El ministro del Interior Diosdado Cabello ha exaltado los últimos días la condición de «garantes de la paz» de los organismos de vigilancia y policiales. La Misión de Determinación de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar el caso venezolano dijo lo mismo, pero en un sentido contrario: «Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado».
Para la Misión, encabezada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, si bien la acción de las fuerzas estatales es «una continuación de patrones previos», la represión reciente, «debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano».
Valiñas presentó su informe en Ginebra, pocas horas después de los últimos incidentes marcados por el arresto de dos ciudadanos españoles a los que las autoridades acusan de «terroristas» sin mostrar hasta el momento evidencias que sustenten la acusación. El texto remarca que a partir de los comicios del 28 de julio que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro con holgura aunque no se han presentado las actas que lo acreditaran, el Gobierno le dio un giro a su política de mano dura al llevar a cabo acciones que no son «aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» toda expresión de disidencia.
La ONU comenzó a analizar la situación a fines de 2023 y extendió su análisis hasta agosto pasado. Entre los casos documentados se citan 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares. En plena campaña electoral se contabilizaron 120 detenidos. Otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, entre ellos decenas de menores de edad. Una de las novedades posterior a la contienda es, según el informe, que las autoridades judiciales ya no hacen el esfuerzo de fingir «cierta independencia» del Ejecutivo.
Para el Gobierno, las protestas fueron activadas desde el exterior en una alianza entre organismos de inteligencia y grupos delincuenciales que provocaron disturbios, heridos e incluso muertes. Cabello presentó en la noche del lunes información sobre un nuevo decomiso de armas de origen norteamericano que se suman a las 400 capturadas días atrás.
«La Misión ya había advertido que el Gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora», dijo no obstante la ONU y habló de un «fenómeno» que es «algo nuevo y extremadamente preocupante»
