados no tuvieron conocimiento de los hechos hasta marzo de 2014”, añadió. La fiscal admitió que había dudas sobre la prescripción, si bien la Abogacía del Estado lo rechazó. Según su tesis, el auto de 9 de febrero de 2012, en el que se incoaron diligencias previas, interrumpió la prescripción. El auto, que se remite a la denuncia de la Agencia Tributaria, ofrece una síntesis de los hechos y las personas quedan identificadas, según su versión.
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