Avión de Salvamento Marítimo. / Salvamento Marítimo
En un reciente análisis publicado en los diarios de Prensa Ibérica les proponía una reflexión sobre uno de los temas más relevantes la legislatura por su complejidad y por cómo interpela a nuestras conciencias: la gestión de la inmigración irregular. Hoy vengo a proponerles un prisma diferente desde el que mirar este asunto a raíz de una investigación periodística que me resulta cercana y que revela que Salvamento Marítimo contrató los servicios a una empresa sin medios suficientes de rescate en plena crisis migratoria en Canarias. Seguro que les han venido a la cabeza recientes imágenes de cayucos repletos de miedo y dolor reflejado en la cara de adultos y menores huyendo de una realidad que les asfixiaba. Echando un pulso al océano del que, por desgracia, no siempre salen ilesos.
Las administraciones –y los partidos políticos, especialmente los más grandes- tienen la obligación moral de aparcar rencillas de estar por casa y ponerse de acuerdo en cómo abordar la crisis de la inmigración sin permitir que Canarias o Ceuta entren en colapso por falta de cooperación, solidaridad e iniciativa política. Pero antes de eso hay, si me apuran, otra urgencia: tratar de salvar a los que se arriesgan a morir en el mar, dado que no hemos sido capaces de hallar soluciones globales para que no opten por salir de sus países arriesgándolo todo. O lo que es aún peor: dejando que sus niños se la jueguen en un todo o nada con desconocidos y sin horizonte en una embarcación casi de juguete.
Salvar. Al menos intentarlo. Qué menos. Pero para salvar hay que contar con recursos suficientes y adecuados. Los propios de un país desarrollado e integrado en la Unión Europea. Bien. Pues la investigación periodística de la que antes le hablaba, que están llevando a cabo mis compañeros del vertical económico Activos y el diario canario ‘La Provincia’, ambos de Prensa Ibérica, el grupo editor para el que trabajo desde hace años, ha puesto el foco en la UTE formada por World Aviation y Elit’Alvia Malta, que logró ser la adjudicataria a un precio más que reducido la gestión de los servicios aéreos de emergencias en Canarias, Galicia y Valencia.
Vamos a por los detalles. El 23 de julio del pasado año, Salvamento y Seguridad Marítima, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, otorgó un contrato para realizar servicios aéreos de emergencias y seguridad marítima desde 3 bases a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la compañía de origen malagueño World Aviation y Elit’Avia, proveedor internacional de vuelos con sede en Malta (refugio fiscal dentro de la Unión Europea). Las Palmas de Gran Canaria, Santiago de Compostela y Valencia eran las ubicaciones en las que debían instalarse los trabajadores de unas compañías que, según las pruebas recopiladas en la investigación antes citada, carecen de capacidad para prestar los servicios de vigilancia y rescate en el mar durante 24 horas todos los días del año, tal y como exige el contrato que se adjudicaron.
Y se lo adjudicaron porque fueron los únicos que se presentaron (atentos, que iremos aclarando en este diario en los próximos días las razones) y lograron un contrato valorado en 42 millones por poco más de ocho millones, lo que supone una rebaja del 83% sobre el precio licitado. Hay que tener en cuenta, además, que el informe elaborado por el Comité de Valoración de Salvamento y Seguridad Marítima de las ofertas finales recibidas sobre esta licitación por un año señaló varias deficiencias del consorcio formado por World Aviation y Elit’Avia, otorgándole una puntuación final de 24,5 puntos sobre 60 posibles.
El tema, que tiene mucho recorrido periodístico como van a poder comprobar en las próximas horas, es preocupante. Pero en lo que atañe a Canarias y al fenómeno de la inmigración, gravísimo. «Actualmente, en la base de Las Palmas hay un avión y World Aviation cuenta con una sola tripulación en Gran Canaria», señalan las fuentes consultadas por los periodistas de Prensa Ibérica. Cabe destacar que, según se establece en el pliego técnico de la licitación, cada misión tiene que estar tripulada por un piloto, un copiloto, dos operadores de medios y un técnico de apoyo al vuelo. Así, cuando una tripulación está de guardia, sus miembros deben estar disponibles para volar en el plazo de una hora. Se trata, además del mismo tiempo de respuesta que establece Salvamento Marítimo para ejecutar la orden de movilización, es decir, un aviso para salir al rescate. «La unidad aérea que la reciba tendrá que retirar los calzos e iniciar su movimiento en un tiempo de respuesta menor o igual que 60 minutos», establece el pliego.
Todo esto que les he contado, con la imagen de un cayuco en la retina y la conciencia agitada, afecta más. Todo esto que les he explicado, con la firme creencia de que las Administraciones españolas tienen que obligarse a encontrar soluciones al fenómeno migratorio, priorizando salvar la vida de los que la arriesgan por desesperación, enciende alarmas. Pero el periodismo está para eso: para poner el foco en las zonas oscuras de la realidad que nos rodea. Pues ya les advierto de que esta investigación va a continuar. De que el foco va a dar más luz.
