El nuevo director de la Agencia Antifraude Eduardo Beut ha cesado a la número dos y al número tres de la entidad por desatender su trabajo al colaborar con la justicia en la elaboración de informes periciales para la Fiscalía Anticorrupción. Beut, que fue elegido el pasado 15 de julio gracias a la mayoría del Partido Popular y Vox en las Cortes, tomó posesión el 23 de julio. Tras un periodo vacacional, apenas ha tardado unos días en comunicar el cese a Teresa Clemente, directora adjunta de Antifraude y jefa de asuntos jurídicos y a Gustavo Segura, director de investigación de la agencia y el otro aspirante para dirigir la Agencia.
Tanto Clemente como Segura eran estrechos colaboradores de Joan Llinares, el exdirector de Antifraude que extinguió su mandato de siete años al frente de la agencia el pasado mes de mayo. Gustavo Segura también era el candidato que apoyaban las organizaciones ciudadanas que tienen experiencia acreditada en la lucha contra la corrupción y que, según la ley de creación de la agencia, podían aportar candidatos a dirigir la entidad, que se ha convertido en un referente en el resto de agencias antifraude de toda España. Así Segura optaba a dirigir Antifraude avalado por la Fundación por la Justicia, Acción Cívica contra la Corrupción y el Observatori ciutadà contra la corrupció (que agrupa alrededor de media docena de entidades).
Y precisamente la lucha contra la corrupción había convertido a la Agencia Antifraude en una aliada de la Fiscalía Anticorrupción en la elaboración de periciales en diversas causas ya juzgadas como el caso Erial que juzgó a los expresidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, y está pendiente de conocerse la sentencia. También en el caso Taula y el caso Azud. Una función prevista en la ley de creación de la Agencia Valenciana Antifraude, que prevé en su artículo quinto que puede ser «un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida«.
De hecho, esta posibilidad reflejada además de la ley de creación de la Agencia Antifraude, el reglamento y las normas internas, también se había materializado en la firma de un convenio con la Fiscalía General del Estado para que los organismos antifraude apoyaran «al Ministerio Fiscal mediante dictámenes, informes u otras actuaciones técnicas que sean necesarias». Una competencia que parece que molesta a la nueva dirección ya que entre los motivos que justifican el cese de Clemente y Segura se considera que ambos han excedido sus competencias al colaborar con los órganos judiciales y, «especialmente», la Fiscalía Anticorrupción, según ha podido saber Levante-EMV (del mismo grupo que INFORMACIÓN) de fuentes conocedoras de los hechos.
Tanto Teresa Clemente como Gustavo Segura son funcionarios de carrera, un requisito que se exigió al crear la Agencia Valenciana Antifraude para garantizar la independencia de sus componentes, por lo que su cese supone que volverán a su anterior puesto de trabajo o podrán buscar un nuevo destino como alta funcionaria de la Generalitat, en el caso de Teresa Clemente, o como interventor, en el caso de Gustavo Segura. Este periódico intentó recabar la versión de ambos ceses por parte de la dirección de Antifraude pero declinaron realizar ninguna declaración y derivaron a una futura rueda de prensa todas las explicaciones de la nueva etapa en la Agencia Valenciana Antifraude.
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