Mañana se cumple un año desde que el Gobierno de Canarias declarara la emergencia migratoria en las Islas Canarias. Las previsiones entonces no eran nada halagüeñas. Y no se equivocaban. Desde el 1 de agosto de 2023 hasta ahora han arribado 52.876 personas, jugándose la vida a bordo de barquillas precarias que zarpan desde la costa africana con el fin de llegar a Europa a través del Archipiélago. Entre ellas viajaban 9.984 niños y adolescentes, que lograron sobrevivir a la mortal ruta canaria de las migraciones. Según datos del Gobierno de Canarias, en el último año, 9.097 menores se embarcaron sin el respaldo de un familiar adulto y otros 887 llegaron acompañados. Así, el 91% de la infancia migrante abandona su país de origen sin el apoyo de un adulto de referencia.
La emergencia ha permitido agilizar los trámites burocráticos y las contrataciones necesarias para dar respuesta a una crisis humanitaria que ha batido todos los récords y que, más que previsiblemente, lo seguirá haciendo en los próximos meses. Según las estimaciones que el Ministerio del Interior ha compartido con el Ejecutivo canario, en los próximos cinco meses podrían llegar a las Islas otros 60.000 migrantes y unos 10.000 serían menores de edad no acompañados.
La atención de estos niños es la principal preocupación del Gobierno regional, que lleva meses soportando la tensión de acoger sin ayuda estatal a más de 5.500 menores. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, firmó el 27 de septiembre de 2023 la declaración de la emergencia social desde el 1 de agosto de ese mismo año, ante la difícil situación de los niños y adolescentes que permanecen en los recursos alojativos, «hasta que se pueda disponer de una red de centros que permitan hacer frente a una situación de emergencia de protección civil de larga e incierta duración».
La llegada de infancia migrante se agrava
De los 9.097 jóvenes que a su llegada al muelle fueron decretados como menores de edad, algunos han ido saliendo del sistema de protección de las Islas a lo largo de estos doce meses porque han cumplido la mayoría de edad, se han reunificado con sus familiares en algún punto de España o Europa o porque han sido derivados a otras regiones. La llegada irregular de niños, lejos de reducirse, se ha agravado con el paso del tiempo. En 2019, apenas arribaron 587 menores; en 2020, la cifra se triplicó, con 1.961; en 2021, se registró el dato más alto hasta entonces, con 2.829 llegadas; en 2022, fueron 1.713; y solo en los meses de agosto y septiembre de 2023 llegaron 1.112. La red de acogida del Archipiélago está actualmente a un 300% de su capacidad alojativa y cuenta con 80 centros, medio centenar de ellos abiertos en el último año.
La elevada tensión del sistema y la falta de colaboración del Gobierno central y del resto de las comunidades autónomas ha llevado a Canarias a activar un plan de choque que permitirá reforzar la atención inmediata de los menores. Ayer, amparado en la declaración de emergencia migratoria, el Consejo de Gobierno aprobó la incorporación urgente a la plantilla de 39 personas –19 trabajadores sociales y 20 administrativos– a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias. El fin de esta medida es acelerar la tramitación de los expedientes de los niños migrantes. Además, tendrán que preparar el sistema de atención para responder ante la llegada de más menores a lo largo de los próximos meses.
Documentación, reunificación, traslados y protección internacional
La situación excepcional de estos niños determina la necesidad de reforzar el equipo responsable de tramitar su documentación, las comunicaciones a la fiscalía, las reunificaciones familiares y el seguimiento social, así como el traslado a la península u otros territorios de la Unión Europea o los expedientes para solicitar protección internacional, según detalla la Consejería. Este plan de choque, que se desarrollará en lo que resta de año y durante todo 2025, cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros (582.000 euros desde agosto a diciembre de 2024 y 1,2 millones para el próximo ejercicio).
La ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias no permite nombrar funcionarios interinos o personal temporal y sustituto, aunque sí contempla esa posibilidad en «casos excepcionales», para atender «necesidades urgentes e inaplazables debidamente justificadas, siempre que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria». El Consejo de Gobierno adoptó este acuerdo amparándose en que la normativa admite que este tipo de nombramientos para ejecutar «programas de carácter temporal que tengan por finalidad hacer frente a siniestros o catástrofes, o a situaciones críticas de carácter social o sanitario».
La declaración de emergencia busca garantizar la seguridad, bienestar y protección de sus derechos fundamentales de la infancia migrante. Así, Bienestar Social alegó hace un año que esta medida facilitaría la coordinación entre las administraciones y las entidades del tercer sector y permitiría dar respuestas inmediatas para garantizar el interés superior de los menores.
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