El Gobierno se lanza a una actualización total de la regulación de la contratación del suministro eléctrico y de la protección de los clientes de luz. La legislación actual está repartida en media docena de normas (algunas aprobadas hace dos décadas y que se han quedado anticuadas) y el Ejecutivo quiere acabar con esta dispersión y unificar la normativa en un reglamento general de suministro y contratación del servicio eléctrico, estableciendo las condiciones para la comercialización y protección del consumidor para adaptarlas a la nueva realidad del sistema energético.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha abierto un proceso de consulta pública para elaborar un nuevo real decreto aglutinador y con el que pretende impulsar una revolución en muchos aspectos de los contratos de la luz para millones de clientes, de los derechos de los consumidores y de las obligaciones correlativas de las comercializadoras eléctricas y de los gestores de las redes.
Agilizar cambios de compañía y tarifa
La propuesta del Gobierno contempla una mejora de la protección de los consumidores, con medidas para agilizar los cambios de compañía (obligando a que se realicen a partir de ahora en un plazo máximo de dos semanas y de sólo un día a partir de 2026) y también de tipo de tarifa del mercado libro y regulada; impidiendo que las eléctricas apliquen penalizaciones a los clientes por rescindir sus contratos; o haciendo posible que los contratos de tarifa regulada puedan subrogarse directamente a otro usuario, algo hasta ahora no contemplado y que puede ser útil en caso viviendas de alquiler.
Las compañías eléctricas estarán obligadas a disponer de un servicio totalmente gratuito de atención al cliente y también se insta a las comercializadoras (de momento será voluntario para las empresas) a crear la figura de defensor del cliente, un mecanismo adicional de protección al consumidor cuyas resoluciones serán vinculantes para la empresa en caso de discrepancias en la facturación de los servicios contratados y cuyas actuaciones serán supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
En paralelo, el borrador del real decreto obliga en los casos de corte de suministro por impago de clientes particulares a reponer el servicio en menos de doce horas desde la acreditación del abono de la deuda y en todo caso un máximo general de 24 horas; se confirma la imposibilidad de cortar la luz a los consumidores esenciales y se faculta a las comunidades autónomas y ayuntamientos a identificar a esos consumidores esenciales; y en caso de corte de suministro injustificado o erróneo, el consumidor será compensado por una cantidad equivalente al doble de los derechos de enganche vigentes.
Más de un contrato a la vez
El Ministerio para la Transición Ecológica pretende que la nueva regulación contemple la posibilidad de que un consumidor puede tener más de un contrato de suministro de forma simultánea, siempre que el cliente no esté acogido a la tarifa regulada del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y que ambas contratos no coincidan en un mismo periodo de liquidación (esto es, se da la posibilidad de cambiar cada hora y en un futuro cada 15 minutos).
Esta posibilidad de recurrir a distintas compañías para contratar el suministro de electricidad en cada hora del día está concebida se permitirá a todos los consumidores, también particulares, pero está concebida fundamentalmente para grandes clientes empresariales, según apuntan desde el Ministerio. Y es que la nueva normativa da la posibilidad de contratar con varias comercializadoras eléctricas y también contratar una comercializadora y a la vez acudir a comprar la electricidad directamente en el mercado mayorista, algo que sólo harán grances consumidores empresariales.
El Gobierno también pretende establecer nuevas obligaciones a las compañías eléctricas que sirvan de garantías para los clientes. Las comercializadoras del mercado libre de mayor tamaño (con más de 200.000 clientes) estarán forzadas a ofrecer contratos con precios dinámicos en función de la evolución de mercado de la electricidad siempre que el consumidor final disponga de un contador inteligente. Actualmente algunas compañías del mercado libre sólo ofrecen tarifas con precios fijos de la electricidad revisables anualmente, pero ahora estarán obligadas a dar la opción a los clientes de tener precios dinámicos y cambiantes, en principio, cada hora.
Asimismo, las comercializadoras estarán obligadas a comprar previamente la energía equivalente al 90% del consumo estimado de todos sus clientes cada mes para evitar que haya eléctricas que no tengan garantizado con anterioridad poder suministrar la inmensa mayoría de la electricidad comprometida con sus clientes. En paralelo, tanto las compañías de redes eléctricas (la de transporte de REE y las de distribución de Iberdrola, Endesa o Naturgy) como las comercializadoras de luz deberán de informar a los consumidores de las interrupciones de suministro programadas con al menos una antelación de 24 horas y pedir la autorización obligatoria al menos 72 horas antes, sin que en ese plazo se contabilicen sábados, domingos y festivos.
Acceso centralizado a los datos de consumo
La nueva legislación propuesta por el Gobierno pretende también reforzar los derechos de los consumidores en relación a la información asociada a su punto de suministro. La norma regula el sistema de información de puntos de suministro (SIPS), la base de datos de la que dispone el gestor de cada red de distribución en la que se recoge toda la información técnica, comercial y de consumo asociada a cada punto, pero manteniéndose la confidencialidad de los datos personales.
Esta información en manos de las propias distribuidoras debe estar siempre completa y actualizada, disponible de manera gratuita para el propio consumidor y algunos datos también estarán a disposición de la CNMC, las comercializadoras y los agregadores independientes de manera gratuita. Los clientes pueden prohibir por escrito el acceso a sus datos por parte de terceros.
Pero los planes del Gobierno pasan por ir un poco más allá y se pretende impulsar que el operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica de España, REE) ponga en marcha un sistema de la gestión de la información con un único punto de acceso centralizado de los datos de todos los clientes finales, tanto para que puedan consultarlos los propios consumidores como para que lo hagan CNMC y comercializadoras. El Ministerio para la Transición Ecológica tendrá que aprobar, después de que el real decreto esté en vigor, una orden ministerial específica para desarrollar y poner en marcha esta modalidad centralizada de los datos (datahub).
