Las redes eléctricas son la verdadera columna vertebral para hacer posible la transición energética. Su modernización y su expansión resultarán imprescindibles para integrar el despliegue masivo de nuevas energías renovables y también para poder conectar los grandes proyectos industriales con un alto consumo eléctrico, desde centros de datos a nuevas factorías de gran industria manufacturera que puedan electrificarse o también las futuras plantas de generación del hidrógeno verde.
El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta recién aprobada por el Gobierno con objetivos verdes hasta 2030, ambiciona que la demanda eléctrica se dispare un 45% desde los bajos niveles actuales para hacer viable la avalancha de nuevas renovables, con la meta de que el 81% de la producción eléctrica sea limpia al final de la década. Para conseguir ambos objetivos se debe impulsar más la electrificación de cada vez más sectores económicos y se debe garantizar una red eléctrica suficiente para evitar un caos tanto en la producción como en el consumo de luz.
Los grandes grupos como Endesa, Iberdrola, Naturgy o EDP, que son los dueños de casi todas las redes de distribución eléctrica del mercado español, meten presión al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que accedan a una reforma de la regulación actual para acelerar las inversiones necesarias, para quitar los topes a la inversión que se encuentran ligados a la evolución del PIB y para elevar la retribución que reciben por las inversiones realizadas a través del recibo de la luz. La próxima revisión del marco regulatorio de las redes está ahora en estudio y está previsto que entre en vigor en 2026.
Las propias grandes eléctricas y también la patronal Aelec (que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP) han venido alertando de que sin más y mejores redes eléctricas la transición energética en España es inviable y también denuncian que la falta de capacidad de sus redes de distribución han hecho que se pierdan en los últimos años miles de proyectos industriales en España por la imposibilidad de conectarlos. Hasta el punto de que las grandes distribuidoras han tenido que rechazar una de cada tres peticiones de conexión a sus redes tanto por falta de capacidad para poder atenderla y enchufarla como por el alto coste que implicaría lanzar nuevas líneas ad hoc para un determinado proyecto, que corre a cargo del propio cliente.
Un ‘no’ para uno de cada tres
En los últimos cuatro años, todas las distribuidoras que operan en el mercado español han recibido peticiones para enchufarse a sus redes de proyectos industriales con una potencia conjunta de 55.098 megavatios (MW), y se han visto obligadas a rechazar la conexión a potenciales clientes de proyectos con una potencia de 18.240 MW desde 2020, un tercio del total, según los datos agregados que manejan las compañías del sector y los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
El aluvión de peticiones de conexión y de denegaciones se ha concentrado muy especialmente en los dos últimos años. Sólo entre 2022 y 2023, las distribuidoras recibieron solicitudes de acceso a sus redes para instalaciones de 45.906 MW, y se han rechazado uno de cada tres proyectos dando un ‘no’ masivo a planes con 15.675 MW de potencia en su conjunto.
Desde el sector eléctrico se alerta de una sangría de cientos de proyectos industriales perdidos, especialmente en los sectores de los centros de datos digitales, almacenamiento energético, nuevas industrias, ampliaciones de industrias ya existentes y también redes de puntos de recarga para coches eléctricos. No obstante, desde el sector también se reconoce que no todas las peticiones de acceso a la red tienen proyectos firmes detrás cuando se formulan, y que un mismo proyecto industrial aún en busca de ubicación para implantarse puede pedir conectarse en varios puntos de la red, por lo que una misma potencia solicitada aparece en las estadísticas sumada varias veces. El Gobierno impulsó el a finales del año pasado una nueva regulación para blindar las redes frente al «acaparamiento especulativo» de permisos de conexión por parte de ‘proyectos fantasma’ de energéticas y tecnológicas, a los que se les retirarará los permisos si no demuestran avances en su instalación y perderán también avales presentados como garantía.
