La promesa de Pedro Sánchez de eliminar las golden visa sigue, como muchas otras cosas, atascada en el trámite parlamentario. El jefe del Ejecutivo anunció a bombo y platillo la medida el pasado 8 de abril y, desde entonces, no ha logrado llevarla a término.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, elevó un informe al Consejo de Ministros para modificar la ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización aprobada en 2013 por el Partido Popular, que permite obtener el visado de residencia a extranjeros no comunitarios que inviertan más de 500.000 euros en vivienda en España.
Para cambiarla, los socialistas optaron en julio por introducir una enmienda en la tramitación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia. Fuentes parlamentarias aseguran que el trámite de esa norma se está alargando, ya que se presentaron más de 1.000 enmiendas a la misma.
El Ejecutivo optó por ese cauce extraordinario (una norma sin relación con el cambio) después de que fracasara la opción de incluirla en la reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno decidió que retirar in extremis en mayo para evitar una anunciada derrota parlamentaria, que iba a ser la segunda en apenas 48 horas.
De momento, la enmienda en cuestión no se ha incorporado al informe de la ponencia, por lo que tampoco es posible atisbar una fecha para que la norma reciba el visto bueno de la Cámara y surta efecto. Todo, siempre que cuente con los apoyos necesarios para prosperar ante un panorama parlamentario muy fragmentado que condiciona cada votación.
«Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo», dijo Sánchez, como uno de los grandes anuncios en la materia. Según informó El País, el planteamiento es que se deroguen todos los tipos de golden visa y no solo los vinculados a la compra de casas, sino también aquellos que se entregan si se realiza una inversión en empresarial.
Por ejemplo, se concede también si se hacen inversiones por un valor igual o superior a dos millones de euros en títulos de deuda pública; o por la misma cantidad o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras del país.
Visados dorados en auge
El departamento de Isabel Rodríguez informó de que desde que se aprobó la ley en el año 2013, se han concedido 14.576 golden visa ligadas a inversiones en bienes inmuebles. Aunque en los últimos años se han disparado. Si en 2020 fueron 632, en 2021 alcanzaron las 997; en 2022, las 2.017; en 2023, las 3.273 y hasta febrero de este año se habían concedido 426.
La mayoría de ellas se dan a ciudadanos de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Y las principales provincias que concentran este tipo de inversión son Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. En ellas se aglutina el 90% de las autorizaciones concedidas en todo el territorio nacional.
Por ejemplo, las adquisiciones de viviendas ligadas a inversiones previstas en la ley ahora pendiente de modificación han llegado a representar hasta el 7,1% del total de las compraventas de vivienda anuales en Marbella y el 5,3%, en Barcelona. También se alcanza el 10% en algunos municipios de Baleares.
«Favorecen la especulación»
Según defendió Rodríguez, este tipo de inversiones «tensionan mucho el mercado, incrementan el precio de las casas y favorecen la especulación». En el documento de propuestas para la negociación de los Presupuestos presentado este lunes por Sumar, el socio de coalición del PSOE en el Gobierno, incluye precisamente la petición de eliminar las golden visa.
El Gobierno también aprovechó la modificación de la ley de justicia para introducir un cambio en la ley de la Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios tengan capacidad para decidir si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en sus bloques.
