Cuanto más sencilla y directa, mejor. El grupo de investigadores del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Cataluña que trabaja en el desarrollo de una nueva etiqueta ambiental, por encargo de la Unión Europea, tiene muy clara esta premisa. «El comprador no tiene tiempo que perder y se le ha de dar información sintética, que pueda comprender de un vistazo», detalla Ralph Rosenbaum, jefe del equipo, que participa en este proyecto junto a científicos franceses, neerlandeses y alemanes. El objetivo es crear un distintivo que informe a los consumidores del impacto ecológico que tienen los alimentos, desde la preparación para la producción hasta que se convierten en residuos o son reaprovechados. Algunos países, como Francia, ya han anunciado que la implantarán a partir del año próximo. En España es, de momento, una de las cuestiones que está sobre la mesa de quienes redactan la futura Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), según ha informado el Ministerio de Agricultura y Alimentación a este diario.
La redacción de este plan gubernamental, cuyos trabajos empezaron el pasado 22 de julio, entronca con la Agenda Estratégica 2024-2029 de la Unión Europea, pactada el 27 de junio por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y que incluye, entre sus objetivos, la soberanía alimentaria. El programa se fundamenta en seis ámbitos: seguridad alimentaria, sostenibilidad (que es en el que se podría inserir el proyecto de la ecoetiqueta ambiental), revitalización de las áreas rurales, nutrición y salud, innovación y tecnología y consumo. El propósito es que el primer borrador del texto esté listo en marzo de 2025.
El nuevo etiquetado tendrá en cuenta los diferentes impactos que la producción alimentaria tiene en el cambio climático, desde el uso del agua que hace cada uno de ellos durante su producción, sus efectos sobre la biodiversidad o cómo actúa en la degradación de los suelos. «Son una veintena de indicadores los que se están cruzando», explica el investigador Rosenbaum, que confía en tener una propuesta armonizada en 2026, de manera que todas las partes implicadas, desde los gobiernos hasta la industria agroalimentaria, puedan estudiarla y, llegado el caso, pactarla durante 2027.
Un paso por delante
El Gobierno francés se ha adelantado a Bruselas y, después de tres años de trabajos previos, ha anunciado que la nueva etiqueta ‘ecoscore’ entrará en vigor el año que viene en ese país de manera voluntaria. En 2026 podría ser ya obligatoria. En su caso, el distintivo tiene en cuenta un total de 16 criterios de impacto del análisis del ciclo de vida del producto (cambio climático, agotamiento de recursos, consumo de agua, eutrofización) complementados con criterios que promueven la preservación de la biodiversidad (infraestructuras agroecológicas, diversidad de cultivos o condiciones de reproducción), según informa el Ministerio de Transición Ecológica galo.
En Bélgica, una gran cadena de supermercados ha desarrollado también su propio modelo de ecoetiqueta ambiental, vinculado a las tarjetas de fidelización de los clientes, de modo que los compradores que adquieren más productos verdes, obtienen más puntos. También la distribuidora alemana Lidl están barajando utilizar un distintivo ecológico para sus productos de marca blanca, tras haber detectado, a través de encuestas internas, que los consumidores están interesados en conocer la información ambiental de lo que comen.
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