Las comercializadoras eléctricas han mostrado su rotundo rechazo a la propuesta del Gobierno de prohibir las llamadas telefónicas comerciales y de contratación de luz, salvo petición expresa del cliente, porque consideran que es una medida desproporcionada, supone un evidente obstáculo al ejercicio de la libre competencia y perjudica al consumidor.
El Ministerio de Transición Ecológica quiere poner fin a estas llamadas para acabar, según argumenta, con malas prácticas para captar clientes y lo ha recogido en una propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluido en un real decreto, cuya fase de exposición pública acaba este viernes.
Desde el sector de comercializadoras se han preparado alegaciones al constatar que esta normativa atentaría “gravemente” a la libre competencia del sector eléctrico, suponiendo además la consolidación de la cuota de mercado de grandes eléctricas verticalmente integradas –en torno al 90% del mercado– y un claro perjuicio para el consumidor, limitando una vía de acceso a optar a alternativas de precios y ofertas de otras compañías que podrían aliviar su economía doméstica.
Recuerdan que en junio de 2023 entró en vigor una normativa –recogida en el Ley General de Telecomunicaciones– más protectora para el consumidor y que ya establecía su derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales salvo consentimiento previo. Además, el consumidor tiene la opción de inscribirse en la lista de exclusión publicitaria (Lista Robinson) o ejercer sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.
Fuentes consultadas afirman que no tiene sentido tocar la normativa un año y poco después, exigiendo ahora una petición expresa, porque no ha habido de tiempo de ver resultados y además pone en jaque una vía de captación y canal de comunicación con clientes importante para muchas comercializadoras independientes.
El Gobierno ya prohibió la contratación de luz y gas en domicilios y ahora contempla esta nueva prohibición atendiendo a informes de la CNMC, que ha constatado deficiencias y abusos en estas prácticas comerciales y de contratación.
En este sentido, desde el sector se hace hincapié en que las quejas deben ponerse en contexto al volumen de clientes existentes en el mercado y añaden que el organismo regulador tiene una percepción que no refleja la situación real. Están de acuerdo en supervisar y fomentar un proceso transparente que redunde en la confianza del consumidor.
También se refieren a la contradicción que consideran que implica el hecho de que este organismo público, que debe velar por el grado de competencia del sector, defienda una medida que, a juicio de estas empresas va en dirección opuesta, ya que entienden que está encaminada a beneficiar a los grandes grupos dominantes del sector energético en España. Las comercializadoras reclaman que esta medida se justifique y motive debidamente, ya que sostienen que los efectos de su eventual aplicación son muy negativos con relación a la libre comercialización en el sector eléctrico.