Topes a la inversión
El negocio de las redes de distribución (en manos de las grandes eléctricas) y de transporte (controlado por Red Eléctrica) es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica de todos los clientes.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tiene en marcha el proceso para actualizar el cálculo de la retribución que perciben las compañías de distribución, y el Ejecutivo ha hecho lo propio para revisar el tope máximo de inversiones. Actualmente, a Red Eléctrica se le aplica un límite máximo de inversión del 0,065% del PIB (sin contabilizar el coste de las interconexiones internacionales) y el tope para las distribuidoras es del 0,13% del PIB. En total, unos 1.000 millones de tope anual para redes de transporte y en torno menos de 2.000 millones para las de distribución.
Las grandes eléctricas vienen reclamando elevar esos límites de inversión para acelerar el despliegue y modernización de sus redes y también piden elevar la retribución que perciben, que debe revisarse de cara a 2026 y que actualmente está fijada en un 5,6% de rentabilidad. Desde el sector se ve razonable elevar esa retribución hasta el entorno del 7% como en otros países europeos. Asimismo, desde la patronal Aelec se ha venido defendiendo crear una nueva fórmula regulatoria que permita anticipar inversiones, desplegando las líneas antes de que un cliente interesado en esa red.
Las grandes eléctricas reclaman con insistencia poder invertir más en sus redes (y también ser mejor retribuidas por ello) y elevar los topes legales. Sin embargo, el último informe de análisis económico-financiero del negocio de la distribuido elaborado por la CNMC desvela que en los últimos cinco años las compañías no alcanzaron ese límite que piden eliminar. Entre 2018 y 2022, la inversión media ejecutada por las cinco grandes compañías fue de 1.517 millones de euros al año, «por debajo del límite de inversión en todos los años de dicho periodo», subrayaba el supervisor en su informe. La inversión máxima se registró en 2022 y ascendió a 1.722 millones de euros, pero aquel año el tope legal a la inversión para el conjunto de la actividad de distribución fue de 1.837 millones de euros.
El Gobierno se plantea como objetivo general a partir de 2026 y hasta 2030 favorecer que se eleve la inversión en redes de distribución y de transporte para impulsar la electrificación, pero a la vez pretende contener el coste que se trasladaría al recibo de la luz. Entre las alternativas que de manera primigenia se plantea el Ministerio para la Transición Ecológica, aún comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera a la espera de su marcha a la Comisión Europea, se encuentra la elevación del carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del PIB; la modificación de los supuestos que permitirían modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias vinculadas con la transición energética; y el establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo establecido por ley si lo solicitan REE y las grandes eléctricas.
Ampliación urgente de la red de alta tensión
El Gobierno aprobó el pasado mayo una ampliación urgente de las redes eléctricas de alta tensión del país para evitar la saturación en zonas en que se van a instalar grandes proyectos industriales, especialmente las gigafactorías de baterías de coches eléctricos, centros de datos digitales o megaproyectos renovables y de hidrógeno verde.
La revisión del plan de redes eléctricas de transporte activada contempla 73 nuevas actuaciones por toda España que ejecutará Red Eléctrica (REE) y que elevarán el coste total de la planificación hasta los 7.453 millones de euros hasta 2026. Las nuevas obras implican inversiones millonarias y otras modificaciones del plan suponen abaratar algunos costes hasta ahora contemplados, pero al final el sobrecoste neto de la actualización propuesta es de 489 millones euros (168 millones más que en el primer borrador que manejaba el Gobierno).
El Gobierno no quiere cargar en el recibo eléctrico los nuevos costes que generarán los cambios urgentes del plan de redes. Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica pasan por pagar al menos parte de esas nuevas redes eléctricas con fondos europeos para no financiarlo enteramente con los peajes incluidos en el recibo y evitar subir la luz a todos los consumidores. La adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) contempla una partida de 931 millones para la ejecución de la ampliación de las redes eléctricas y que se inyectará a través de financiación directa a REE. Con esos 931 millones de fondos europeos se podrán financiar actuaciones por más de 1.800 millones, ya que se contempla que cubran la mitad de la inversión de cada actuación.
Parte de esos fondos se utilizarán en esta ampliación urgente de las redes y el resto a las obras que se incluirán en la nueva Planificación Eléctrica 2025-2030, un plan enteramente renovado que sustituirá de manera anticipada el actual que se extendía hasta 2026 y cuya tramitación el Ejecutivo activará próximamente.
