Después de una semana de titubeos y amenazas, el PP ha dicho sí y lanzará «una completa ofensiva» contra el Gobierno, lo que se traduce en abrir un conflicto institucional entre Congreso y Senado por la reforma de la ley que beneficia a presos de ETA. Si la presidenta Francina Armengol no rectifica y permite que la norma vuelva a ser votada en el Pleno, los populares elevarán el choque al Tribunal Constitucional.
Así lo ha indicado este viernes la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García. Según ha dicho la senadora, el grupo enviará una solicitud a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de no celebrar el Pleno. Si persiste en su negativa, interpondrán un recurso ante el TC para que sea este el que resuelva el conflicto de atribuciones.
Dicho conflicto es territorio desconocido para ambos bandos. El presidente del Senado, Pedro Rollán, decidió «vetar» este lunes la reforma legal de la Ley 7/2014, que en última instancia permitiría a algunos presos de ETA conmutar sus condenas en Francia y salir antes de la cárcel. El problema es que, a priori, Rollán no tiene competencias para vetar esta ley.
EFE
Aquí radica el conflicto de atribuciones. La Secretaría General del Senado —una especie de abogada de la cámara— asegura que el ardid es perfectamente legal: que una mayoría absoluta de senadores contra una ley puede considerarse un veto. Como mínimo hay dudas sobre esta interpretación, primero porque se trata de un movimiento inédito en Democracia, y segundo porque los populares no habían presentado enmiendas ni vetos durante el plazo establecido.
En cualquier caso, un «veto» del Senado significa que el texto regresa al Congreso de los Diputados. El problema es que, al recibirlo, la presidenta Francina Armengol decidió ignorar este «veto» y envió la ley directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se publicará en los próximos días.
Hubo tres argumentos para defender esta decisión. Primero, que no se había registrado ninguna «propuesta de veto por escrito», como exige el reglamento del Senado (Art. 107.2). Segundo, que la norma se debatió veintiún días después de iniciar su tramitación y no veinte, como marca la Constitución (Art. 90.3). Y tercero, que Pedro Rollán no avisó a los senadores de que se estaba votando un veto, sino que lo dijo al terminar el Pleno.
El PP defiende una interpretación alternativa del mismo reglamento y dice que los argumentos del Congreso son «legalmente débiles». Según fuentes del partido en el Senado, el siguiente paso para sentar el conflicto de atribuciones pasa por enviar «un requerimiento a Francina Armengol» y convocar un nuevo Pleno. Dicho de otro modo, una petición formal (tendrá que votarse la semana que viene) para pedirle que rectifique.
La presidenta del Congreso tendrá entonces un mes para pensárselo y, si no se pronuncia, el PP ha anunciado que elevará el conflicto al Tribunal Constitucional para que lo resuelva. Es la misma amenaza que esgrimieron durante la tramitación de la ley de amnistía, pero al final decidieron retirarla por un precedente desfavorable.
Una cosa es segura: ni el conflicto jurídico ni el choque institucional entre las dos cámaras pueden paralizar la tramitación de la norma. No hay manera de obstaculizar, mucho menos de evitar, la entrada en vigor de una ley que en esencia homogeneizar las penas en los países de la UE, pero que se traducirá en rebajas penales a decenas de presos de ETA.
Según los cálculos de la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, al menos 52 convictos que pertenecieron a la banda terrorista podrán beneficiarse de la conmutación de sus penas en Francia. Siete de ellos podrían salir de prisión antes de que acabe el año.
La estrategia del PP contra la norma se dirimirá en los despachos y en los tribunales, pero tiene su origen en una vertiente política. Esta es, la de intentar enmendar su error parlamentario de hace un mes, cuando votaron a favor de la reforma sin darse cuenta de que rebajaba las condenas de los etarras. Dicha negligencia desató una crisis interna en el partido, pero Génova decidió no depurar responsabilidades.
