Venezuela advirtió este martes a España a través de su ministerio de Exteriores que «no tolerará una escalada en las agresiones e injerencias» de Madrid, mientras que la Asamblea Nacional (AN), controlada por el madurismo, presentó al mismo tiempo un proyecto en el que insta al Gobierno a «evaluar» la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países.
«El desconocimiento de nuestras instituciones constitucionales es una línea roja. Nuestro país está listo para tomar acciones que resguarden su soberanía», dijo el canciller Yván Gil en Telegram al informar sobre una conversación telefónica con su homólogo su José Manuel Albares en la que el ministro español pidió confirmar la identidad de los dos españoles detenidos en Venezuela, así como conocer su paradero y de qué se los acusa concretamente.
El presidente Nicolás Maduro y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificaron de «terroristas» a Martínez Adasme y María Basoa, detenidos el pasado sábado. Pese a las desmentidas españolas, Cabello dijo también que forman parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo al que involucró sin presentar pruebas en una conjura contra el Palacio de Miraflores junto con Estados Unidos.
«Hemos desmantelado y develado un plan terrorista, que buscaba atentar contra el pueblo, asesinar al presidente, vicepresidenta y otros funcionarios, dirigido por un militar activo estadounidense y con implicados de origen español que han sido señalados públicamente por nuestro Ministerio de Interior, Justicia y Paz», dijo Gil. Y añadió: «Deseamos que el Gobierno español rectifique inmediatamente, condene el terrorismo sin ambigüedades y asuma los compromisos que le corresponden en el marco del derecho internacional».
La propuesta del Parlamento
En este contexto, la AN dejó en manos de Maduro la ruptura de relaciones con Madrid. El documento insta al Ejecutivo a que considere, «en un tiempo perentorio» tomar esa medida «como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición» del Congreso español contra «la constitucionalidad venezolana» al pedir al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, que reconociera a Edmundo Gozález Urrutia, exiliado en la actualidad en España, como el legítimo presidente electo el pasado 28 de julio. La legislatura que encabeza Jorge Rodríguez, uno de los más estrechos colaboradores de Maduro, exhortó a su vez a los parlamentarios españoles a «respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió, soberanamente» a Maduro como mandatario por segunda vez.
Rodríguez ha sido el promotor del texto en el cual se exige que «todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato».
La AN escuchó también este martes a Cabello repetir su relato sobre los españoles arrestados sin ofrecer ningún detalle adicional.
Un estilo recurrente
Los argumentos oficiales son escuchados en Caracas entre la perplejidad y el descreimiento por parte de la oposición, entre otras razones porque, señalan, repiten un patrón ya conocido en otros momentos de tensión política. En varias situaciones marcadas por el enfrentamiento interno, los servicios de inteligencia suelen descubrir acciones desestabilizadoras provenientes desde el exterior. La fabulación, la conjetura y la verdad son a veces difíciles de distinguir. En mayo de 2020 tuvo lugar la llamada Operación Gedeón, un intentó de introducir desde Estados Unidos una unidad paramilitar. El intento fue neutralizado y murieron seis atacantes.
Sin embargo, en otras oportunidades, las denuncias estatales funcionaron como cortinas de humo. El propio Cabello llegó a simular un furtivo encuentro con Juan Guaidó cuando el diputado se autoproclamó «presidente encargado», en enero de 2019, con el respaldo de Donald Trump.
Desde hace meses, el Gobierno viene negando la existencia del grupo criminal Tren de Aragua. Sin embargo, esa facción surgida de las cárceles venezolanas y extendida por Colombia, Perú y Chile, volvió a reaparecer, ahora aliada con la CIA, a partir de las protestas que tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones y en rechazo al resultado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En ese sentido, los analistas no pasan por alto que este úlimo incidente viene precedidos por el exilio de González Urrutia en Madrid y el pedido del Gobierno al CNE que permita una revisión independiente de las actas que dieron la victoria a Maduro. Washington, en tanto, sancionó a 16 funcionarios electorales y militares por el «fraude» en las urnas y la posterior represión.
